El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof) anunció este martes que comenzarían los estudios para crear una nueva institución que sustituya las labores que actualmente desarrolla el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

“El ministerio está trabajando en una nueva institucionalidad que, creemos, podrá impactar positivamente en los jóvenes. Estamos estudiando crear un organismo de carácter altamente técnico, autónomo y transversal, que evalúe y proponga políticas públicas de juventud, junto con hacer sugerencias respecto a la coordinación de instituciones relacionadas al segmento”, explicó el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández.

“Todo esto, mediante un proceso participativo con distintos actores, funcionarios públicos, la academia y la sociedad civil”, añadió el representante del Ejecutivo.

El anuncio se da en un contexto de reducción presupuestaria para la institución, según anunció Hacienda por medio del decreto N°331. En concreto, se redujo en un 47% los recursos disponibles para el Injuv, equivalentes a $3.859 millones.

Desde el Ejecutivo justificaron la medida en la revisión de diversos programas al interior del Midesof y al hecho que, consideran, la reducción presupuestaria del Injuv no afectaría a los actuales programas en desarrollo.

“Es de público conocimiento que el Injuv venía arrastrando problemas desde hace años, que hoy día se manifiestan, por ejemplo, en que el 75% de su presupuesto se destina a personal, 15% a gastos administrativos y solo un 10% a programas. O sea, de 8 mil millones de pesos, 800 millones llegan realmente a los jóvenes, lo que evidencia claramente problemas de eficiencia y de foco respecto al rol que debe jugar”, señaló al respecto Fernández.

Funcionarios del Injuv protestan contra recortes y recurren a Contraloría

Tras conocerse el anuncio de la reducción presupuestaria, los funcionarios del Injuv mostraron su rechazo a la determinación del gobierno.

Este martes, representantes de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (Afinjuv) y de la Federación de Asociaciones de funcionarios/as de Servicios Relacionados al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Fenamias) recurrieron a Contraloría para solicitar se pronuncie respecto a la legalidad de las medidas por parte de Hacienda.

“Ese decreto implica una rebaja importante en los recursos de todos los servicios públicos del Estado chileno, en particular del Ministerio de Desarrollo Social, donde se le están recortando más de 32 mil millones de pesos”, señaló el presidente de Afinjuv, Yuksu Ramos.

Mientras tanto, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) también mostraron su apoyo a las demandas de la Afinjuv. “Este decreto regresivo y antidemocrático golpea no solamente a este servicio estratégico, sino a todos los servicios públicos del país”, señaló el presidente nacional de Anef, José Pérez Debelli.

Por lo anterior solicitan el pronunciamiento de la Contraloría sobre la legalidad del decreto, ya que consideran que “la medida podría constituir una reestructuración de facto del servicio, al reducir simultáneamente presupuesto y dotación sin un acto formal de reorganización ni el cumplimiento de la Ley de Presupuestos, lo que vulneraría principios como la juridicidad, la continuidad del servicio público y la participación funcionaria”.