El 24 de abril de 2023, el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric dio el vamos a su plan estrella en materia de seguridad: Plan Calles Sin Violencia (PCSV). La iniciativa impulsada por la ministra del Interior de dicha administración, Carolina Tohá (PPD), buscaba -entre otras cosas- frenar el alza de los homicidios y surgió como respuesta a la crisis de seguridad que por aquel entonces se encontraba en sus momentos más críticos.

Tiempo después, y también como parte de las respuestas a dicha problemática, la administración Boric impulsó el programa Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO). Ambas iniciativas, principalmente, consideraban la transferencia de recursos a organismos públicos, así como también el aumento de patrullajes. Luego de la inversión, los programas tuvieron sus frutos. En el caso de Calles Sin Violencia, dichos recursos permitieron la creación de los Equipos Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía, mientras que el PNCO permitió actualizar los equipamientos de otras instituciones, como Carabineros.

Pero a menos de tres años de su puesta en marcha, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda emitió los informes con los que evaluó dichos programas, dando cuenta de falencias tanto en el diseño como en la implementación de estas iniciativas.

Ambos informes fueron remitidos por la entonces directora de la Dipres, Javiera Martínez (FA), al Ministerio de Seguridad. En términos generales, si bien la Dipres reconoce y valora las iniciativas, concluyó que presentaban serios déficits en cuanto a la medición de resultados y puesta en marcha.

Calles Sin Violencia

En los informes, la Dipres evaluó desde 2023 a 2025 ambos programas. En el caso del PCSV, se afirma que el presupuesto destinado a dicho programa ascendió a $25.272.193.000 para la implementación de una iniciativa que tenía cuatro objetivos: persecución penal efectiva, aumento de patrullajes y presencia policial, control y fiscalización de incivilidades y prevención y espacio público.

A nivel de diseño del programa, la Dipres detectó siete puntos en cuestión. El primero de ellos es sobre que este plan se enmarca dentro de una política contra el crimen organizado, sin embargo, “existen desafíos importantes” respecto a cómo se relaciona a nivel operativo. En esa línea, también plantea que el plan “no tiene definiciones explícitas a nivel de objetivos”.

Por otro lado, si bien destaca que el problema de seguridad existe y que se justifica la aplicación del programa, afirma que “su limitado diagnóstico y caracterización impacta directamente en que el diseño del plan quede circunscrito a un número acotado de causas, sin tampoco clarificar la magnitud de su efecto en el problema”.

Junto con eso tambié detectó que el programa no explicitó cómo se interactúa entre los componentes del plan para lograr cumplir los objetivos y que incluso a nivel de la Subsecretaría de Seguridad Pública “no hay una definición explícita de las tareas” que debe llevar a cabo esa cartera respecto al plan.

A nivel de implementación, se detectó que existen cuatro falencias. La primera apunta a “diferencias entre el diseño teórico y la ejecución del plan”, así como también que hay “poca información sobre la coordinación con la oferta programática del Estado”. Aunque lo que más destaca es que si bien existen mecanismos de medición en cada organismo vinculado al plan, “no se traduce en la existencia de un sistema de evaluación de desempeño y resultados integral, a nivel de programa”.

Crimen Organizado

En el caso del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, durante dos años se destinó un presupuesto total de $85.888.448.000, con el cual se buscaba mejorar la capacidad de las instituciones en la prevención y persecución del crimen organizado. De estos recursos, por ejemplo, se compró equipamiento y se renovó los vehículos de Carabineros.

Pese a eso, la Dipres concluyó que “el programa es consistente en su alineación estratégica, pero con deficiencias estructurales que comprometen su efectividad”. Sobre lo mismo, planteó que “el programa presenta déficits técnicos estructurales en la constitución de una línea base robusta de capacidades, la ausencia de un diagnóstico actualizado e integral, la falta de metodologías estandarizadas para la identificación de brechas operativas en las instituciones beneficiarias y en la medición de impacto”.

En cuanto al diseño, afirma que “no define línea base clara y actualizada”. “El diseño del Programa está basado en diagnósticos parciales y desactualizados, sin línea de base robusta por componentes ni protocolos sistemáticos de actualización”, concluye.

Sobre la implementación, sostiene que en el seguimiento del plan “se centran mayormente en rendición financiera y administrativa”, concluyendo que “falta seguimiento técnico detallado y validación”.

“Los mecanismos de control existentes, como la rendición mensual de gastos, contribuyen a la transparencia operativa, pero no ofrecen parámetros suficientes para la toma de decisiones estratégicas ni para la mejora sustantiva de la gestión pública”, concluye el informe.

La respuesta de Cordero

En el mismo informe de la Dipres, se adjunta la respuesta del exministro de Seguridad Luis Cordero. En un oficio enviado a Martínez el 9 de marzo pasado -a dos días de dejar el gobierno- el jefe de la cartera valoró la evaluación del organismo de Hacienda, destacó que se releve la importancia de los planes y reconoció ciertos ajustes a las iniciativas.

“Su implementación ha requerido ajustes y adecuaciones progresivas orientadas a fortalecer su efectividad y a responder a dinámicas criminógenas cambiantes, propias de fenómenos altamente dinámicos y territorialmente diferenciados”, afirmó el ministro.

Por último, Cordero planteó que “se reconocen las brechas identificadas en materias de diseño, formalización de objetivos, articulación de componentes y sistemas de seguimiento, las cuales se enmarcan en los desafíos propios de políticas públicas de implementación reciente y orientadas a abordar fenómenos de alta complejidad”.