El exfiscal Manuel Guerra cuestionó la legalidad del acceso del Ministerio Público a sus comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla.

Los registros del teléfono móvil incautado a Hermosilla en el caso Audio determinaron la indagatoria contra el exjefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto.

Guerra realizó este lunes su declaración judicial sobre los hechos en el marco de la audiencia de formalización en su contra ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Se entró ilegalmente a mis conversaciones con Hermosilla”, aseguró el exfiscal.

Según dijo, la extracción de información autorizada respecto al teléfono de Hermosilla involucraba solamente los datos relativos al caso Factop.

“La pregunta que yo me hago y que me persigue hasta el día de hoy, es ¿Con qué autorización el Ministerio Público registró mis conversaciones con el señor Hermosilla cuando no tenía autorización judicial?”, manifestó, planteando que el ente persecutor está en “una situación compleja respecto de la obtención y la validez que tienen esos mensajes”.

El otrora persecutor reconoció las conversaciones por WhatsApp con el penalista y alegó total inocencia, señalando que no compartía la apreciación que hace la Fiscalía de Arica y Parinacota respecto a los actos que se investigan.

“No he cometido ninguno de los delitos que el día de hoy se me ha atribuido”, aseguró

El exfiscal defendió su actuar en los casos en los que trabajó y la autonomía que deben tener los fiscales regionales para el desarrollo de su labor.

“Tomé decisiones en contra de lo que opinaba la Fiscalía Nacional, sí ¿Lo volvería a hacer? De todos modos". afirmó.

Respecto al caso Penta, recordó que Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fueron condenados en el procedimiento abreviado y rechazó el comentario que se hace su respecto como “el fiscal de las clases de ética”, precisando que aquello fue una disposición del tribunal.

El Consejo de Defensa del Estado y los demás querellantes pidieron su prisión preventiva, mientras el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, pidió la medida cautelar de arresto domiciliario total para el imputado.