Este sábado continuó la audiencia de formalización en el Séptimo Juzgado de Garantía contra Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, en lo que se conoce como trama bielorrusa.

En la instancia, la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y el persecutor Marco Muñoz expusieron las intervenciones que realizó la exministra Vivanco en las resoluciones para favorecer a la empresa que Vargas y Lagos representaban -el consorcio Belaz Movitec-, así como también la retribución económica que recibió tanto ella como Migueles por esto.

Debido a la gravedad de los delitos que se imputaron en la audiencia -delitos de cohecho y soborno- los fiscales solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados.

“Lo que se expuso en la audiencia de formalización y que son los hechos que se le están imputando, son delitos de cohecho, de soborno y que producto del dinero que se entregó por esto, estas personas recibieron dineros, los cuales ingresaron, trataron de ingresar al mercado formal”, detalló la fiscal Wittwer al finalizar la audiencia. “Esto constituyen delitos que están tipificados como ocultamiento, como fraccionamiento en la ley 19.913″.

Consultada acerca de que algunos funcionarios que fueron testigo de estos hechos han reportado que tienen miedo de sufrir represalias, la fiscal indicó que realizarán diligencias sobre esto una vez finalizada la audiencia.

“Es necesario recabar múltiples testimonios más. No olvidemos que esta es una investigación que ha requerido mucho trabajo, mucho análisis de evidencia, pero que lleva recién un año, es decir, una vez formalizados tenemos que continuar con la investigación”, señaló.

La investigación, indicó, “está lejos de terminar acá y en ese sentido seguiremos haciendo más diligencias en el plazo de investigación que nos otorgue el tribunal”.

Por otra parte, y sobre la implicancia de que la exministra Vivanco estuviese involucrada, la fiscal fue tajante en sostener que este “es un caso de la máxima gravedad atendida a las personas que están siendo imputadas, pero principalmente porque hay muchos bienes jurídicos en cuestión que se ven afectados, y uno de ellos es, por cierto, la probidad pública y la confianza de las personas en la justicia”.

“Un caso como este reviste la máxima gravedad y es por eso que nosotros como Fiscalía hemos decidido no solamente investigar con acuciosidad y rigurosidad sino que también, llegado el momento en que teníamos los antecedentes, formalizar la investigación”, señaló.

“La ruta de los US$ 15.600”

Según expuso la fiscal durante la audiencia, en primera instancia, Vivanco intervino en siete resoluciones en los que habría tenido que inhabilitarse, lo que permitió pagos millonarios de Codelco al consorcio.

• Fallo de fecha 4 de julio de 2023 del recurso de aclaración del recurso de protección, que ya había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, y en la que la exministra votó por acoger la apelación en favor de CBM, a raíz de lo cual Codelco debió pagar al consorcio la cantidad de $12.112.648.738.
• Fallo del 5 de julio de 2023, que rechaza la nulidad procesal solicitada por Codelco para invalidar la vista de la causa del día 30 de junio de 2023.
• Fallo de fecha 28 de septiembre de 2023 a favor de acoger la solicitud de aclaración, rectificación y enmienda solicitada por Lagos y Vargas respecto del fallo anterior.
• Fallo del 11 de octubre de 2023, rechazando la reposición interpuesta por Codelco al fallo aclaratorio.
• Fallo del 18 de octubre de 2023 para desestimar la nulidad interpuesta en subsidio de la reposición entregada por Codelco al fallo aclaratorio, a raíz de lo cual Codelco debió pagar al consorcio la cantidad de $4.415.816.192.
• Fallo del 8 de febrero de 2024 para acoger el recurso de reposición interpuesto por los abogados imputados en contra de la resolución que declaró inadmisible el recurso de queja 11.50.2024, declarándose en consecuencia admisible el recurso de queja.
• Fallo del 14 de marzo de 2024 para acoger el recurso de queja número 11.50.2024 de la Corte Suprema a favor de CBM, a raíz de lo cual Codelco debió pagar al consorcio la cantidad de $1.026.602.196.

