“Ese rezago ya no existe”, afirmó tajante la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, rechazando los datos que entregó la contralora Dorothy Pérez en la Enade sobre retrasos de obras por la “permisología” en el Consejo de Monumentos Nacionales.

“Hemos detectado 704 permisos de obras públicas sin contestar por el Consejo de Monumentos Nacionales, algunos con hasta 878 días de retraso”, aseguró la jefa del órgano fiscalizador en la cumbre empresarial.

Sosteniendo que tales datos corresponden al año pasado, la subsecretaria respondió en entrevista con La Tercera, apuntando a "un desfase entre el diagnóstico de 2024 y la realidad actual“.

Frente a ese planteamiento de la autoridad y un comunicado de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural respecto a las cifras, la Contraloría ofició al organismo.

Según explicaron desde Contraloría, el comunicado aludido “desvirtúa información que el propio servicio entregó, en mayo″. La información, explicaron, es que el consejo mantenía pendientes más de 1.000 solicitudes.

“Estamos en cero respecto del rezago que fuera identificado por la CGR, lo que fue informado debidamente en mayo de 2025”, señalaron en el comunicado de la subsecretaría.

El origen de las cifras de la Enade

Por su parte, la Contraloría, en su oficio, recordó que en su informe del 16 de octubre de 2024 observó que, en materia de solicitudes relacionadas con autorizaciones de intervención de monumentos históricos, santuarios de la naturaleza, zonas típicas o pintorescas, de prospección y/o excavación arqueológica y paleontológica, entre otras, al 31 de mayo de 2024, existían 3.752 casos pendientes de resolver por parte del mencionado consejo.

“Asimismo, en el indicado informe final, en cuanto a las solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas, se estableció que 704 de ellas no habían sido atendidas y contestadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, advirtiéndose la existencia de solicitudes que llevaban hasta 878 días sin haber sido resueltas”, se agrega, en coincidencia con la cifra que dio a conocer la contralora en Enade.

Por otro lado, la Contraloría indica que se constató, conforme a información proporcionada en mayo de 2025 por el CMN, que, “sin perjuicio del avance alcanzado, a dicha data, permanecían pendientes de resolución 1.010 solicitudes ingresadas en materias distintas de obras públicas y otras 86 relacionadas con obras públicas, manteniéndose, por tanto, objetados dichos casos”.

En esa línea, precisan que hasta esta fecha -16 de octubre de 2025-, la entidad auditada no ha “aportado nuevos antecedentes que permitan tener por subsanado lo observado a pesar de habérsele otorgado un plazo para ello”.

“De este modo, cabe puntualizar, por una parte, que, al mes de octubre de 2024, 704 solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas aún no habían sido contestadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, advirtiéndose la existencia de peticiones que llevaban hasta 878 días sin haber sido resueltas. Y, por otra, que no ha sido acreditado por ese servicio -ni en mayo de 2025, ni posteriormente, ni a esta data que aquel consejo haya tramitado la totalidad del rezago de solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas detectado por esta Contraloría General”, indicó el organismo que encabeza Dorothy Pérez.

Asimismo, plantean que tal como lo hicieron presente en el respectivo informe de seguimiento, el organismo debía agilizar las gestiones para la resolución de los 1.096 casos que en total se mantuvieron observados entre ellos, 86 relacionados con obras públicas.

Contraloría recordó “preeminencia del interés general sobre el particular”

Esto, explican, debía ser “monitoreado por el área encargada del control interno de esa repartición, acreditando su resultado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días, sin que ello haya acontecido, pese a encontrarse vencido el plazo fijado al efecto”.

“El comunicado de que se trata no se condice con el tenor de los informes antes aludidos y con la documentación proporcionada por el propio consejo, apartándose del deber que asiste a las autoridades y funcionarios de dar cabal cumplimiento al principio de probidad administrativa, que exige un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, y que se expresa, entre otros, en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas, al tiempo en que incurre en gastos de publicidad y promoción, con una finalidad diversa a la que autoriza la ley", advirtieron.