Hace varias semanas que la Fiscalía se armó una convicción: el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba (ex-RN) llegará a juicio oral por fraude al Fisco, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios.

Para eso ya está trabajando en la acusación que ingresará en contra de Torrealba, mientras se agotan los últimos días de la investigación. Sin embargo, la convicción de que el exjefe comunal llegue a juicio no ha sido un impedimento para que el Ministerio Público haya ido condenando, en procedimientos abreviados, a distintos imputados del caso.

Por ejemplo, ya en junio hubo audiencias para reformalizar al propio Torrealba, así como también para comunicar ante el mismo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el monto final de lo defraudado en la Municipalidad de Vitacura durante la administración del exmilitante RN: $761 millones.

Pero en esa ocasión también se ha dado curso a varios procedimientos abreviados, luego del acuerdo entre la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y las defensas de los imputados, quienes han reconocido los ilícitos a cambio de una reducción de la condena.

En ese proceso ya se logró condenar a los dos excontadores del municipio, Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, quienes recibieron penas de presidio de tres años, así como también al pago de millonarias multas que parten en los $16 millones. Una pena similar recibió el exdirector de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura Renato Sepúlveda, también involucrado en la trama de corrupción. Para Sepúlveda se dictó una condena de cinco años de libertad vigilada.

Pese a que estos imputados ya terminaron condenados en juicios abreviados, la Fiscalía ya ha sido muy clara: Torrealba no seguirá la misma suerte. Y es que la investigación del fiscal Francisco Jacir ha situado al histórico alcalde de Vitacura como el “líder” del entramado de corrupción.

El procedimiento de Larraín

Pese a que el caso, en manos del fiscal Jacir, se encuentra en la parte final de la indagatoria y a la espera de las últimas diligencias solicitadas por los abogados de Torrealba, había un nombre e imputada de la cual no se sabía su futuro procesal: Antonia Larraín.

Larraín, quien durante la última parte de la administración del exalcalde se desempeñaba como directora subrogante de Desarrollo Comunitario, fue precisamente una de las primeras imputadas en la causa en exponer la trama, dando cuenta de que tras asumir su cargo recibía dinero efectivo que debía entregar en sobres a Torrealba.

A pesar de aquello, la imputada no había accedido a un procedimiento abreviado al igual que el resto de los imputados. Eso, hasta ahora, porque el pasado 8 de septiembre, según fuentes de La Tercera, el fiscal del caso ingresó un escrito ante el tribunal para llevar a cabo el procedimiento condenatorio en contra de Larraín.

“Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407 del Código Procesal Penal, y previo acuerdo con la defensa, vengo en solicitar a S.S. (su señoría) fijar audiencia en fecha próxima con el objeto de proceder conforme las normas del procedimiento abreviado, respecto de la imputada Antonia Larraín Prieto", se lee en el acotado escrito ingresado por el persecutor.

Tal y como lo dice el propio fiscal, y como debe ocurrir en este tipo de salidas judiciales, llegar a un juicio abreviado se acordó entre el Ministerio Público con la defensa, la que en el caso de Larraín corresponde al abogado Carlos Balbontín Meneses. Parte del acuerdo en los procedimientos abreviados, además, considera que el imputado debe reconocer los ilícitos que cometió a cambio de recibir un beneficio en su condena. Además de eso, el Ministerio Público también puede considerar el aporte del imputado en la causa.

En el caso de Larraín, según señalan conocedores de la investigación, el ente persecutor destaca que la imputada colaboró con la investigación, a lo que se suma el hecho de que fue quien denunció inicialmente lo sucedido durante la administración del histórico alcalde de Vitacura.

Si bien aún no se conocen los detalles del acuerdo entre la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la defensa de la exdirectora de Desarrollo Comunitario, este seguiría las mismas penas del resto de los imputados del caso. Es decir, Larraín, al igual que Silva, Cañas y Sepúlveda, tras reconocer los hechos, sería condenada a una pena de tres años, los que serían cumplidos en libertad. Así como también al pago de una millonaria multa.

Precisamente esos detalles serán comunicados por el fiscal Jacir y se conocerán este viernes 10 de octubre durante la audiencia de procedimiento abreviado que fijó el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el que desde las 10 de la mañana en la sala 902 del Centro de Justicia determinará el futuro de quien reconociera haber entregado dinero público al exalcalde de Vitacura.