“Lo que importa en este minuto para nosotros como Fiscalía, es que hemos formalizado a la persona que, en nuestro concepto, es el vértice, la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso. Es la persona respecto de quien resultan más reprochables sus conductas”.

Con esas palabras la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, se refirió a la formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien fue detenida la noche del domingo 25 de enero por personal del OS7 de Carabineros y a quien este lunes se le imputaron cargos por delitos de cohecho y lavado de activos.

A juicio del Ministerio Público, la exjueza es la protagonista principal de la trama bielorrusa, donde se le indaga por haber actuado coordinada con los abogados del Consorcio Belaz Movitec (CBM), Eduardo Lagos y Mario Vargas, con miras a favorecer a dicha firma y así obtener millonarios pagos a través de su pareja, Gonzalo Migueles.

De acuerdo con la formulación de cargos de los investigadores, Vivanco recibió al menos $ 90 millones de parte de los citados abogados, por resoluciones emitidas cuando se desempeñaba como ministra de la Tercera Sala de la Suprema. En esta oportunidad, eso sí, sólo se le formalizó por tres presuntos pagos ascendentes a cerca de $ 70 millones. Los otros dos sobornos, como detalló el fiscal Marcos Muñoz, serán objeto de una formalización posterior.

“Con infracción a sus deberes del cargo, durante la tramitación de recursos de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados, procediendo estos, con parte de estos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente, Gonzalo Migueles, quien, concertadamente con ella, facilitó los medios para recibir el pago”, afirmó la fiscal Wittwer en medio de la audiencia.

Dado lo anterior y considerando que a juicio del Ministerio Público este caso ha calado hondo en la administración del sistema de justicia, se solicitó la prisión preventiva de la exministra, aunque las alegaciones de su defensa para discutir dicha medida se programaron para la jornada del jueves 28 de enero.

Argumentos

Para sostener las imputaciones, los fiscales expusieron una serie de elementos contenidos en el expediente de la causa. Entre ellos, se expuso parte de la segunda declaración de Gabriel Silber, quien dio cuenta de cómo Vivanco habría entregado información privilegiada a los imputados Lagos y Vargas.

Según el relato de los persecutores, Silber indicó que un día antes de conocerse el fallo de la apelación del recurso de protección que habían presentado, Vivanco se comunicó telefónicamente vía WhatsApp con el abogado Eduardo Lagos, “instancia en la que le anticipó a este último el resultado del fallo favorable a la pretensiones CBM. Lo anterior, en circunstancias que dicho fallo se encontraba bajo reserva, toda vez que hasta ese momento aún no había sido dictado ni notificado a las partes”.

Con esa información, Lagos le habría pedido a Aldo Cornejo que también interviniera, para que le informara a Máximo Pacheco de los avances de la causa y así pudieran alcanzar un “acuerdo amistoso”.

Asimismo, tal como en otras audiencias realizadas en el marco de esta causa, se expusieron conversaciones entre el resto de los imputados que darían cuenta de transacciones de dólares que se habrían utilizado para pagar los sobornos. Y también las coincidencias que arrojaron la georreferenciación de los imputados.

De igual forma, se citaron declaraciones de ministros de la Corte de Apelaciones de Copiapó -donde también se revisaron recursos vinculados al litigio entre Codelco y Belaz Movitec- y del exministro Sergio Muñoz, quienes advirtieron con extrañeza la preocupación que expresaba Vivanco sobre los movimientos del proceso.

Módulo especial

La defensa de Vivanco apostaba a que la Fiscalía no procediera a la detención de la imputada y se fijara audiencia de formalización, pero las pretensiones y gestiones no rindieron fruto. Pues la noche del domingo 25 de enero, a eso de las 23 horas, Vivanco salió esposada de su domicilio en Las Condes, rodeada de carabineros del OS7 y fue trasladada hasta dependencias de la 47° Comisaría.

Ahí pasó la noche y la jornada de este lunes fue trasladada en vehículo policial al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, haciendo ingreso a eso de las 9.30 de la mañana.

