Macarena y Felipe llegaron un día a nuestro estudio completamente sobrepasados. No sabían qué hacer con su hija de 13 años, Antonia. No entendían bien qué estaba pasando, pero sí sabían algo: Antonia ya no era la misma. Venía angustiada, cansada, irritable. Dejó de querer ir al colegio. Empezaron los dolores de guata, el insomnio, el encierro. Algo estaba pasando, pero no era evidente. Hasta que finalmente lo dijo: estaba siendo víctima de ciberbullying.

El ciberbullying es el acoso o intimidación repetida y deliberada que se realiza a través de medios digitales con el objetivo de causar daño emocional o psicológico. Pero esa definición se queda corta cuando lo ves de cerca. Porque no es una pelea, no es un conflicto puntual, no es algo que se termina al salir de clases. Es constante, es persistente, es invasivo.

Antonia estaba siendo expuesta en un grupo de Instagram. Comentarios, burlas, fotos, versiones construidas por otros que empezaban a definir quién era ella frente a todos. Y lo más brutal no era solo lo que decían, sino que eso no se detenía nunca, porque cuando el daño es digital, no desaparece, circula, se comparte y se reproduce mientras los agresores se ocultan. Pueden ser uno o varios, perfiles falsos o reales, compañeros de curso o personas que nadie sospecha. Actúan con una sensación de impunidad que los protege.

Pero hay algo todavía más incómodo. Los niños, niñas y adolescentes no tienen aún las herramientas para procesar lo que reciben. Lo que se dice de ellos, aunque sea falso, lo viven como verdad. Lo incorporan y lo sufren, generando ansiedad, aislamiento y depresión. En los casos más extremos, puede tener consecuencias gravísimas, y aun así, seguimos reaccionando tarde.

Macarena hizo lo que muchas madres hacen. Pensó que el problema era el celular y se lo quitó, pero el grupo siguió existiendo, los comentarios siguieron circulando y las capturas siguieron llegando por otras vías. Y es que orque el problema no está en el aparato, está en lo que ocurre dentro de él, y sobre todo, en lo que está pasando dentro de nuestras propias casas.

¿Qué dice de la normativa?

Es cierto que la normativa ha comenzado a cambiar y efectivamente avanza hacia regular la tecnología respecto de los niños, niñas y adolescentes. Este año Chile dictó la Ley N° 21.801, que regula y restringe su uso en establecimientos educacionales. Es una ley importante, porque reconoce que los dispositivos impactan la convivencia, no solo el aprendizaje. Ordena, limita, establece reglas. Era necesario, porque hoy los espacios escolares están intentando volver a ser espacios donde los niños, niñas y adolescentes juegan y se vinculan de otra forma.

Así también, el 1 de abril se publicó la nueva ley de convivencia escolar, Ley N° 21.809, que amplía el campo de responsabilidad. Reconoce que la violencia puede ser digital, que puede ocurrir fuera del colegio y, aun así, ser parte de la convivencia escolar. Obliga a prevenir, a intervenir antes, a hacerse cargo de dinámicas que hasta ahora se consideraban ajenas.

Pero, en paralelo, instala una ilusión cómoda: que este es un problema que pueden resolver los colegios, pero no es así, ya que los primeros responsables en educar y proteger a los niños, niñas y adolescentes no son los colegios, somos las madres, padres y todos los adultos que crían.

Y aquí hay algo especialmente relevante. Si bien aún no existe una ley que establezca de forma expresa la responsabilidad de los padres por actos de bullying cometidos por sus hijos, la jurisprudencia ya está avanzando en esa dirección. Existen fallos que han condenado a padres de niños agresores a indemnizar a las víctimas. Y esto no es solo una consecuencia jurídica más, es un cambio de paradigma que se relaciona psicológicamente con la necesidad de reparación.

Lo que se está diciendo es claro: el daño no se puede seguir externalizando, no se puede diluir en “cosas de niños”, en “problemas del colegio” o en “lo que pasa en redes sociales”. Ese daño tiene un costo, y ese costo recae en quien lo causa y en quienes son responsables de su cuidado. La jurisprudencia está haciendo algo que la ley todavía no logra del todo: está comenzando a moldear conductas sociales, diciendo que la violencia digital no es tolerable, que no es invisible y que no es gratuita, y eso es algo que como madres y padres deberíamos entender, incluso antes de que exista una sanción.

Porque mientras discutimos leyes y protocolos, muchos padres siguen sin saber —o sin querer saber— qué pasa en los teléfonos de sus hijos. Prefieren pensar que no es tan grave.

Intervenir para evitar

Las herramientas existen. Se pueden solicitar medidas de protección ante los Tribunales de Familia cuando hay vulneración de derechos, denunciar hechos que puedan constituir delito, ejercer acciones civiles para perseguir la responsabilidad por el daño causado.

Sin embargo, no basta con que el derecho exista si nosotros no estamos a la altura de lo que exige. No basta con delegar ni con reaccionar cuando el daño ya está hecho.

Es necesario meterse, preguntar, observar, incomodar, estar y mirar nuestra propia relación como adulto con la tecnología. También hay que aceptar algo que cuesta mucho: que nuestros hijos pueden ser víctimas, pero también pueden ser agresores. Y que en ambos casos hay una responsabilidad que no se puede externalizar.

Porque lo que está en juego no es menor. Estamos hablando de la integridad psíquica de niños, niñas y adolescentes, de su honra, de su forma de construirse frente a otros y frente a sí mismos. De derechos que no son abstractos, que se viven y se vulneran todos los días.

Cuando Antonia finalmente habló, no partió anunciando culpables. Dijo algo mucho más simple, y mucho más duro: todos sabían y nadie hizo nada. Ahí está el problema, no en el celular ni tampoco en la ley, sino en ese espacio incómodo donde los adultos no estamos llegando. Y mientras eso no cambie, vamos a seguir legislando, sancionando y reaccionando un paso tarde.