Cerca de las 22.03 horas del sábado, los guardias Manuel León (60) y César Osorio (50), quienes trabajan para una empresa contratista de CMPC, llegaron a bordo de una camioneta al sector de Selva Oscura, en la comuna de Victoria, para realizar labores de seguridad en el fundo Los Prados.

Sin embargo, cuando Osorio se bajó a abrir un portón, los dos trabajadores fueron atacados por un grupo de sujetos, quienes fuertemente armados abrieron fuego en contra del vehículo.

El ataque, que fue perpetrado por entre cuatro a cinco sujetos, causó la muerte de León, quien falleció instantáneamente a raíz de solo un disparo. Mientras que Osorio, quien saltó al pick-up de la camioneta al escuchar los disparos, recibió tres impactos y actualmente se encuentra internado grave.

El hecho, que quedó al descubierto tras el llamado a las 22.07 del trabajador de una empresa cercana, se convirtió en el primer ataque mortal en la Macrozona Sur después de más de un año y medio sin incidentes de este tipo y ocurrió a solo horas de un ataque incendiario en Carahue.

Pero además, y a nivel político y judicial, se ha planteado la interrogante de si en este caso corresponde invocar la Ley Antiterrorista, algo que, por ahora, ha sido descartado por el gobierno en voz del ministro de Seguridad, Luis Cordero. La autoridad de gobierno ha planteado que “eso va a depender de los antecedentes”.

Las hipótesis que se barajan

Tras ocurrido el hecho, la Fiscalía Regional de La Araucanía, a cargo del fiscal regional Roberto Garrido, dispuso que las diligencias del caso quedaran en manos del OS-9 y del Laboratorio de Carabineros, quienes tienen basta en experiencia en este tipo de ataques en la Macrozona Sur.

A esos equipos se sumaron también, tras la solicitud del Ministerio Público, agentes policiales de la Región Metropolitana, quienes trabajaron en el caso que logró dar con los tres autores del triple homicidio de los carabineros en Cañete.

Entre los primeros antecedentes que maneja la Fiscalía está que en este ataque de Victoria si bien los sujetos no usaron munición de guerra, emplearon una de alto calibre, que corresponde a una 308. Esta munición, que si bien corresponde a una que se comercializa, es similar a la que emplean fusiles de guerra, por lo que, según fuentes del caso, aún no se puede descartar que el ataque se haya producido con un armamento de este tipo.

De lo que sí ya existe certeza, según explicó el fiscal Garrido esta mañana, es que se trató de una emboscada. “Claramente era una situación que estaba preparada, esto da cuenta de una emboscada, de esperar a las personas, de poder planificar”, aseguró el persecutor.

Sobre las motivaciones que tuvieron los ataques, el fiscal señaló que “es algo obviamente que está todavía en un nivel de hipótesis, podemos especular sobre diferentes razones que habían tenido estas personas para atacar a las víctimas. Esto es parte de la investigación, no descartamos ninguna de ellas”.

Hasta ahora, según fuentes conocedoras del caso, los investigadores siguen dos líneas investigativas. La primera corresponde a que se trató de un intento de robo de la camioneta de los trabajadores. Aquello se basa en que, según los primeros antecedentes, los atacantes habrían pedido al conductor que se detuviera cuando León y Osorio huyeron. La otra hipótesis es que se trató directamente de un ataque armado en contra de los trabajadores para dar una señal de poder.

“Lamentablemente en los últimos tiempos hemos visto que la violencia se ha focalizado en el ataque a personas. Estas organizaciones criminales, con el hecho de haber sido atacadas fuertemente en otras áreas donde ellos desarrollan delitos o cometen delitos que les proporcionan recursos económicos como la sustracción de madera o la plantación de sustancias psicotrópicas, han derivado en el ataque directamente a las personas para hacerse de sus bienes y hacer este tipo de demostraciones”, agregó el fiscal regional.

Si bien el caso no quedará a cargo del mismo fiscal que el triple homicidio de los funcionarios de Carabineros, sí estará a cargo de un reconocido fiscal de la zona. Se trata del persecutor Héctor Leiva, mismo profesional que ha asumido otras causas complejas en La Araucanía, como la indagatoria en contra de Héctor Llaitul, caso que integró y en el que se logró una condena de 23 años de cárcel para el líder la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

¿Terrorismo?

El ataque ha generado diversas reacciones del mundo gremial y político, quienes han apuntado al gobierno para que se querelle por la Ley Antiterrorista. En entrevista con Radio ADN, el ministro Cordero apuntó que la decisión del gobierno de presentar o no una querella se basaría en los antecedentes del caso, confirmando que por ahora no ingresarían una acción judicial bajo esa normativa.

Más tarde, y tras un comité policial de Seguridad Pública en la comuna de Lo Prado, Cordero afirmó que “tenemos antecedentes por ahora para querellarnos por asociación criminal con homicidio, querella que va a ser interpuesta en las próximas horas”.

Sobre las razones para invocar la Ley Antiterrorista, la autoridad de gobierno explicó que no se ha invocado “por una razón técnica, especialmente porque la ley antiterrorista requiere algunos presupuestos para ese fin”.

“Nosotros podemos recalificar con posterioridad, utilizando la ley antiterrorista de conformidad a los antecedentes que nosotros estamos teniendo”, concluyó el ministro confirmando que por ahora tienen antecedentes para querellarse por asociación criminal con homicidio.

Consultado al respecto, el fiscal Garrido afirmó que “la calificación de terrorista es una cuestión que tenemos que discutir una vez que hayamos reunido elementos de prueba y que tengamos identificadas las personas para hacer la imputación".

Durante la tarde de este lunes, el Presidente Gabriel Boric junto con condenar el hecho, anunció que “como Ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio, como ya anunció el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella”.

Desde la empresa, por su parte, en voz del presidente del directorio de la CMPC, Bernardo Larraín Matte, calificaron el hecho como “un acto terrorista, cuyo propósito es amedrentar a nuestros trabajadores y a la ciudadanía en general, el que debe ser investigado y sancionado como tal, sin eufemismos ni excusas”.

“No hay estadística que valga, cuando se va la vida de una persona en manos de desconocidos que portaban armamento de guerra. No hay estadística que valga, cuando se destruye la vida de una familia”, manifestó el presidente de la CMPC, empresa que esta tarde se reunirá con Cordero.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, señaló a La Tercera que desde que se promulgó la nueva Ley Antiterrorista “van 23 atentados y no ha sido invocada en la mayoría de los casos, entiendo que solo en dos ha sido invocada, una en el atentado Rucalhue y en otro más en las mismas fechas. Lo que de alguna manera limita las investigaciones y demuestra la poca voluntad del gobierno en liderar absolutamente la desarticulación de estos grupos”.

En ese sentido, afirmó que “pedimos que se invoque la Ley Antiterrorista en todos los atentados que ocurran en la Macrozona Sur. Es una ley que fue hecha bajo este gobierno. Pareciera que se dan excusas para no aplicarla, cuando el principal problema terrorista es lo que ocurre en el sur. Y no entendemos por qué no se aplica”.

Mientras el gobierno evalúa los antecedentes, los particulares podrían querellarse invocando dicha ley. Así pasó en febrero, por ejemplo, cuando diputados de RN se querellaron por la Ley Antiterrorista luego del ataque a un helicóptero de la Conaf. Esa vez el Juzgado de Garantía de Collipulli declaró admisible la acción penal.