La acusación contra Daniel Jadue es inminente.

Esa es la frase que por estos días repiten los distintos intervinientes en la causa donde el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Centro Norte, indaga al otrora alcalde de Recoleta por una serie de delitos de corrupción ligados a su rol en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Si bien se había programado la audiencia de aumento de plazo para la investigación que se ha extendido por más de cuatro años para el próximo 28 de agosto a las 12 horas-, recientemente la fiscal adjunta (S) Bernardita Luebert solicitó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago dejar sin efecto la convocatoria.

“Vengo en desistirme de la solicitud de audiencia de aumento de plazo de investigación realizada, en consideración a que el Ministerio Público contará con todos los informes pendientes", indicó la persecutora en el escrito ingresado al tribunal el 24 de julio.

Acto seguido, durante la jornada de ayer lunes, la jueza Paula Brito atendió la presentación, anuló la cita y notificó a las partes de la resolución.

Con ello, los intervinientes asumieron lo que se avecina: cierre de la indagatoria, presentación de la acusación y pie para el comienzo del juicio oral (y su respectiva preparación).

De hecho, una vez que recibieron la notificación del tribunal, las partes recordaron la exposición de la fiscal que lidera la indagatoria, Giovanna Herrera, quien en medio de la audiencia de revisión de cautelares de Jadue, el 16 de junio, deslizó que la acusación ya estaba en construcción.

Y si bien en ese momento la defensa del exalcalde comunista -liderada en ese entonces por los abogados Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda- manifestó que aquello sería prácticamente imposible, por la cantidad de diligencias pendientes, hoy eso esos dichos son ponderados de otra forma.

Lo anterior, principalmente, porque la presentación de la acusación truncaría los planes del exjefe comunal de formalizar su candidatura al Congreso, ya que quedaría inhabilitado.

Por lo mismo, no pocos se aventuran en sostener en que la salida de su defensa privada, que renunció hace algunas semanas, sería una de las tácticas a las que echaría mano para dilatar el proceso. Con el arribo de la Defensoría Penal Pública a su defensa, se podrían solicitar nuevas diligencias y, otra vez, aumento de plazo.

Es que tanto para Jadue como para su entorno, toda esta causa en su contra tendría fines políticos y cortar su carrera. Públicamente, ha denunciado lawfare (persecución judicial con fines políticos).

“Las diligencias se agotaron”

Más allá de las alegaciones que pudieran hacer los imputados en la causa, para la parte querellante es claro que no hay cabos sueltos ni aspectos que seguir aclarando.

“Esta parte entiende que ya están agotadas todas las diligencias, que afortunadamente, después de un extenso procedimiento de investigación se han logrado acreditar no sólo la comisión de los delitos, sino que también la participación activa, como autor intelectual y material de la defraudación, del señor Jadue”, manifestó Eduardo Lagos, representante de Best Quality.

Agregó, en el mismo sentido, que esperan que “la Fiscalía pueda cumplir su compromiso de acusar y poder llevar a juicio oral a este sujeto que claramente ha cometido delitos en contra de nuestros representados”.

“Esperamos que sea condenado y que, por cierto, se pueda reparar de alguna forma el daño que ha causado”, complementó.

Este medio intentó contactar a los nuevos abogados de Jadue y a su entorno. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.