En buen chileno, la actriz María Constanza Gómez -exrepresentante legal de ProCultura-, tomó la sartén por el mango y solicitó a tribunales que la Fiscalía de Antofagasta explicite por qué delitos la está investigando y -de esa forma- acelerar la formalización de investigación en su contra y de la cúpula de la ONG fundada por el siquiatra Alberto Larraín.

En un escrito, al que accedió La Tercera, ingresado por sus abogados Alejandro Alegría y Sebastián Soto, la otrora brazo derecho de Larraín presentó una cautela de garantías, cuya audiencia quedó fijada para el 21 de julio. Ahí expone que se estaría vulnerando el debido proceso y su derecho a defensa técnica, ya que en audiencias que se han desarrollado en el caso se han sostenido otros delitos distintos por los cuales ella fue citada a declarar.

Cabe recordar que el caso ProCultura sufrió el cambio del equipo investigador, tras el duro revés que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, tuvo en la Corte de Apelaciones de Antofagasta cuando acogió un amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, exesposa de Larraín, por la interceptación ilegal de sus conversaciones telefónicas. De ahí el caso se traspasó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, quien hasta el día de hoy no ha tomado decisiones judiciales de -por ejemplo- una formalización.

Acceso al expediente

Gómez parte sus alegaciones sosteniendo que sus abogados no han podido acceder al expediente del caso en el que posee calidad de imputada.

“Los días 27 y 30 de mayo, y 2 de junio, todos del 2025, directamente y a través de mis abogados defensores, se le solicitó al fiscal regional de Antofagasta, Sr. Juan Castro Bekios (a través de correos electrónicos), entrega de: (i) copia de la información que contienen los dispositivos electrónicos que entregué de manera voluntaria el día 9 de octubre de 2024; (ii) copia de los correos institucionales de la fundación PROCULTURA; (iii) copia de la información contenida en los dispositivos electrónicos incautados a los imputados don Francisco Fuentes Araya y a don Alberto Larraín Salas; y (iv) copia actualizada de la carpeta de investigación”, se lee en el documento.

Asociación ilícita

Junto con esto expone que el 2 de junio pasado, el fiscal Eduardo Ríos, “junto con desconocer la designación que hice de mis defensores particulares, aprovechó de informar que la única forma de obtener copias actualizadas de la carpeta de investigación era concurriendo personalmente a la ciudad de Antofagasta, y no se pronunció respecto de las otras peticiones”.

En esa misma línea, Gómez refiere a que en la tramitación del amparo de su amiga, Josefina Huneeus, fue la propia Fiscalía que explicitó ante tribunales que no solo indaga el delito de fraude al Fisco y lavado de dinero, sino también una asociación ilícita y que es deber del Ministerio Público transparentar dichos cargos.

“El persecutor ha informado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que se me está investigando por delitos distintos a los que se me informó cuando presté declaración. En lo particular, durante los alegatos de la vista de la causa del día 15 de mayo, don Eduardo Yáñez, en lo que fue una verdadera primicia profusamente cubierta por la prensa ⎯hasta entonces no había ningún indicio de esta imputación en la carpeta de investigación⎯ afirmó que: “(...) a la fecha investigábamos los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y hoy día, yo me atrevería inclusive a agregar el delito de asociación ilícita y el de administración fraudulenta”.

Con todo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ya agendó una fecha para que se discuta esto mismo pero en audiencia.

La petición ante tribunales, la explica el abogado defensor Alejandro Alegría. “Estimamos que es importante tener claridad de los delitos por los cuales se está investigando a Constanza. Por ejemplo, ella ha prestado declaración en reiteradas ocasiones, y en ninguna de ellas se le informó que se estaba investigando por asociación ilícita, como lo ha aseverado recientemente la fiscalía. Esta última aclaración permitirá además tener certeza de cuál es el tribunal competente para conocer de esta causa, en razón a las múltiples aristas y diversos tribunales que han autorizado medidas intrusivas hasta ahora”, indicó.

Lo que viene

Lo importante, señalan fuentes conocedoras del caso, es si el fiscal Castro va a tomar la posta que le entregó su par de Coquimbo que -junto a la Fiscalía Nacional- poco antes que lo sacaran del caso tenía lista la formalización de 16 integrantes de la ONG y la solicitud de prisión preventiva para varios de ellos, incluida la de Gómez y Larraín.