Seis capítulos contiene el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que fue entregado este miércoles al Presidente Gabriel Boric.

El estudio, entregado en el Día Internacional de Los Derechos Humanos, contempla distintos tópicos que involucran la competencia del organismo: acceso a archivos que documentan las violaciones de derechos humanos en dictadura, corrupción, diligencia empresarial en derechos humanos, libertad de expresión, educación y migración.

Justamente, en este último ítem se denuncia una serie de complejidades que tienen los migrantes en Chile para regularizar su situación. En una primera parte, el estudio aborda el aumento que ha habido en la población migrante, pasando de 746.465, en 2017, a 1.608.650, en 2024. De acuerdo al último Censo, de esa cifra la mayoría de los inmigrantes en Chile son venezolanos (41,6%), seguido de peruanos (14,5%) y colombianos (12,3%).

En cuanto a la regularización de la condición legal, se señala que el número de personas que han accedido a esta posibilidad mediante los mecanismos disponibles ha disminuido: “Mientras que entre 2018 y 2021 se regularizó la condición legal de 321.945 personas, entre enero de 2022 y junio 2025 la cifra bajó a 5.062 personas, lo que representa una disminución del 98,3%”.

De acuerdo al trabajo, el 37,5% de los permisos de residencia temporal superaron el año de tramitación y el 43,7% de las residencias definitivas otorgadas superaron los dos años de tramitación.

El informe afirma que “la población extranjera también se caracteriza por su alta participación laboral y por tener mayores niveles educativos que la población nacional”.

Para la parte final, el trabajo entrega una serie de recomendaciones a organismos públicos. Por ejemplo, se sugiere a la Subsecretaría del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones adoptar medidas administrativas para minimizar la migración irregular, a través de garantizar los recursos y coordinaciones necesarias para la gestión oportuna de permisos de ingreso y residencia".

Similar recomendación en materia educacional, donde se pide velar por la buena convivencia entre niños extranjeros y nacionales buscando evitar situaciones de bullying.

Educación

Por otro lado, el capítulo 5 está dedicado a la educación. Allí se puntualiza la preocupación por la violencia escolar y el aumento que este fenómeno está teniendo en establecimientos educacionales que está afectando a estudiantes y docentes. “Los casos registrados en distintas regiones del país dan cuenta de un fenómeno que preocupa. Se trata de conductas que implican agresión o maltrato físico, verbal, psicológico o social, y que ocurren tanto dentro de los establecimientos como en sus alrededores”, se lee en el reporte.

En cuanto a violencia contra docentes, donde ha habido un aumento respecto de 2024, se inicia el apartado con varios casos. Uno ocurrió en 2023 cuando un alumno de 17 años agredió a un profesor que le informó que iba a repetir de curso en San Ramón. El otro, una profesora de inglés que se quitó la vida en Antofagasta tras denunciar acoso y amenazas de muerte por parte de un apoderado. Finalmente, se expone el caso de un profesor de un Liceo Bicentenario de Excelencia en Trehuaco, Región de Ñuble, que fue golpeado en la cabeza con un escobillón este año. Tuvo que ser hospitalizado con fractura craneal.

En los colegios particulares pasaron de ocho denuncias, en 2024, a 13, en 2025, y en los particulares subvencionados, de 75, en 2024, a 77, en 2025.

Distinto es en los establecimientos municipales, SLEP y de administración delegada pasaron de 78, en 2024, a 76, en 2025. En la división por regiones, la Metropolitana es la que cuenta con más docentes afectados (62 denuncias), seguido del Biobío (19) y Valparaíso (14). Magallanes es la única región que no cuenta con denuncias este año.

En otro ítem, se aborda el número de denuncias por malos tratos y situaciones de connotación sexual entre estudiantes. Allí se aprecia que ha habido una disminución en casi todos los tipos de colegios. Por ejemplo, en los municipales, en 2024, hubo 1.332 denuncias, y en 2025, 841; en los particulares pagados en 2024 hubo 617 y en 2025 hubo 448, y en los particulares subvencionados, en 2024 hubo 3.219 denuncias y en 2025, 448.

Distinto fue el caso de los SLEP donde en 2025 se contabilizaron 411 denuncias y este año hubo 488. En sus recomendaciones, el INDH aconseja al Ejecutivo “promover campañas que revaloricen socialmente el rol docente”.