La contralora general de la república, Dorothy Pérez, fue una de las figuras más comentadas -y aplaudidas- del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025 de este martes. Su exposición, centrada en la eficiencia del Estado y la responsabilidad del aparato público frente al desarrollo del país, incluyó un dardo directo al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), al que acusó de mantener centenares de permisos de obras públicas sin respuesta.

Desde el escenario del Metropolitan Santiago, Pérez enumeró ejemplos de ineficiencias pesquisadas por el organismo fiscalizador, como irregularidades en listas de espera en salud, fallas en el control de drogas y armas, y obras públicas paralizadas por la lentitud de la “permisología”. Fue ahí donde apuntó al CMN.

“Hemos detectado 704 permisos de obras públicas sin contestar por el Consejo de Monumentos Nacionales, algunos con hasta 878 días de retraso”, señaló la contralora, en una frase que resonó entre los asistentes. Y siguió: “Hago un llamado a que cuando revisemos un trámite pensemos que detrás hay personas, hay familias, hay empleo y desarrollo económico. Es importante entender el impacto que tiene la gestión pública en la vida real”.

El diagnóstico no cayó nada de bien en el organismo dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, hacia donde se posaron las miradas y cuya presidenta es la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, quien acusa imprecisiones en los datos entregados y sale a defender una gestión que, asegura, ha mejorado sustantivamente en los últimos años.

Las estadísticas citadas por Pérez provienen de un informe de auditoría publicado en 2024 por la Contraloría, que analizó el desempeño del Consejo entre enero de 2022 y mayo de 2024. En ese período, el CMN recibió 18.540 solicitudes de autorización, de las cuales más de 3 mil estaban pendientes al cierre del análisis. Entre ellas, 704 correspondían a obras públicas, algunas con más de dos años sin resolución.

Uno de los casos más llamativos fue el de la Municipalidad de Valdivia, cuya solicitud de autorización para una excavación arqueológica acumulaba 878 días sin respuesta.

La legislación actual obliga a detener cualquier obra pública o privada en que se detecten restos arqueológicos, sin distinguir entre un hallazgo menor y uno de valor histórico relevante. Esa rigidez ha llevado a paralizaciones prolongadas y sobrecostos. El del Hospital de La Unión, cuyas obras permanecieron paralizadas casi tres años por hallazgos arqueológicos y consultas indígenas, es otro ejemplo.

En conversación con La Tercera, la subsecretaria Pérez Dattari es clara: “Lo que observamos es un desfase entre el diagnóstico de 2024 y la realidad actual, el que fue abordado con un trabajo intenso y planificado por parte de los funcionarios y funcionarias públicas, y hoy podemos decir con orgullo que ese rezago ya no existe”.

Al mismo tiempo, un escrito difundido a nombre del CMN, cuyas comunicaciones las lleva la misma subsecretaría de Pérez Dattari, señala valorar “profundamente el rol de la Contraloría, fundamental para el buen uso de los recursos públicos, pero creemos necesario precisar información y destacar el compromiso que hemos asumido para superar una deficiencia histórica en la tramitación de permisos”.

El texto también recalca que los datos presentados por Pérez no reflejan la situación actual. Según cifras oficiales del propio organismo “hoy no existen 704 permisos pendientes; estamos en cero respecto del rezago identificado por la Contraloría, lo que fue informado en mayo de 2025”.

El escrito detalla además un conjunto de convenios con los ministerios de Hacienda, Economía y Energía, destinados a mejorar la eficiencia institucional mediante la digitalización de procesos, definición de flujos y modernización de plataformas tecnológicas.

“Durante los últimos tres años hemos desarrollado un trabajo importantísimo asociado a la modernización en la entrega de permisos”, indica, sumando que “los tiempos de respuesta se redujeron de 65 días hábiles en 2022 a 39 días promedio en el primer semestre de 2025”.

El comunicado del organismo también muestra cifras de productividad: 5.121 solicitudes ingresaron en 2022, 5.335 en 2023, 5.920 en 2024 y 4.723 solo entre enero y junio de 2025. Pese al aumento sostenido, su tasa de resolución, aseveran, ha mejorado: de 58% en 2022 a 69% en 2024.

Del mismo modo, sostiene que los avances se deben al trabajo coordinado con la Contraloría y otras instituciones, y al impulso de la nueva Ley de Patrimonio Cultural.

“Uno de los cambios más relevantes de esta nueva ley tiene que ver con la descentralización. La normativa vigente exige que todos los permisos sean vistos de manera centralizada por el Consejo de Monumentos. La nueva ley transfiere esa atribución a las regiones, entregando pertinencia territorial y haciendo más eficiente y rápido el proceso de autorización“, cierra al respecto la subsecretaria Pérez Dattari.