El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), en respuesta a la apelación presentada por el sacerdote Felipe Berríos, dispuso dejar sin efecto las sanciones de restricción al ejercicio del ministerio y la expulsión de la Compañía de Jesús que se habían impuesto al religioso.

Mediante un comunicado dado a conocer este martes, la Compañía de Jesús informó que el máximo órgano encargado de la justicia canónica en la Iglesia Católica declaró no tener “suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados” contra el popular clérigo radicado en La Chimba de Antofagasta.

Todo este caso se remonta al año 2022. Esa vez, ante hechos denunciados en contra del famoso sacerdote, la orden religiosa llevó a cabo una investigación previa canónica que concluyó con la verosimilitud de las denuncias, las que abarcaban siete víctimas. Esa investigación estuvo a cargo de la abogada experta en delitos sexuales María Elena Santibáñez.

Luego de esa indagatoria previa, en marzo de 2023, se dio a conocer que la provincia de los jesuitas en Chile dispuso la realización de un proceso administrativo penal. Esa parte del proceso estuvo a cargo del sacerdote argentino y entonces vicario judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, Dante Simón. El vicario recibió dicho encargo como delegado del Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa.

Simón luego de revisar los antecedentes corroboró los hechos denunciados, agregando un caso más, llegando a un total de ocho denunciantes. Al concluir ese proceso el asunto terminó en una sanción y los jesuitas sancionaron a Berríos con la prohibición del ejercicio público del sacerdocio y todo contacto pastoral con menores de edad durante un período de 10 años. Además, la congregación religiosa zanjó su expulsión de la Compañía de Jesús.

En junio de 2024, Berríos apeló al DDF y en respuesta a esa acción el dicasterio falló a favor de Berríos y dejó sin efecto las sanciones canónicas. Esta decisión no es apelable y se trata de la última palabra en términos de la justicia canónica.

La decisión del Vaticano implica un duro golpe para los jesuitas. Esto, debido a que todo el proceso que llevó la congregación siempre concluyó en la culpabilidad del influyente sacerdote. Por eso la sentencia del DDF echa por la borda todas esas sanciones y al declarar que no existe “suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados” pone un manto de dudas respecto de la veracidad de los hechos denunciados. Tanto así que la decisión del DDF, al ser la última palabra de la justicia canónica, no permite volver a abrir el proceso y por lo tanto el asunto se cierra a favor de Berríos.

Jesuitas anuncian reparación

Pese a que el Vaticano determinó que no tiene certeza de que los supuestos abusos hayan ocurrido, los jesuitas insistirán en el hecho de que, a juicio de la orden religiosa, en el caso hay ocho víctimas que deben ser reparadas.

“La Compañía de Jesús respeta la decisión del DDF y la ejecutará íntegramente. Sin embargo, teniendo presente los antecedentes recopilados en la Investigación Previa y en el Proceso Administrativo Penal, la Compañía de Jesús ha decidido iniciar un proceso de reparación con cada una de las ocho personas que hicieron las denuncias y ha impuesto al P. Berríos medidas disciplinarias respecto a su estilo de vida y actividad apostólica como presbítero jesuita", señaló la orden en un comunicado público.

La Compañía de Jesús enfatizó su “compromiso con la búsqueda de la verdad y de la justicia”, su “absoluto rechazo a cualquier tipo de abuso” y su “esfuerzo sostenido por el cumplimiento de protocolos que aseguren la debida protección de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad”.

Este no es el único triunfo de Berríos en los últimos días. En el ámbito judicial chileno, la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago dictó la sentencia definitiva en la investigación penal contra el sacerdote por una denuncia presentada por una mujer por un supuesto abuso sexual de mayor de 12 años.

En un comunicado, Berríos informó que el tribunal de alzada capitalino le dio la razón y dejó “sin efecto la resolución dictada por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, en la parte en que esta había dado por establecida su participación en el delito denunciado".