Este miércoles 28 de mayo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, del Interior, Álvaro Elizalde; y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, anunciaron el ingreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con plazos al Congreso, iniciativa comprometida por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024.

Según indicaron las autoridades, este proyecto de ley regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y establece mecanismos en el sistema de salud para ello.

La iniciativa mantiene las normas de objeción de conciencia establecidas en la ley chilena, tanto personal como institucional; y busca garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible, así como el acceso a la información.

Según detalló la ministra Orellana, el costo financiero estimado de este proyecto es de 2.600 millones, el cual se divide tanto en la provisión de los medicamentos -que son necesarios de acuerdo a las guías clínicas actuales de la Organización Mundial de la Salud para la interrupción medicamentosa- como también en algunos recursos humanos.

En cuanto al plazo, destacó que en muchos países del mundo este es un procedimiento que puede ser ambulatorio bajo condiciones sanitarias seguras, no en la clandestinidad ni con tráfico de medicamentos.

Por lo tanto, la estrategia que van a remitir -esto en una norma técnica- va a ser que esto vaya a la atención primaria en salud hasta las 12 semanas.

Por otra parte, en el plazo de 12 a 14 semanas -“que de todas formas, de acuerdo a las cifras de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, son menos del 20%”- va a ser derivado a la red hospitalaria.