Homicidios y robos con violencia fueron algunos de los delitos que más preocuparon al saliente gobierno del Presidente Gabriel Boric. Si bien la cifra de ambos ha venido consistentemente a la baja -de acuerdo a cifras oficiales de los organismos a cargo de la persecución de delitos-, se trata de ilícitos que se mantienen dentro de las preocupaciones de las autoridades por su impacto social.

Es con esa preocupación en mente que el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y su equipo comenzaron a pensar qué pasa con las víctimas más allá del trabajo del Ministerio Público, que, pese a tener una unidad dedicada a las víctimas, su principal foco está en la persecución de hechos delictuales.

El Gobierno de Santiago se encuentra afinando una iniciativa de asesoría jurídica y apoyo sicológico gratuito a las víctimas, que será lanzado en los próximos días y que ya cuenta con un nombre: “Programa de Apoyo Integral a Víctimas de Delitos Violentos” o, más coloquialmente, "Estamos Contigo". El plan es lanzarlo en febrero.

El programa otorgará un acompañamiento en terreno a más de 57.801 víctimas, según pronostica el organismo, en 36 comunas de la región. Con todo, el plan contempla una inversión de $ 6.561.902.109.

¿Por qué 36 de las 52 comunas de la RM? Porque se priorizaron las que tenían mayor preponderancia a este tipo de hechos. Según el portal CEAD (2024), en la Región Metropolitana se registraron 51.464 víctimas de robos con violencia o intimidación, de las cuales 23.462 corresponden a las 36 comunas priorizadas por el programa, explican del Gore de la RM.

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“Hoy las víctimas de delitos violentos no están recibiendo una respuesta oportuna ni cercana”, afirma Orrego en comunicación con La Tercera. El gobernador explica que decidieron hacerse cargo de este “vacío”, creando un programa regional que “acompañe a las víctimas y las ponga en el centro de la acción pública. Es de tal magnitud esta realidad, que 7 de cada 10 personas no se atreven a denunciar este tipo de delitos”.

Según señala, el programa conversará con el trabajo de la Fiscalía y también con el recién promulgado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. “Este programa no reemplaza a los servicios existentes, sino que los complementa, reforzando la atención en territorios donde hoy no hay cobertura suficiente”, plantea la autoridad regional.

“El programa acompaña y orienta a la víctima durante todo el proceso, sin interferir en el rol de la Fiscalía”, agrega.

De esta forma, el equipo de este programa estará integrado por equipos móviles interdisciplinarios, compuestos por sicólogos, trabajadores sociales y profesionales de apoyo jurídico. Allí mantendrán las causas en un sistema en red donde harán seguimiento de los casos que cubran.

Cómo funcionará el plan

El plan, dicen desde el organismo, priorizará su intervención en homicidios, robos con violencia o intimidación y lesiones graves, y se implementará mediante 17 equipos móviles.

Explican que será el propio organismo el que acuda a las víctimas una vez que sean notificados de este tipo de hechos. Vale decir, a diferencia de otras iniciativas, dicen, no esperarán que la víctima o su familia tengan que asistir a sus oficinas para pedir activar la ayuda.

Se contempla que su duración se extienda por tres años, con la posibilidad de renovarlo. Orrego dice que la creación de este programa es importante porque “los delitos violentos generan un daño profundo, físico, sicológico y social, tanto en las víctimas directas como en sus familias. Este programa se focaliza en estos delitos porque requieren una atención especializada y urgente”.

Allí, los profesionales entregarán un diagnóstico y una contención emocional, además de la posterior orientación jurídica. Los casos, una vez tomados, serán seguidos por una plataforma digital.

Por otro lado, el organismo realizará 72 talleres comunitarios sobre prevención, derechos de las víctimas y redes de apoyo. En ese sentido, articularán equipos comunitarios para realizar campañas y la entrega de material informativo.

Por último, el plan será supervisado por una Secretaría Técnica que tendrá a su cargo el monitoreo de avances, resultados y coordinación con municipios, Ministerio Público y organismos colaboradores.