Por seis delitos consumados de apropiación indebida serán formalizados el próximo 25 de mayo Alberto Larraín y María Constanza Gómez, ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Esto, a raíz de irregularidades detectadas por el Ministerio Público en el marco de convenios suscritos por la Fundación ProCultura con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la misma región.

“Solicito al tribunal se fije audiencia en fecha próxima a objeto de formalizar la presente investigación respecto de la imputada María Constanza Gómez Cruz, actriz y representante legal de la Fundación ProCultura, y del imputado Alberto Andrés Larraín Salas, médico y director ejecutivo de la Fundación ProCultura, por su participación como autores de seis delitos consumados de apropiación indebida”, se lee en la presentación realizada por el fiscal Cristián Aguilar el viernes 10 de abril.

Bajo esta indagatoria, dirigida por el fiscal regional Juan Castro Bekios, se evaluaba a los directivos de la fundación, principalmente, por el convenio denominado “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, por un monto de $ 629.815.000 y que en su momento firmaron el gobernador Ricardo Díaz, Gómez, quien era la representante de la fundación, y Pablo López, quien ejercía como director regional de la entidad.

Los investigadores llevan investigando traspasos por más de $ 500 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la misma entidad por al menos cuatro convenios. Cuando la Contraloría revisó el asunto, detectó que había una serie de irregularidades. Entre ellas, que no sólo había una adjudicación directa de los fondos, sino que también había faltas en las rendiciones y registros, entre otras cuestiones.

Esta hebra del caso ProCultura, la arista de mayor envergadura del caso Convenios, fue el inicio de las pesquisas que pusieron bajo la lupa a la fundación comandada por Larraín y Gómez. Pues, es la misma región donde estalló la megacausa, a propósito de los convenios de Democracia Viva con la Seremi entonces dirigida por Carlos Contreras.

De acuerdo con intervinientes en el proceso, esta también es una de las hebras más polémicas, pues bajo esta indagatoria fue que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, puso foco en el exjefe de asesores del expresidente Gabriel Boric, el sociólogo Miguel Crispi, y logró una orden para interceptar sus comunicaciones.

En ese momento, Cooper también intentó sin éxito intervenir el teléfono del exmandatario, y realizó diligencias que luego la Corte Suprema determinó que eran ilegales, entre ellas la interceptación a Josefina Huneeus, expareja de Larraín.

Esa situación, de hecho, fue la que llevó al fiscal nacional a derivar la causa a manos del fiscal Castro Bekios, quien ahora tendrá que delinear las nuevas imputaciones. Según la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta, la nueva audiencia de formalización de Larraín y Gómez quedó programada para el próximo 25 de mayo a partir de las 8.30 a.m.

La insistencia

Esta será la segunda vez que el Ministerio Público formalizará cargos en contra de los imputados. La primera fue a raíz de la arista de la Gobernación Metropolitana en la misma causa, donde incluso se despacharon órdenes de detención en contra de ambos.

En esa oportunidad, sin embargo, las pretensiones de la Fiscalía no se concretaron. Luego de que se imputaron cargos por eventual delito de fraude al Fisco, se desestimaron las peticiones para que quedasen en prisión preventiva. Luego, además, se rechazó la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego, lo que fue confirmado en una dura sentencia por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.

A raíz de ello, el abogado que representa a Larraín, Cristián Arias, manifestó que consideran que en esta oportunidad los fiscales tampoco tendrán mayores resultados.

“El Ministerio Público nuevamente intentará sostener que la no ejecución total de los convenios, esta vez en Antofagasta, sería constitutiva de delito. Esta tesis ya fue aprobada en Santiago, con resultados absolutamente desastrosos para el Ministerio Público. Cambia la región, cambia el convenio y no vemos la razón por la cual el resultado tenga que ser muy distinto”, manifestó Arias a La Tercera.