La tarde de este martes personal del OS-7 de Carabineros concretó nuevas diligencias -autorizadas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- relacionadas con el entorno de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Esto, en el marco de la indagación que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por el presunto delito de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.

Durante la tarde del martes, el fiscal Marco Muñoz evitó dar detalles de la investigación, pero confirmó que “se están dando cumplimiento a una resolución judicial y el personal de Carabineros está actuando y trabajando en ello”.

La policía uniformada ejecutó cuatro órdenes de entrada y registro en los domicilios de Gonzalo Migueles, pareja de la exmagistrada, y en las casas de los abogados Mario Vargas y el exdiputado Eduardo Lagos.

Lo mismo hizo con el estudio de abogados que tienen Vargas, Lagos junto al exdiputado Gabriel Silber y la hermana del exfiscal Manuel Guerra. En esa oficina estaba Silber, quien recibió a Carabineros para que ejecutara la medida intrusiva. El exparlamentario además quedó apercibido.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía y del entorno de Vargas comentan que además el Ministerio Público solicitó al tribunal órdenes de detención en contra de los tres imputados: Migueles, Vargas y Lagos. De hecho durante la tarde al menos dos de los tres imputados llegaron hasta las dependencias del OS7 para entregarse.

En medio de dichos procedimientos, en las casas de los tres imputados se incautaron dispositivos electrónicos además de distinto tipo de documentación requerida por la persecutora.

De acuerdo con antecedentes de la indagatoria, Migueles es indagado por eventuales gestiones vinculadas con nombramientos judiciales y de conservadores de bienes raíces, y por presuntos pagos indebidos que podrían constituir el eventual delito de lavado de activos.

Los abogados, en tanto, también son pesquisados por sus roles en designaciones judiciales. Además por lo que se ha conocido como la trama bielorrusa y que tiene que ver con una causa que llevaron los abogados del estudio de Mario Vargas cuando representaron a la empresa Belaz Movitec SpA.

Dicha empresa se trata de un consorcio internacional chileno-bielorruso conformado por las empresas chilena Movitec S.A. y Belaz, una fábrica estatal de Bielorrusia. Este consorcio participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos.

El consorcio recurrió contra Codelco, en un caso que terminó ganando y que fue tramitado por el estudio de Vargas. La acción constitucional fue vista en la misma sala que integraba y que alcanzó a presidir en varias ocasiones la exministra Vivanco.

La Fiscalía sospecha que detrás de esas maniobras hubo pagos triangulados entre los distintos imputados para favorecer a Belaz Movitec en desmedro de Codelco, en una causa que movió millonarias sumas de dinero.

El Ministerio Público lleva meses cercando al entorno de la exsuprema. No solo ha realizado estas incautaciones y órdenes de detención sino que hace algunas semanas atrás también allanó los conservadores de Chillán, a cargo de Yamil Najle y el de Puente Alto a cargo de Sergio Yáber. Ambos, también cercanos al grupo de Vivanco, Migueles y Vargas.

Según ha explicado Migueles, él realizaba labores remuneradas tanto para Yáber como para Najle, lo que explicaría los depósitos que habría en su cuenta corriente de parte de sociedades vinculadas a ambos conservadores. Sin embargo a juicio del OS7 de Carabineros, esos movimientos bancarios podrían constituir lavado de activos.