La tarde del 14 de noviembre de 2024, se hizo público la grabación de una reunión en la que participaba el penalista, Luis Hermosilla, y en cuyo registro se escuchaba hablar sobre presuntos sobornos a funcionarios públicos. Ese audio, enviado por Rodrigo Topelberg a Ciper para su publicación, con el paso de los meses provocó un verdadero terremoto político y judicial.

El audio derivó en la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público en contra de Hermosilla, así como también de la abogada que lo acompañaba en esa polémica reunión: Leonarda Villalobos. Pero el inicio de la indagatoria a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, y los hallazgos de las pericias a los teléfonos de los implicados, derivó en la crisis más grande que afecta al Poder Judicial desde la dictadura y que ya suma cuatro ministros removidos.

El denominado caso Audio, en el que se indaga los presuntos sobornos, tiene su origen en el caso Factop, nombre que surge de la investigación por presuntos delitos económicos cometidos por el factoring Factop, encabezado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Topelberg, salpicando, además a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

Si bien en un momento se indagaron como causas separadas, finalmente en enero de 2025 la investigación a cargo de los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, fue agrupada en una sola gran causa, llegando a sumar hasta 35 imputados según los registros del Poder Judicial.

Parte de los imputados -entre ellos el propio Hermosilla, Villalobos, Sauer, Topelberg y Jalaff- incluso estuvieron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, la gran mayoría en la Anexo Penitenciario Capitán Yáber, excepto Villalobos quien al ser mujer tuvo que recluirse en la cárcel de San Miguel y de San Joaquín. Actualmente, se encuentran sujetos a medidas cautelares menos gravosas, como es el caso del penalista, quien se encuentra bajo arresto domiciliario total, al igual que Villalobos.

Caso Audio Factop en tierra derecha

Pero a poco más de dos años desde el inicio del caso, el Ministerio Público ya concretó un paso clave para llegar al término de la causa. Esto, porque el pasado viernes 16 de enero, la Fiscalía Oriente ingresó un escrito ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para apercibir el cierre de la etapa investigativa.

El escrito fue ingresado por los fiscales Sepúlveda y Araya, quienes comunicaron el cierre al tribunal, argumentando que “habiéndose practicado las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos punibles, sus autores, cómplices y encubridores, de conformidad al artículo 248 del Código Procesal Penal, en este acto venimos en comunicar que, con fecha de hoy 16 de enero de 2026, se ha cerrado la presente investigación”.

Este martes 20 de enero, el tribunal resolvió que “a solicitud del Ministerio Público, téngase por comunicado el cierre de la investigación efectuado con fecha 16 de enero de 2026. Póngase en conocimiento de los demás intervinientes”.

De esta manera, y a partir del cierre de la indagatoria, el ente persecutor cuenta con diez días para presentar la acusación, requerimiento que le permitirá llevar a los imputados a juicio y donde, además, la Fiscalía pedirá las penas que busca en contra de los acusados.

En el mismo requerimiento, el Ministerio Público deberá presentar las pruebas y testigos que ofrece para el juicio, lo que será discutido en las audiencias preparación de juicio oral.

Las primeras condenas

Pero en el caso Audio-Factop, no todos los imputados llegarán a juicio. Por ejemplo, en agosto del año pasado, en un procedimiento abreviado, se condenó al excontador de los Sauer, Marcelo Medina del Gatto a la pena de cinco años de libertad vigilada, además del pago de multas.

También en procedimiento abreviado, la Fiscalía Oriente logró la condena de Renato Robles, exfuncionario de la Tesorería General de la República y quien recibió sobornos por parte de Villalobos y Hermosilla. En este caso, se le condenó a tres años de libertad vigilada, inhabilitación para tener cargos públicos y al pago de $3 millones, el doble del beneficio económico que recibió por el delito de soborno que cometió.

Mismo caso que Patricio Mejías, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien también recibió sobornos de los abogados, y fue condenado a la pena de cuatro años de libertad vigilada y una multa de $9 millones.

Por último, Alberto Sauer, padre de Ariel y Daniel, fue condenado en un abreviado por delitos bancarios a dos penas de 540 días, la cual se acogió a remisión condicional, es decir, cumplida en libertad.