La comisión de Educación de la Cámara inició esta semana una serie de sesiones especiales para escuchar la voz de expertos en el marco de la discusión del proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

La iniciativa -llamada por el gobierno como “Escuelas protegidas”- está en primer trámite constitucional, y se encuentra ccon urgencia calificada de “discusión inmediata”.

En la instancia, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, reveló detalles del incidente que se vivió este lunes en el interior del Liceo José Victorino Lastarria. Un registro de redes sociales muestra cómo estudiantes y trabajadores detienen a overoles blancos que planeaban actuar en el establecimiento.

“Tenían elementos para prender fuego y, una vez que se encapucharon, fueron los mismos estudiantes quienes los retuvieron, más un auxiliar que también tuvo una acción que me parece de profunda valentía porque estos grupos, de nuevo quiero insistir, son grupos que obedecen a una práctica de violencia política organizada”, relató el jefe comunal.

Dentro de ello, señaló que detuvieron a dos menores de edad, uno de 15 y otro de 13 años. En ese contexto, Bellolio reveló que “uno de ellos manifestó que le habían pagado por hacer esto”, y llamó a investigar esa arista.

Asimismo, el alcalde de Providencia informó que en la comuna se han aplicado 82 veces medidas de Aula Segura; de esas, son 52 en el Liceo Victorino Lastarria, y 18 de ellas han terminado en la expulsión de estudiantes.

Dentro de ello, acusó que en los liceos emblemáticos existe una “silla musical”. “Los estudiantes son expulsados de los colegios por violencia extrema y lo que hacen es agruparse para postular en conjunto a otro colegio para hacer exactamente lo mismo. Y lo que ocurre entonces es que muy pocos terminan por secuestrar una comunidad completa, y eso es completamente inaceptable”, planteó.

“Necesitamos leyes que puedan ayudarnos a tener un poco más de autonomía”

En la instancia también fue invitada Carla Chandía, directora del Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz (Región del Biobío) —establecimiento que el año pasado sufrió una balacera que dejó a tres estudiantes heridos—, quien también expuso su perspectiva y experiencia sobre “Escuelas Protegidas”.

Al respecto, la directora explicó que en el caso de su establecimiento, que está dentro de un contexto “altamente vulnerable” y con “una violencia social que viene del territorio”, este tipo de proyecto de ley se hace muy necesario, ya que se requieren mayores herramientas.

“Necesitamos leyes que puedan ayudarnos a que nosotros podamos tener un poco más de autonomía al momento de poder resolver dentro del establecimiento (...) efectivamente no vamos a tener funcionarios para revisar 700 mochilas porque esa es la matrícula de mi colegio, pero sí poder tener atribuciones para poder retener al estudiante, llamar a la policía y que efectivamente se termine revisando esa mochila, porque hoy en día eso no se puede hacer”.

Actualmente, apuntó, ni siquiera Carabineros revisa las pertenencias del estudiante, “y si el estudiante dice que no, nos quedamos en no, y nunca podemos llegar a concretar (la revisión de mochila)”.

Junto con esto, en cuanto a la pérdida de gratuidad, indicó que también están de acuerdo.

“Aquí se ha dado mucho que los actos no tienen consecuencia y no pasa nada. No pasa nada con el estudiante que genera un caos dentro de una institución, no pasa nada con un apoderado que amenaza de muerte, que agrede, que insulta, no les pasa nada”, indicó.