Uno de los elementos que ha esgrimido la defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco de la investigación de la trama bielorrusa, es que ella nunca supo quién representaba al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM) en los litigios que tenía contra Codelco y que fueron objeto de análisis por parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema, cuando ella precisamente integraba la instancia.

Esa habría sido la razón, de acuerdo con los planteamientos que ha hecho, por la que no vio inconveniente en pronunciarse. Por lo demás, la exjueza ha recalcado que ella no mantenía vinculación con las partes, ni con CBM ni con Codelco, que implicara una eventual necesidad de que se restara.

Así, y pese a que tenía cercanía con los principales socios del estudio contratado por la empresa privada, Mario Vargas y Eduardo Lagos, ella resolvió en favor de la misma, lo que desencadenó una ola de reproches en su contra.

De hecho, la principal imputación que hoy pesa respecto de Vivanco es por beneficiar a CBM -con fallos que hicieron que Codelco pagara más de $17 mil millones- por la supuesta amistad que tenía con los abogados de la misma, quienes a través de su pareja, Gonzalo Migueles, le habrían hecho pagos por alrededor de $90 millones.

Pero en esa época, cuando las causas se veían en cuenta -sin alegatos de las partes-, efectivamente no era una obligación que el relator correspondiente evidenciara quién representaba a los litigantes. Porque además, dado que las inhabilidades de los ministros de la Suprema están declaradas, cuando llega una causa referente a una parte con la que uno de ellos tiene algún tipo de vínculo queda automáticamente fuera y el relator se lo comunica.

Ahora, sin embargo, las cosas cambiaron. A propósito de las falencias que evidenció todo el caso que involucra a Ángela Vivanco, actualmente los relatores están transparentando los abogados que representan tanto a las empresas como a personas particulares que intervienen en procesos que llegan a conocimiento del máximo tribunal.

La modificación quedó registrada en las declaraciones que prestaron, en calidad de testigos, los otros ministros que integraron la Tercera Sala cuando se vieron los requerimientos de CBM contra Codelco. Ante los investigadores de la causa que lidera la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, jueces requeridos sostuvieron que ahora esos detalles se aportan a fin de evitar nuevos casos de corrupción.

Por ejemplo, la ministra Adelita Ravanales explicó que, “en ese tiempo (cuando se vieron recursos de CBM) no nos informaban quiénes eran los abogados. Ahora, con ocasión de lo acontecido, en las minutas se indican los nombres de todos los abogados que representan a las partes. Ahora se indica en las minutas por las eventuales relaciones que pudieran existir entre los ministros y los abogados, para evitar problemas. Hoy en día el criterio es que esa información hay que transparentarla para que las partes hagan valer lo que corresponda".

En el mismo sentido, el ahora exministro Mario Carroza también sostuvo: “Ahora nos presentan todo, pero en ese tiempo, en esta causa en específico, no recuerdo que nos hayan contado quiénes eran los abogados, pero yo entiendo que uno sabe quiénes son los abogados, y por consiguiente tiene la obligación de inhabilitarse, como lo hizo el señor Jean Pierre Matus, de quien constan sus inhabilidades. Esas las conoce la Secretaría de la Corte Suprema”.

La abogada integrante Leonor Etcheberry fue otra que se refirió al cambio de criterio. “En esa época no se conocían (los abogados), ahora sí se informan en todas las causas, no solo los que van a alegar (...) Al momento de que llega una causa no tengo cómo saber quiénes son los abogados que intervienen, ahora sí los están informando al momento en que se conoce una causa. Esto para cuando se conocen en ´en cuenta’, ya que cuando hay ‘vista de la causa’, ahí sí se sabe porque se anuncian alegatos”.

Cabe hacer notar que, en el caso de Jean Pierre Matus, y como él mismo lo advirtió en su declaración, se inhabilitó porque él ya había declarado su vínculo con Lagos y Vargas. Antes de ser ministro, sostuvo, “ellos son de los abogados que me encargaban muchos informes en derecho en el ámbito del derecho penal”.

Y si bien desde la Corte Suprema aseguran que no se ha emitido una instrucción formal para que los relatores informen sobre los abogados de las partes cuando las causas se ven “en cuenta”, ya son varios los que aplican el cambio de criterio. Lo que no es menor, dado que antes del escándalo de la trama bielorrusa y los chats de Luis Hermosilla los ministros repetían como un mantra que la inhabilidad siempre “es con la parte y no con los abogados”.

Esa frase, en términos prácticos, implicaba que un juez debía inhabilitarse solamente cuando tenía conflictos de interés con la parte de una contienda judicial, pero no por tener vínculos con los abogados que representan a la parte.

Pero eso también ha traído contras. Dado que el estándar era que la inhabilidad era con la parte y no con el abogado, hay varios ministros de la Suprema y de cortes de apelaciones que han comenzado a inhabilitarse sin hacer mención a las causales estrictas del Código Orgánico de Tribunales, sino que invocan la garantía del debido proceso de la Constitución. No obstante, pese a esto, hay varios magistrados que se quejan del uso de esta opción debido a que al hacerlo por esta vía se oculta el vínculo específico que tiene el juez con la otra parte.

Por lo mismo, no son pocas las voces que apuntan a que se requiere una modernización formal a las normas que regulan esta materia.