Casi como una premonición de lo que vendría, el compromiso encajó perfectamente. El protocolo firmado el año pasado por los parlamentarios con el Ministerio de Salud -como parte del acuerdo para aprobar el presupuesto 2025- establecía que antes de que finalizara el primer semestre de este año el Ejecutivo debía ingresar un proyecto de ley para modernizar el régimen de licencias médicas.

Una exigencia que ahora cobra aun más sentido a la luz de los escándalos que han salido en las últimas semanas: cerca de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia; 3.500 presentaron permisos extendidos por médicos que hoy son investigados por fraude, y más de mil profesionales de la salud emitieron licencias médicas mientras ellos mismos estaban con reposo.

Sin embargo, ya se inició julio y con eso el plazo comprometido para ingresar la iniciativa ya venció. En concreto, el primer semestre culminó el lunes 30 de junio. La gran incógnita, además de las razones del atraso, ahora es cuándo -y con qué contenido- el gobierno cumplirá su palabra.

Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado, instancia en la que se realizó el compromiso, afirma: “No me parece este retraso, por cuanto el ministerio se había comprometido que, como último plazo, el proyecto debería ingresar el día 30 junio. Se les preguntó en la citación del lunes y la respuesta fue que estaban trabajando. Se les pidió que apuraran el tranco, porque creemos que este es un proyecto relevante”.

Con todo, agrega que “hasta el día de hoy, jueves, seguimos esperando. Y yo quisiera saber si efectivamente el ministerio está enredado en su contenido, o es que no tiene muchas ganas de presentarlo. Habría que despejar esa duda”.

Consultados por La Tercera, desde el propio Minsal aseveran que “el proyecto está en sus ajustes finales, ya que es una iniciativa intersectorial”. Y es que cuenta con la participación de los ministerios de Trabajo, de la Secretaría General de la Presidencia de Chile y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Desde Salud ahondan que “los equipos técnicos están reunidos trabajando en ello”.

Contenido de la norma

Aunque aún no se presenta, el Ejecutivo se ha reunido con asesores parlamentarios para acercarles los puntos principales del proyecto.

Uno de los más controversiales que han surgido a raíz de los recientes escándalos es la identificación de un aspecto en la legislación vigente que, en la práctica, estaría operando como un incentivo para extender las licencias médicas en el sector público. Y es que en distintas organizaciones estatales se han detectado casos de funcionarios que han estado con reposo por periodos que incluso superan el año.

Actualmente, el otorgamiento de licencias en el sector público está regulado por el artículo 111 de la Ley 18.834 -el llamado Estatuto Administrativo-, que establece que este es un “derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud”.

Pero hay un punto clave que marca la diferencia: el mismo artículo señala que “durante su vigencia, el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones”. Un beneficio que no se replica en el sector privado, donde las licencias no suelen cubrir el 100% del sueldo.

Precisamente ese artículo es el que el Ejecutivo modificaría. La propuesta que se estudia busca mantener el derecho a la licencia médica, pero introduciendo un nuevo esquema de pagos: por ejemplo, que mientras más se extienda el reposo, el monto de la remuneración se reduzca progresivamente.

El proyecto también eliminaría o reduciría lo que se conoce como período de carencia: hoy, en licencias de 10 días o menos, los tres primeros no se pagan, lo que termina incentivando que se pidan por más tiempo del necesario.

Asimismo, el Ejecutivo ha comunicado que analiza el rol que cumplen las cajas de compensación en la tramitación de las licencias médicas, y evalúa la posibilidad de que los casos que superen un año con estos permisos sean derivados para evaluación de invalidez. Por lo mismo, fuentes conocedoras de la redacción del proyecto señalan que este también debe ser revisado por el Ministerio del Trabajo.