Mediante un comunicado difundido este jueves por el Ministerio Público, tal como lo adelantó La Tercera, se confirmó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, abrió una investigación de oficio, derivada a la Fiscalía Metropolitana Oriente, para indagar eventuales delitos asociados a un mal uso de licencias médicas en el sistema público.

Esto, tras la denuncia de la Contraloría General de la República sobre los más de 25 mil trabajadores fiscales que salieron de Chile entre 2023 y 2024 mientras gozaban de permiso de salud.

La decisión de derivar los casos a la Fiscalía Orientes es porque allí se están realizando indagatorias respecto a varios casos de ventas de licencias médicas falsas y fraudes con estos permisos.

La Fiscalía Oriente - que dirige Lorena Parra- analizará los antecedentes, para luego tomar la decisión de derivar causas a distintas fiscalías regionales, o mantenerlas en su unidad persecutora.

La causa será dirigida por la fiscal Parra en conjunto con el equipo de fiscales y abogados de la causa Fonasa, informó el Ministerio Público en su comunicado.

La investigación del caso Fonasa ha sido encabezada por el fiscal Álvaro Pérez, persecutor que tiene a su haber varios formalizados en prisión preventiva y condenados por estos fraudes.

Tras conocerse que asumirá esta nueva investigación, Pérez sostuvo un breve diálogo con la prensa en el Centro de Justicia.

“Aquí generalmente lo que se investiga en este tipo de casos es si las licencias de partida son verdaderas desde el punto de vista material o son ideológicamente falsas, es decir, si obedecen o no a un fundamento médico", explicó el persecutor.

En esa línea, indicó que ante cualquier tipo de falsedad en la licencia se podría indagar como “obtención fraudulenta de subsidios por incapacidad laboral” o “fraude de subvenciones”.

“Pueden haber delitos de falsificaciones materiales de la licencia. Pueden haber también delitos de falsificación de licencias médicas, desde el punto de vista de falsificación ideológica, es decir, que no obedece el otorgamiento a fundamentos médicos reales. Si este es el caso y a través de esta licencia médica se obtuvo fraudulentamente el pago o subsidio por incapacidad laboral, podemos estar en presencia también de delitos de fraude de subvenciones. Eso fundamentalmente", dijo.

“Y las penas varían según, obviamente, el tipo de perjuicio, la cantidad de licencias médicas involucradas, por cuanto estamos en presencia en ese caso de delitos reiterados. En fin, son varias las circunstancias que hay que tener en cuenta para poder determinar eventualmente las penas”, planteó Pérez.

El fiscal había participado en la formalización de una banda dedicada a delitos tributarios con la obtención indebida de IVA exportador.

Pérez indicó además que “no se puede descartar” que exista un número mayor de funcionarios involucrados, si se indagan años anteriores al del informe.

“Es posible que así ocurra. Pero habrá que ver, habrá que enterarse primero del informe de Contraloría. No es un informe que todavía tengamos la vista”, precisó.

Asimismo, advirtió que “si es que se hizo un mal uso sobre la base de un fraude de muchas licencias médicas, bueno, eso tiene una connotación distinta en cuanto a la penalidad y las penalidades pueden ser muy importantes”.

Igualmente, el fiscal recordó que la Fiscalía Oriente investigó un caso en el que en diciembre de 2022, 33 personas, 27 de ellos médicos, fueron detenidas por emisiones de licencias falsas.

“En aquella oportunidad se lograron determinar una cantidad importante de compradores de estas licencias falsas. Y, de hecho, 82 personas, compradores, a nuestro entender falsos pacientes, fueron formalizados. Y en esa formalización se incluían tanto personas que eran empleados públicos o funcionarios públicos, como aquellos que realizaban labores de carácter particular”, señaló.