Familiares de víctimas de bus Meltur piden aplicar narcotest a choferes

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Bus volcó la madrugada del 2 de febrero, tras salirse de la ruta a Mendoza por exceso de velocidad.

Polémica se reactivó tras confirmarse que el chofer del bus volcado en Los Libertadores y que produjo la muerte de tres menores había consumido cocaína y marihuana. Según Fundación Emilia, los narcotest son una promesa incumplida por el Estado que deja en la impunidad a quienes causan accidentes bajo los efectos de las drogas.


Al exceso de velocidad e imprudencia en la conducción en una zona de pronunciadas curvas, el chofer del bus Meltur que volcó el 2 de febrero pasado, provocando la muerte de tres menores en territorio argentino, sumó otra infracción: manejar bajo los efectos de cocaína y marihuana.

Así lo dio a conocer el fiscal de la causa en Mendoza, Carlos Torres, al diario La Nación de Argentina la noche del jueves, tras confirmarse los resultados de las pruebas toxicológicas y el registro del tacómetro al momento del choque: 92 km/h en zona de 40 km/h como máximo.

Este nuevo antecedente provocó la inmediata reacción del círculo cercano de Jonathan Muñoz (16) y Matías Vidal (13), dos de las tres víctimas fatales, quienes exigen que se fiscalice el consumo de drogas, y no solo de alcohol en los conductores de buses.

"Tiene que haber una regulación, no puede ser que una persona que lleve a cargo vidas, y en este caso vida de niños, lo haga drogado, y nadie lo controle, ni el gobierno ni la propia empresa, y como consecuencia se destruya a tres familias. Ojalá que este caso sirva para regular mejor, y confirmar que el chofer y la empresa tienen la culpa", señala Alejandra Añulef, madre de Jonathan.

La vocera de Meltur, Alicia Méndez, señaló que la ley no obliga a la empresa a realizar control antidrogas, y que de hacerlo, sería una vulneración a la vida privada de los trabajadores. "No tengo obligación de hacerlo (...), él sabrá lo que hace de la puerta para afuera. La justicia argentina dirá", dijo Méndez a radio ADN, pero declinó responder a La Tercera.

El conductor, tras ocho años de contrato, fue despedido el 5 de febrero, tres días después del accidente. Según Meltur, al momento de subirse al bus rumbo a Paraguay se habría presentado a trabajar tras cinco días de descanso, sin mostrar señales visibles de consumo de sustancias.

Víctor Rojas, tío de Jonathan, insiste en que "a todo conductor que transporte personas, en un bus, un taxi, lo que sea, debería aplicársele el test de droga junto con el de alcohol. Que sea más completo. Lástima que la iniciativa siga durmiendo y tengan que fallecer niños para recordarla. Aquí las familias siguen destrozadas por lo que pasó".

Juan Carlos Pichún, presidente del Club Tricolor de Lincán Ray, al que pertenecían los menores fallecidos y que son querellante contra la empresa de buses y el chofer, señaló que "el saber que el chofer además iba con drogas en el cuerpo, reaviva todo el dolor. Acá la gente se quiere comer vivo al chofer de pura rabia e impotencia. Por otro lado, los compañeros de los niños no quieren hablar, siguen choqueados de ver morir a sus amigos".

Política pública

Desde Fundación Emilia coinciden con la necesidad de implementar el narcotest, idea antigua que fue comprometida en la Reforma Procesal, y luego en los gobiernos de Piñera y Bachelet, sin que se concrete hasta ahora por razones de costos. "Un narcotest básico cuesta cinco dólares, cómo no van a poder comprar un stock de narcotest básicos que permitan detectar simplemente si hay drogas, y si existe drogas se hace un examen. Si el Estado se compromete a algo, debe cumplirlo", señala la presidenta de la entidad, Carolina Figueroa, quien agrega que el caso del conductor del accidente de Mendoza no es aislado, pues "diariamente recibimos denuncias de choferes de microbuses que consumen cocaína para soportar las largas jornadas de trabajo".

La Ley Emilia penaliza de igual forma la conducción bajo estado de ebriedad como la conducción bajo el efecto de drogas, sin embargo al no tener implementado el kit no es posible detectar si el conductor está drogado. "Tampoco se pide el examen al Servicio Médico Legal, entonces queda una cantidad de familias que son víctimas de este tipo de delitos en los cuales hay impunidad completa, porque no hay pruebas que permitan establecer que el conductor va bajo efectos de la cocaína o de cualquier otro tipo de drogas. Es una falta de respeto para las víctimas de los delitos viales", precisó Figueroa.

Alberto Escobar, gerente de asuntos públicos de Automóvil Club de Chile, espera que aplicación del narcotest se reactive tras el accidente de Meltur, discusión que quedó detenida pese a que el organismo hace años viene solicitando su implementación. "Acá se deberían fiscalizar las cuatro drogas que se miden en la comunidad internacional, en la comunidad europea o en los países OCDE, donde siempre nos estamos comparando. Ahí se mide marihuana, cocaína, éxtasis y benzodiazepinas. Esta última, que es una droga legal, está contraindicada en el caso de la conducción", agrega Escobar.

El Ministerio de Transportes, en tanto, llamó a los conductores de micros a erradicar la conducción irresponsable y a las empresas a mejorar sus mecanismos de prevención "poniendo especial atención los horarios de trabajo de los choferes y la revisión de sus antecedentes".

Chofer formalizado

El chofer del bus, Leonel Quiroga, se encuentra detenido en Mendoza, imputado por homicidio simple con dolo eventual cuya pena va de 8 a 25 años.

La Fiscalía de Mendoza informó que hasta ayer Quiroga aún no había declarado sobre el hallazgo de droga en su sangre, por lo tanto no se sabe si reconoció o no el hecho. Sin embargo, el hallazgo no modifica el delito por el cual está siendo inculpado, que corresponde a la máxima gravedad en materia de accidentes de tránsito. Sin embargo, podría influir a la hora de la aplicación de la máxima pena. "Si se llega a juicio, que es lo más probable, eso sí va ser una agravante para sumarle en la condena. Por ejemplo, si se estaba pensando en darle una condena de 10 años (como opción entre los 8 a 25 años), un juez podría darle el máximo de 25 años por esta agravante", explicó el vocero de la Fiscalía de Mendoza, Martín Ahumada a radio ADN.

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