“Un encapuchado se saca su overol con el que iba vestido y le prende fuego en el baño. Acto seguido, otro encapuchado procede a tirar un elemento incendiario, una molotov que se encontraba apagada. Esta golpea en la pared del baño, esparciendo el combustible acelerante y combustionando gracias al overol que ya se encontraba ardiendo”.

Esto es parte de una querella criminal por homicidio frustrado que interpuso uno de los padres de los quemados en la explosión del pasado 23 de octubre de 2024 en el INBA. Su hijo, de iniciales D.P.R., cursaba tercero medio en ese momento.

En el escrito se detalla parte de lo que pudo haber pasado ese día. Dice que luego de realizar la “bajada de los cuartos”, los encapuchados se fueron a refugiar al baño del establecimiento.

“Acto seguido, otro de los encapuchados trae un bidón con bencina que se encontraba en el baño -reza la querella-, acercándolo a la zona donde ya estaba en curso el incendio. Esto provoca que el bidón explote en el baño, esparciendo todo el combustible y el fuego producto de la incineración”.

Esta es, según una alta fuente policial que participó de las pericias en el INBA, una de las explicaciones válidas de lo que pasó esa tarde: la bencina evapora gases inflamables incluso sin ser encendida. Así, al ser manipulada en recipientes que no son aptos, y en un lugar con poca ventilación, genera un gran riesgo de ser encendida con un chispazo, con estática o, incluso, con las ondas que genera un llamado telefónico.

El resultado fueron 35 alumnos quemados.

Según detalla en reserva un abogado querellante en esa causa penal, las víctimas son todos miembros de la comunidad escolar y no se ha determinado que haya externos entre las víctimas. Eso sí, dice esa fuente, hay indicios de que probablemente los quemados no sean solo overoles blancos, sino que también “mirones”: el sobrenombre que tienen en los emblemáticos los estudiantes que no se encapuchan, pero que tienden a grabar las acciones o a alentar a los overoles.

Por la gravedad del hecho, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación para determinar por qué se produjo la explosión y, de paso, buscar responsables.

Pocas horas después de la tragedia, una publicación de redes sociales llamó la atención tanto en la comunidad del INBA como en la Dirección de Educación Municipal de Santiago (DEM).

Era un comunicado publicado en una cuenta de X. Se llama “Apoderados INBA”. Según profesores y directivos del colegio, la cuenta no corresponde a la del Centro de Padres oficial (CEPA).

En la publicación, además de lamentar la tragedia, justificaban que los estudiantes se hayan encapuchado para manifestarse.

“Ser tajantes en condenar y no dejar espacio a ningún intento de criminalización a estudiantes (...). Las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. (...) Manifestarse es un derecho, vivir sin nada que reclamar es un privilegio”, decía el comunicado.

El escrito no pasó inadvertido.

En paralelo, la fiscal Macarena Cañas, jefa de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, fue designada líder de la investigación de la explosión. En esas diligencias, Cañas le solicitó el 19 de noviembre del 2024 antecedentes a la DEM. A la Fiscalía le llamó la atención que, en otra querella por hechos de violencia en colegios, la DEM señaló esto: “La Dirección de Educación de esta Ilustre Municipalidad tiene la fuerte sospecha que, detrás de este hecho, al igual que detrás de muchos otros hechos de violencia ocurridos en establecimientos educacionales, durante este año, existen adultos externos que están motivando que ocurran estas acciones y que comprometen la vida de los jóvenes”.

Por eso, Cañas solicitó al organismo todos los antecedentes de adultos que disponían.

El documento lo confeccionó el área jurídica de la DEM y fue firmado por el saliente director del ente, Rodrigo Roco.

El escrito es tajante: por un lado, dice que los que están detrás de los hechos de violencia durante los últimos años son “principalmente” estudiantes mayores de 14 años.

Esa respuesta a la fiscal fue la primera vez en la que el municipio de Santiago constataba un hecho muy importante.

“Existen fundadas sospechas -dice el informe- de que estas acciones cuentan con el incentivo y aval de personas adultas”.

Los hallazgos

Desde hace unos 10 años, dice Rodrigo Roco, ex DEM hasta el 2024, surgieron sospechas sobre la acción de adultos detrás de las salidas de overoles.

Roco describe dos tipos de acción de adultos: participación directa como overoles blancos o capuchas, o bien, como adultos que los asisten.

-Existen muchísimos testimonios que están en poder del Ministerio Público y de las policías que describen situaciones y modus operandi en los que es evidente la presencia y acción de adultos externos a las comunidades escolares cuando ocurren hechos de violencia. Por ejemplo, desde el acarreo de pertrechos hasta la participación directa o el registro de tales acciones violentas.

