La Corte de Apelaciones de Antofagasta se pronunció a favor del recurso de amparo interpuesto por la defensa de Josefina Huneeus por las escuchas telefónicas a la psiquiatra, exesposa de Alberto Larraín, en el marco del caso ProCultura.

Así, el tribunal de alzada declaró la ilegalidad de las diligencias, por lo mismo, ordenó eliminar los registros obtenidos a través del “pinchazo” que solicitó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

En el documento de 46 páginas –que contiene duras críticas al actuar del Ministerio Público– la Corte dispone "la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a los actos cuya ilegalidad acaba de declararse”.

La defensa argumentó que la calidad de testigo que mantenía Huneeus cuando se solicitó la medida intrusiva es un antecedente revelante para declarar ilegal las escuchas, además señalaron que “ninguna de las comunicaciones tiene interés criminalístico”.

Junto con esto, la parte defensora sostuvo que la autorización que realizó el Juzgado de Garantía de Antofagasta fue obtenida con información parcial, ya que el Ministerio Público no había dado a conocer la identificación de la persona a la que le interceptarían las llamadas, y más bien se habían limitado a señalar que se “trataba de uno de los teléfonos asociados al imputado Alberto Larraín, sin mencionar el nombre de la amparada”.

Los cuestionamientos a la fiscalía

La Corte abordó duramente el actuar del Ministerio Público, especialmente la decisión de continuar con las escuchas, pese a tener conocimiento de que el móvil interceptado no correspondía a Larraín, tal como habían defendido ante el tribunal con un certificado de Dicom.

Ante esto, los magistrados señalaron: “Lo cierto es que desconocemos el tono de voz de la amparada y del imputado Larraín, pero resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República y no pueden, desde luego, validar las actuaciones en referencia”.

Igualmente sostienen que una vez que fueron informados del error, el Ministerio Público “omitió cumplir el deber de ordenar a la policía el término de las escuchando".

“Desde ya resulta extraño que el acusador institucional se comporte como policía y no ajuste sus actuaciones a la legalidad vigente, más anómalo resulta que la jueza de garantía no advirtiera la ilicitud ramplona devenida en el actuar de los agentes policiales y decidiera acceder a la petición fiscal, con una resolución de formato que validó las graves vulneraciones de garantías que hoy se denuncian", señala el documento.

Para concluir, los magistrados indicaron que las medidas fueron ejecutadas “sin fundamentación alguna”. Por lo tanto, las escuchas significan una actuación “ilegal y a la vez arbitraria, porque se ha procedido sin razón aparente, obrándose fuera del marco constitucional”.

¿Qué señalaron las partes?

El día previo a la audiencia, el abogado Alejandro Awad Cherit defendió el recurso, asegurando que existió una “cadena de equivocaciones, hierros e ilegalidades” que decantaron en esta acción intrusiva sin que su representada hubiese estado figurando como imputada en la causa.

A partir de esas escuchas, ejecutadas por la Policía de Investigaciones en la indagatoria que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se conoció un diálogo entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric en que abordaron el caso.

“Estamos acá ante la única interceptación en la historia que al menos yo conozca a un Presidente de la República en ejercicio, cuya transcripción hoy anega la prensa. Un Presidente respecto del cual no había ninguna sospecha al momento de captarse esa conversación ¿Y de dónde proviene esto? De una interceptación ilegal”, afirmó el abogado de Huneeus este jueves, en la audiencia en que el tribunal de alzada nortino revisó el recurso.

Por su lado, el fiscal Eduardo Yáñez aseguró que todas las diligencias fueron requeridas conforme a derecho. Esto, en coincidencia con el informe en que la jueza del Juzgado de Garantía de Antofagasta Sissi Bertoglio Cortés defendió la autorización al “pinchazo”.

El Ministerio Público explicitó que “se investiga el financiamiento de campañas políticas” y Yáñez precisó que Huneeus sería encubridora de los delitos que se estarían configurando en las acciones de ProCultura.

“A la fecha investigábamos los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y hoy día, yo me atrevería inclusive a agregar el delito de asociación ilícita y el de administración fraudulenta”, puntualizó el persecutor.