Este jueves llegó al correo electrónico de Carolina Vega un mail en el que se le comunicaba el término de la relación laboral con la Dirección de Educación Municipal de Santiago tras dos años, cuatro meses y 22 días como rectora del Instituto Nacional, cargo al que aterrizó por Alta Dirección Pública en mayo de 2023 bajo la administración de Irací Hassler y que ahora, con Mario Desbordes como alcalde, se acerca a su fin.

Tras un mes y medio suspendida, a la profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica de la UMCE se le comunicó que el proceso de investigación por el ataque en contra de un estudiante de tercero medio mientras se encontraba al interior de una sala del establecimiento concluyó, determinando que Vega incurrió en faltas graves a la probidad administrativa y negligencia en el cumplimiento de sus deberes, según informó la Municipalidad de Santiago el jueves por la noche.

“Está golpeada y triste”, dicen en el entorno de la profesional, donde aseveran que hará uso de la herramienta de apelación que también le fue informada por correo electrónico, donde le dieron cinco días hábiles para presentar esta herramienta administrativa a través de un recurso de reposición.

Ese proceso, creen las mismas fuentes, será breve, puesto que entienden que sus empleadores ya zanjaron su postura casi apenas iniciado el sumario y se debería reafirmar la decisión. Eso sí, la salida no se puede formalizar hasta que termine ese proceso de apelación.

Como sea, en caso de efectivamente terminar recibiendo una respuesta negativa a esa apelación, cercanos a la rectora no descartan que luego pueda recurrir a la justicia ordinaria o la Contraloría General de la República.

Y es que Vega está convencida de que obró bien e hizo uso de todas sus atribuciones en el caso que derivó en su -hasta ahora- desvinculación. Ella, de hecho, ha señalado -así lo dejó ver también formalmente en su defensa para este sumario- que se aplicaron inmediatamente los reglamentos para investigar los hechos, sancionar a los agresores y proteger al resto de la comunidad, incluyendo al estudiante agredido.

Muestra de ello, según ha expuesto, fue el resguardo del menor en la inspectoría general, el cambio de todo su curso a otra sala, activación de enfermería, constatación de lesiones, notificación a padres, derivación a Carabineros, suspensión de los agresores, acompañamiento socioemocional y la citación a consejo extraordinario de profesores, entre otras cosas.

En una carta a este diario publicada a los días de sus suspensión, de hecho, dijo que la mera suspensión “invisibiliza y controvierte injustamente la labor cotidiana que directivos, docentes y paradocentes realizamos, a veces exponiendo nuestra propia integridad, con tal de erradicar la violencia de nuestras aulas”.

Pero el sumario determinó otra cosa y la Municipalidad de Santiago emitió la noche del jueves un comunicado informándolo. “La investigación estableció que la autoridad del liceo no adoptó las medidas necesarias para resguardar la integridad del estudiante, omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público dentro de las 24 horas y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal sobre lo ocurrido, incumpliendo los protocolos de seguridad escolar y las obligaciones establecidas para los directivos de establecimientos públicos”.

“El sumario determinó que estas acciones constituyen una infracción al artículo 8° de la Ley N°18.575 sobre Probidad Administrativa, que exige actuar con eficiencia, eficacia y legalidad en el ejercicio de la función pública", seguía el escrito, el que buscó dejar de manifiesto que “durante el proceso -que respetó íntegramente las garantías del debido proceso- la exrectora presentó una lista de 45 testigos, entre ellos el exdirector de Educación Municipal, Rodrigo Roco, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien finalmente no declaró”. Según el texto, de ese listado 12 testigos prestaron declaración “garantizando transparencia y rigurosidad en la investigación”.

Pero luego el comunicado expone que “los descargos de la exrectora incluyeron acusaciones de discriminación de género y persecución política, las cuales fueron descartadas por la investigación, estableciéndose que el procedimiento se inició exclusivamente a raíz de la agresión ocurrida al interior del establecimiento y no por razones ajenas a los hechos investigados".

En el entorno de Vega dicen no compartir lo expuesto específicamente en el párrafo anterior. De hecho, aseveran que en su defensa la profesora nunca aludió persecusión política y, por el contrario, insisten que ella sí cumplió el protocolo y que institucionalmente se respondió de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Sin embargo, fuentes de la DEM aseveran que esos argumentos estuvieron presentes en los descargos expuestos por sus abogados en el proceso, que, por ahora, sigue abierto.