Dado que la audiencia continuará durante esta semana, el juez Cristián Sánchez dispuso la ampliación de la detención, lo que cumplirá -tal como adelantó este medio- en un nuevo módulo habilitado en las dependencias de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín. Se trata de un anexo VIP que se encuentra totalmente aislado del resto de las dependencias y donde existen piezas y baños que no mantienen conexión alguna con el resto de los módulos del recinto.

Es como una suerte de Capitán Yáber para mujeres, destinadas para imputadas de alta connotación pública y donde Vivanco permanecería sola, pues hasta el momento no hay internas que residan en dicho lugar.

Como pudo conocer La Tercera, fue hace meses que desde el Ministerio de Justicia se coordinó con Gendarmería la habilitación de una zona donde pudiesen ingresar a cumplir prisión preventiva mujeres imputadas por delitos económicos, de corrupción o de alta connotación, como lo es el anexo penitenciario Capitán Yáber, que es únicamente para hombres.

Así, hace alrededor de un mes y medio que se realizaron las obras en el nuevo módulo, por lo que de decretarse su prisión preventiva, Vivanco sería la primera imputada en hacer uso de dichas dependencias.

El debut de este módulo especial ocurre después de que en 2024 se transformara en un problema la ausencia de una cárcel VIP para mujeres. De hecho ese año, en medio de la discusión por las cautelares de los imputados del caso Audio, la defensora de Leonarda Villalobos, la abogada Alejandra Borda, criticó la existencia de un “machismo sistemático” dado que no existían cárceles como Capitán Yáber para mujeres. “Nos encontramos con algo que parece que estaba bastante invisibilizado y que tiene que ver con que, ante este tipo de delitos económicos y de baja peligrosidad, no existe un recinto para mujeres”, afirmó Borda en ese momento.

Su cuestionamiento incluso fue recogido por la jueza de esa causa, Estefanía Asenjo, quien en su resolución afirmó que “existe una diferencia de trato de género”.

El punto también lo comentó en ese entonces por el exministro de Justicia Luis Cordero, quien sostuvo que “la defensa (de Leonarda Villalobos) tiene razón, y lo que explica esto es que el sistema penitenciario chileno está diseñado, en su estructura histórica, como que las únicas personas que podían estar privadas de libertad eran hombres. La afirmación de que no existe para las mujeres que cometen ese tipo de delitos un lugar como Capitán Yáber es completamente cierta”.

Nueva defensa

Los días previos a que se concretara la detención de la exministra, ella y su entorno se encontraban evaluando un posible cambio de defensa.

En lo referente a la tramitación de la querella de capítulos, Vivanco estuvo representada por los abogados Carlos Mora y Carlos Pereira, aunque culminado dicho proceso optó por hacer un cambio.

Durante el fin de semana, de hecho, terminó dicho análisis y fue justamente el domingo, en las horas previas a la detención, que fichó a un nuevo penalista: Jorge Valladares.

Por lo mismo, su primera acción fue comparecer a la audiencia de este lunes, donde en primer punto pidió la nulidad de la orden de detención con miras a que se fije una nueva fecha de audiencia de formalización. Como expresó, el accionar del Ministerio Público sería del todo desproporcionado, pues en todo momento -insistió- Vivanco ha estado disponible para comparecer.

Argumentó, en el mismo sentido, que se habrían vulnerado sus garantías, ya que se trata de una mujer, adulta mayor, que se encuentra aquejada por enfermedades de base y que enfrenta un cáncer en estado de remisión. Sin embargo, el juez desestimó las pretensiones y dio pie a la formalización de los cargos.

Con todo, al término de la audiencia, Valladares insistió en el punto. Subrayó que el accionar del Ministerio Público les pareció desproporcionado y que no hay pruebas que vinculen a su representada con delitos.

“Nosotros creemos que no son constitutivos de delito los hechos que se están proponiendo, ya lo podemos decir porque son por todos conocidos y vemos o vislumbramos que los antecedentes que se han aportado tampoco concatenan de una manera lógica y razonable a hacer una convicción”, dijo.

Sobre evidencia expuesta durante la jornada, como una fotografía que mostraba fajos de billetes de la moneda argentina que pertenecerían a Vivanco y Migueles, el penalista advirtió que “nunca ha sido un delito tener dinero”.