La Contraloría General de la República (CGR) se encuentra fiscalizando la recuperación de montos adeudados a más de 700 entidades públicas por concepto de licencias rechazadas, subsidios de incapacidad laboral y los casos de mal uso de reposo que fueron revelados por el ente fiscalizador en mayo.

El organismo está coordinando las fiscalizaciones con las unidades de auditorías internas de las 733 instituciones a las que deben reintegrarle los pagos. Entre ellas, 33 corresponden a educación; 26 a Fuerzas Armadas, Policías y Gendarmería; 24 a educación superior; 2 empresas del Estado; 143 a otras entidades públicas, y 332 municipalidades.

La auditoría comenzó a principios de septiembre y se extenderá por alrededor de tres meses, plazo en que analizarán las acciones realizadas por los servicios para cobrar los montos adeudados.

En los deudores están las entidades de salud previsional como Fonasa e isapres, también los funcionarios públicos que no cumplieron el reposo de salud, cuyas licencias fueron rechazadas y deben reintegrar los días no trabajados.

Mal uso de licencias

Las pesquisas de Contraloría contenidas en el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) arrojaron que 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país durante períodos de licencias médicas.

Tras la alerta de irregularidades se han ordenado una serie de sumarios que incluyen a los ministerios, municipios, Carabineros, Fuerzas Armadas, entre otros servicios e instituciones. En el Ministerio Público y el Congreso también iniciaron procesos administrativos de forma independiente.