Dos abogadas quedaron en prisión preventiva por su presunta participación en una red que vulneró el sistema de administración de justicia penal en la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Biobío, en el marco de una investigación por múltiples delitos asociados a corrupción.

Se trata de las juristas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara. En la misma causa, el defensor público de la ciudad, Patricio Gutiérrez Marinado, quedó con arresto domiciliario nocturno tras una nueva jornada de formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, luego de haber sido detenidos el jueves 5 de marzo.

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, valoró lo resuelto por el tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

En ese sentido, Mansilla señaló que “habíamos pedido la prisión preventiva de tres imputados, se nos dio respecto de dos, que son las abogadas, digamos, que estaban siendo imputadas por diversos cargos en esta causa”.

“Respecto del tercer imputado, se dio una media cautelar de arresto domiciliario nocturno, con otras medidas cautelares que a nuestro juicio cautelan de cierta forma también los fines del procedimiento y lo que nosotros esperábamos de esta causa”, agregó la persecutora sobre el exdefensor Gutiérrez Marinado, también acusado de violación de secreto.

Según la investigación, los imputados se habrían coordinado para acceder de forma indebida a sistemas informáticos de la Defensoría Penal Pública y de la Fiscalía con el objetivo de favorecer la defensa de sus clientes.

En conjunto, los letrados enfrentan cargos por asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y soborno. Además, las abogadas fueron formalizadas por tráfico de drogas, tráfico de armas, obstrucción a la investigación y prevaricación.

Otro de los imputados, Nelson Sáez, encargado de actas del Juzgado de Garantía de Los Ángeles e imputado por cohecho reiterado, quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás involucrados.

Respecto de eventuales nuevos imputados, Mansilla indicó que “estamos también investigando a otras personas más. Ahí hay que hacer algunos trámites anteriores a la formalización, que tienen que ver precisamente con las querellas de capítulo y obviamente esas diligencias aún están pendientes, y algunas otras diligencias que quedan para algunos delitos”.

La persecutora también defendió los delitos incluidos en la formalización luego de que las defensas cuestionaran algunos cargos, como lavado de activos, criterio que fue acogido por el tribunal, lo que la fiscal calificó como “una interpretación”.

“No están descartados. Lo que en definitiva señaló el tribunal respecto, por ejemplo, de otros delitos es que la calificación jurídica que ella le da a los hechos que nosotros estimábamos que eran tráfico de armas y de drogas, para el tribunal constituían igual delito, que era el de obstrucción a la investigación. Por lo tanto, no están descartados y eso es una calificación que da el tribunal en esta instancia, pero nosotros tenemos que llegar a otra instancia, que son las instancias de juicio oral”, agregó.