Poco más de tres meses han pasado desde que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago condenó a 17 años de cárcel al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa. El otrora alto oficial de la policía civil, en esa ocasión, fue hallado culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Tras dicha resolución, en la que además se le condenó al pago de $ 160 millones, Espinosa quedó en prisión preventiva en la Cárcel Anexo Capitán Yáber. Eso, mientras su defensa, encabezada por el abogado Marcelo Torres, recurrió a la Corte Suprema para que el máximo tribunal anulara la sentencia.

Este lunes, la Segunda Sala de la Suprema resolvió rechazar el requerimiento de Espinosa y decidió confirmar la sentencia del oficial en retiro, condenándolo a los 17 años de cárcel y al pago de la millonaria multa. Al igual que el oficial, su esposa María Magdalena Neira, también fue condenada por el delito de lavado de activos, en un rango de “omisión”.

La condena en contra del matrimonio Espinosa Neira también contempla la incautación de un inmueble en el sector oriente de la capital, el cual habría sido adquirido -en parte- por los dineros malversados y que provenías de las arcas de la institución que actualmente encabeza Eduardo Cerna.

El recurso de nulidad

El recurso de nulidad presentado por la defensa de Espinosa fue ingresado a mediados de enero. Según señaló en ese escrito, Torres afirma que en el juicio y sentencia del caso del exdirector de la PDI se incurrió en infracciones a las garantías constitucionales y en errores en la aplicación del derecho.

Parte del escrito apunta a que durante la indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Oriente no se indagó correctamente su patrimonio, por lo que no se justificó debidamente el origen de sus recursos económicos, lo que -dice- llevaría a considerar que parte de estos provienen de los gastos reservados de la PDI.

La resolución de la Segunda Sala, según fuentes de La Tercera, descarta que la defensa del exdirector de la PDI haya logrado alcanzar los requisitos para poder decretar la nulidad. El escrito, de 17 páginas, expone que en el juicio se mostró prueba suficiente para comprobar las imputaciones, entre otros argumentos. En esa línea, y a raíz de lo que planteaba la defensa del oficial (r), a juicio de la Suprema el TOP realizó una buena calificación de las atenuantes y que la “cosa juzgada” no fue cumplida.

Luego de conocerse la resolución, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, afirmó que “los hechos que dan cuenta de este fallo dicen relación con que en el tiempo en que el señor Héctor Espinosa ejerció el cargo de director general de la PDI, se apropió de diversos fondos públicos, fondos destinados a gastos reservados de la PDI, y los utilizó para fines personales, específicamente para adquirir bienes tales como un inmueble que fue precisamente decomisado en virtud de dicha sentencia y que tendrá que ser transferido al Fisco de Chile en virtud de que esta causa se encuentra totalmente ejecutoriada”.

“Destaco el trabajo robusto y potente de la Fiscalía para acreditar estos hechos, que no eran tan fáciles de acreditación, que fue lo que fue recogido y plasmado en la sentencia del Tribunal Oral, que dio por acreditados todos los hechos que la Fiscalía llevó al juicio y lo condenó por penas bastante similares a las solicitadas en la acusación, hecho que por lo demás fue ratificado por la sentencia del día de hoy de la Corte Suprema”, afirmó el persecutor.