Roco dice que entre 2022 y 2024, varias de las 21 querellas que presentaron por hechos violentos, en emblemáticos como el INBA, el Barros Borgoño, el Instituto Nacional y el Confederación Suiza “mencionan estos modus operandi”.

“(En esas salidas) se evidencia la presencia de personas adultas que actúan de diferentes maneras o en diferentes roles. En algunos casos, esas personas acarrearían pertrechos o se integran de lleno en las acciones de violencia (...), en otros casos, estas personas adultas se harían pasar por apoderados o incluso por personal de salud o de servicios públicos”, dice el informe.

Fernando Soto fue rector del Instituto Nacional entre el 2014 y el 2019. Asegura que también sospechaba de adultos detrás de los overoles. Había signos para hacerlo.

-Se estacionaban en las inmediaciones aparentemente como testigos pasivos. Solían intervenir gritando consignas contra las autoridades del colegio y contra la presencia de carabineros en los espacios aledaños al Instituto -asevera Soto-. Esto llegó a tal punto que en distintas ocasiones los funcionarios alertaban sobre la inminencia de alguna acción violenta, al advertir la presencia de algunos de estos adultos en los alrededores de los accesos del edificio.

Pilar Sazo asumió hace un mes como la nueva jefa de la DEM luego de ser subdirectora jurídica. Dice que hay “sospechas fundadas” de la participación de adultos.

-Un ejemplo muy sencillo, pero práctico -dice Sazo-: un overol cuesta ocho mil pesos. Cuando hacen salidas o cortacalles, participan, al menos, entre seis y 10 jóvenes. Es decir, solo en overoles necesitan de $ 50 mil a $ 80 mil pesos. Y a eso hay que sumar bencina, guantes, entre otros. Un menor de edad, por sí solo, no cuenta con presupuesto para financiar ese tipo de “actividades”.

Sazo sigue su argumento.

-Por otro lado, existen también registros gráficos donde se ve a estudiantes encapuchados recibiendo bolsos de personas adultas, con lo que creemos que son elementos para estas manifestaciones.

El documento que la DEM le envió al Ministerio Público dice algo similar.

“Es altamente probable que exista un apoyo financiero directo de parte de adultos con ingresos regulares, en función de proveer a estos jóvenes del dinero para contar con recursos tales como bencina, overoles, acelerantes, martillos, esmeriles portátiles (gallete­ros), guantes, botellas, teléfonos celulares, elementos para enmascarar el olor a bencina, vehículos para transporte, entre otros; e, incluso, eventualmente armas de diverso tipo”.

Otro aspecto que expone la DEM en su informe es que hay varias cuentas de Instagram dedicadas a la difusión de contenido de los mismos capuchas en sus salidas. En algunas ocasiones se muestran preparando los implementos, mientras que en otras arrojan consignas.

El documento indica que, según información que proporcionó la directora sumariada del INBA, María Alejandra Benavides -quien hoy figura en calidad de imputada por posibles negligencias el día de la explosión-, meses antes del incidente, esas cuentas llamaban a la acción de los estudiantes para conmemorar fechas como el aniversario del 18 de octubre, pero también de otros grupos como el MIR.

“El día 21 de octubre aparecen panfletos que aluden de forma genérica al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) señalando: ‘Con el ejemplo de los valientes, a dar kara a los enemigos del pueblo’. Tratándose de una organización política de larga historia en el país es dable suponer que puede haber adultos tras ese llamado y no solo jóvenes menores de edad”, dice el documento. También se detallan pantallazos de páginas que hablan de “recuperar el INBA”.

El texto extiende esta idea.

“Estos grupos tienen un radio de influencia probablemente mayor a solo establecimientos educacionales y jóvenes menores de edad, y es dable suponer que, propiciando acciones como la del 23 de octubre en el INBA, busquen asegurarse recambio y reclutamiento de nuevos adherentes e integrantes”.

La otra puerta que abrió el informe es la que vincula estos hechos a adultos que intentan tener influencia política dentro de los establecimientos.

Una épica inmoral

Incluso dentro de la actual DEM, altas fuentes señalan que están de acuerdo en lo que señala el informe emanado por Roco. Asimismo, suman otro aspecto más al problema. Existen adultos que hasta hace un tiempo seguían siendo apoderados de alumnos, sin ser padres biológicos de ellos.

Esto, señalan, dentro de la figura del “apoderado suplente”, creada para asistir a aquellos alumnos que están en internados, por ejemplo, y tienen a su familia fuera de Santiago. Esos adultos tienen la potestad de retirar a esos estudiantes algunas tardes para ir al médico o, sencillamente, al cine u otras actividades de ocio.

Una de ellas es individualizada en el escrito.

