A pocos días de iniciadas sus funciones oficialmente, Aaron Cavieres, primer director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la institucionalidad que reemplazará a Conaf en la gestión de áreas protegidas y la administración de parques, está tranquilo: su servicio ya está en marcha y con recursos garantizados. En medio del inminente traspaso de parques terrestres y marinos, promete un aumento cercano al 150% en la dotación de guardaparques y descarta que el presupuesto sea un obstáculo: la plata está preasignada por ley, dice.

También advierte que, ante eventuales tensiones con la próxima administración de José Antonio Kast, el mandato es claro y existen instancias judiciales para destrabar posibles discrepancias entre las metas de la institución y los lineamientos que desarrollará el gobierno electo.

¿En qué etapa concreta de implementación se encuentra hoy el SBAP, y qué aspectos siguen en transición?

Comenzamos a administrar ocho Áreas de Conservación de Múltiples Usos que estaban en el ministerio, activamos nuestras facultades fiscalizadoras y avanzamos en el proceso de homologación de categorías de protección. En paralelo, estamos consolidando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que integrará tanto áreas públicas como privadas, un componente innovador a nivel internacional. A mediados de año deberían traspasarse las áreas protegidas terrestres desde Conaf, los parques marinos desde Sernapesca y ciertos bienes protegidos desde Bienes Nacionales.

¿El modelo de Conaf tenía límites estructurales para la conservación de áreas protegidas?

Claramente no contenía un tipo de red de áreas protegidas. Otro punto relevante es el carácter fiscalizador a los guardaparques contra personas que arrojan basura, fuman o incluso encienden fuego en áreas protegidas, además de quienes ingresan con motos de agua u otros vehículos no autorizados.

Y a propósito de los guardaparques, ¿puede garantizar hoy que van a tener estabilidad laboral, o esto va a depender de los presupuestos anuales?

En términos generales, el presupuesto no afecta la estabilidad laboral de las personas. Es importante señalar que el personal estable de las áreas protegidas mantiene su condición y continuidad. Respecto de las cargas de trabajo, la ley contempla la incorporación de 570 nuevas personas que trabajarán directamente en terreno, en su mayoría guardaparques, a partir del próximo año.

¿Cree que el presupuesto que tiene la SBAP podrá cumplir toda estas metas que se están poniendo?

Acá hay recursos necesarios para todos estos contratos, si no no podríamos hacerlo. Todos están contemplados en el informe financiero. Ya viene la plata lista, está preasignada. Por lo tanto, no es que tengamos que entrar a discutirlo, no, eso está preasignado por la misma ley que permite contar con esos recursos.

Si hoy un incendio afecta un parque nacional, ¿la existencia de dos instituciones podría fragmentar la respuesta al riesgo?

Hemos mantenido una coordinación estrecha con Conaf, por lo que la protección de las áreas protegidas frente a incendios sigue siendo prioritaria. Como es natural, la protección de las personas está en primer lugar, seguida por la infraestructura crítica. Después se ubican otros bienes estratégicos, entre ellos las áreas protegidas, que mantienen su nivel de prioridad. Existe plena disposición de Conaf para resguardar su valor ambiental, manteniendo incluso brigadas al interior de algunas de ellas. Además, estamos fortaleciendo la prevención en sus entornos y proyectando nuevas medidas.

¿La tragedia en Torres del Paine fue una excepción desafortunada o la confirmación de que el modelo de cuidado de los parques nacionales requería una institución propia?

La gestación del SBAP está basada en una decisión de cambiar institucionalmente el conjunto de las áreas protegidas. El caso de Torres del Paine no es el gatillante. Evidentemente tenemos brechas en muchos aspectos. Hemos estado trabajando con el director de Conaf respecto a estos temas para abordar este tema. Vamos a tener 1.5 veces más el número original de guardaparques en total. Y eso va a significar otro nivel.

¿Cómo funcionará la fiscalización de los guardaparques con el nuevo SBAP?

El rol del guardaparque en la fiscalización será el de supervisar directamente el cumplimiento de las normas dentro de las áreas protegidas. Tendrán la calidad de ministros de fe, lo que fortalecerá la certeza jurídica de los procedimientos y la eficacia de la fiscalización en terreno.

¿Cómo esperan aumentar la dotación de guardaparques, considerando las carencias de implementos y contractuales evidenciadas en Torres del Paine?

Estamos trabajando desde ya en todo el tema de vestimenta, de tal modo que sean de alto estándar. Respecto de la dotación, claramente se va a incrementar, de eso no hay duda. Evidentemente uno tiene que mirar las situaciones de mayor presión, y Torres del Paine es un buen ejemplo de eso.

¿Cómo se compatibilizarán las metas de la SBAP con la agenda del gobierno de José Antonio Kast, especialmente en temas de desarrollo productivo versus conservación?

Tenemos una ley al respecto para estas situaciones. Esta ley es producto de la gestión de cinco gobiernos, tiene una transversalidad y fue aprobada con gran mayoría. Además tenemos una institucionalidad para resolver esos temas, un marco legal que dice lo que hay que hacer. Estamos mandatados a hacer lo que la ley dice y los deseos personales quedan fuera.

Si en cinco años tuviésemos que evaluar al SBAP, ¿qué cosas se deberían dar por cumplidas?

Primero, cumplir el mandato de que todas las áreas protegidas cuenten con planes de manejo. Segundo, fortalecer la base científica para una mejor planificación.

También consolidar un equipo técnico altamente calificado, integrando personal de Conaf para convertirse en referente nacional en gestión de áreas protegidas. A ello se suma la implementación de un sistema de información robusto y una gestión de la biodiversidad que trascienda estas áreas, articulando actores públicos y privados hacia un nuevo mapa de conservación con participación ciudadana.