Al respecto, el persecutor Muñoz detalló la retribución económica que los imputados Lagos y Vargas dieron a la exministra y a Migueles por la intervenciones en estos hechos, destacando una operación llamada “La ruta de los US$ 15.600”, derivada del fallo del 4 de julio, y en donde entregó detalles del el presunto vínculo directo entre el dictamen favorable al consorcio y el flujo financiero que se gestó para que estos dineros llegaran a Migueles y Vivanco.

Según detalló Muñoz en cuanto a la trazabilidad de estos montos, el 3 de julio de 2023 Movitec transfirió dineros en efectivo a la cuenta de la sociedad Lagos, Vargas, Silber y Asesorías Legales, por $50 millones.

De acuerdo a los registros de posicionamiento georrefencial, el día de la dictación del fallo (4 de julio de 2023) posicionan el teléfono de Ángela Vivanco en el sector de las oficinas de los abogados Lagos y Vargas.

Simultáneamente, Vargas también aparece ubicado por las antenas en la zona de estas oficinas. Ambas señales coinciden temporalmente y geográficamente, apuntó el fiscal, lo que refuerza la tesis de una reunión o encuentro entre ellos en el marco del dictamen judicial.

Posteriormente, los registros bancarios de Migueles muestran un depósito en efectivo de $12.331.020 el 5 de julio de 2023, un día después del fallo. La boleta del depósito, advirtió el persecutor, aparece sin detalles, es decir, sin nombre del depositante ni fecha, ni de su origen, si se trata de dinero efectivo o vale vista.

En paralelo a esto, el Banco Central informó de una operación de compra-venta de divisas efectuada por Migueles en esa misma fecha, correspondiente a US$ 15.600, bajo el código de “servicios personales, culturales y recreativos”.

Según expuso el fiscal, la entidad bancaria confirmó que el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) reportó la transacción, emitida a las 11:54 del 5 de julio, con un tipo de cambio de 790, lo que equivale a los mismos $12.331.200 depositados posteriormente.

Consultado por el Ministerio Público, el banco detalló que la operación fue atendida por una funcionaria de la sucursal, quien declaró que fue Migueles quien acudió personalmente con los US$ 15.600, los cambió por pesos y pidió que el dinero fuese depositado directamente en su cuenta corriente. El análisis de posicionamiento georreferencial en tanto, también confirma que se encontraba en la sucursal bancaria aquél día.

Sumado a estos hechos, el fiscal fue claro en reiterar que ni Vivanco ni Migueles presentan en sus cartolas registros de ingresos que justifiquen la tenencia de esos US$ 15.600.

“Tanto él como ella, conforme a sus cartolas, no refieren o no registran en un tiempo coetáneo recursos económicos para poder o haber adquirido ese dinero, o más bien, no figuran en sus cuentas bancarias ninguna operación de cuenta de la adquisición de esos dólares. En consecuencia, de algún lugar vinieron”, expresó.

En esto, el fiscal Muñoz detalló la evidencia que posicionaría a Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio, como intermediario en estas transacciones de compra y venta de dólares para los abogados Lagos y Vargas.

Al analizar las comunicaciones, Muñoz mostró como evidencia una serie de mensajes entre la oficina de abogados y Pizarro, consultado el mismo 5 de julio del 2023 sobre a cuánto estaba el cambio de dólar.

Asimismo, la fiscalía destacó que este intercambio de mensajes se desarrolla justo después de las transferencias millonarias de Movitec a la oficina de abogados, lo que permitiría inferir que desde esa oficina se habrían originado los dólares que posteriormente llegaron a manos de Migueles.

Ese dinero que se va, detalló Muñoz en la audiencia, “se gasta en pagar deudas, líneas de crédito, sobregiros, etcétera”.