“Dentro de las personas presentes en los hechos del lunes 25 de noviembre en calle Santo Domingo a la altura del N°3535, se pudo identificar a la señora Lorena Ávalos Letelier, a quien se pudo reconocer por ser expresidenta del Centro de Padres y Apoderados entre los años 2018 y 2022”, dice.

Lorena Ávalos fue descrita por una presidenta de un Centro de Estudiantes del INBA para un reportaje de La Tercera en 2022, como una “activista política de izquierda” que alentaba a los niños a tomarse el liceo.

Ávalos fue contactada para este reportaje. Se sorprendió al aparecer mencionada en el documento. Dice que el día de la explosión no estaba cerca del INBA. Además, comenta que su hijo cursó tercero medio en el INBA, pero que cuando egresó siguió siendo apoderada suplente de niños del internado, por su rol como presidenta del Centro de Padres. “Llegué a tener ocho niños del internado”, asevera.

También cuenta que es dirigente en Madres por la Educación Sin Violencia, una agrupación “que acumula muchas exapoderadas y expresidentes de centros de padres en la defensa de la educación de los estudiantes”, indica.

Ávalos dice que la labor de la agrupación es de acompañamiento en las manifestaciones.

-La intención es defender a los estudiantes que caían siendo reprimidos por carabineros y a los mismos estudiantes que quedaban en el colegio, porque todos tienen problemas distintos. Unos sufren bullying, otros son golpeados por los papás.

Ávalos sigue explicando el rol de la agrupación.

-Cuando un estudiante cae por la movilización y cae a la comisaría, hay que ver con qué cargo se lo llevan. Si es la primera detención, a lo sumo lo van a dejar con una investigación de 90 días. Desde ahí no tienen que hacer nada más y tienen que mantenerse tranquilos y ordenados. Hemos tenido que hacer esa asesoría unas 22 o 23 veces.

La defensa que les consiguen a los detenidos, explica, recae en la abogada María Rivera, exconvencional constituyente conocida por su idea de disolver los tres poderes del Estado para establecer una “Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos”.

Para Sazo, todos estos adultos traspasan ideología a estos alumnos.

-En estos episodios violentos lo que hay son más bien expresiones políticas e ideológicas, que uno podría asociar a grupos de ultraizquierda o anarquistas promovidos o avalados por personas adultas, con un radio de influencia mucho mayor que los establecimientos educacionales.

La cuenta de Madres por la Educación Sin Violencia subió a sus redes una foto de un lienzo donde acusaban a Benavides de quemar a los estudiantes. También se lee al pie de foto: “¡Muerte a la ideología antipedagógica del Aula Segura, que es represión y tortura”. El pantallazo también figura en el informe que le llegó a la fiscal Cañas.

Altas fuentes policiales de distintos estamentos, y también dentro de la DEM, señalan en reserva que la falta de un “fiscal preferente” que acumule y siga todas las causas es una de las razones por las cuales no se ha llegado a identificar quiénes son los adultos detrás de los overoles. Es por eso que dentro del equipo que redactó el informe asumen que lo que mostraron aún son pistas e indicios, y que es el Ministerio Público y las policías las encargadas de investigar a fondo: no los funcionarios que trabajan en educación.

Por eso, Sazo indica que se reunió con uno de los fiscales a cargo de la investigación del INBA: “Para que las querellas tengan resultados, nosotros como parte interesada debemos promover diligencias, aportar antecedentes y mantenernos atentos para que la causa avance”.

También por eso, el informe de la DEM detalla una lista de seis cuentas de Instagram administradas por overoles blancos que incluso han fabricado imágenes de Benavides con su cabeza cortada. En la dirección piden a la Fiscalía seguir el rastro de esas cuentas y llegar a los números telefónicos detrás de ellas.

“Creemos que una investigación acuciosa y sistemática en esa línea permitiría identificar y detener las redes -argumentan- que dan soporte e incentivan estos actos de violencia, utilizando a menores de edad con tales fines”.

Según un abogado con acceso a la carpeta de la explosión del INBA, esta tiene pocos avances. Contiene unas 10 declaraciones de funcionarios y profesores. Hasta ahora, se sabe que solo un menor quemado declaró. La suspendida rectora Benavides fue contactada, pero prefirió no participar de este reportaje. Se espera, según altas fuentes que colaboraron en las indagatorias, que pronto aparezcan nuevos antecedentes.

Lorena Ávalos asegura conocer la identidad de varios de los encapuchados. También, que la violencia nace por otra razón.

-Los estudiantes son recibidos por Fuerzas Especiales en el colegio. Las salidas son una respuesta a que estén carabineros en la puerta del establecimiento. ¿Te gustaría llegar a tu trabajo en la mañana y que estén carabineros afuera? Eso es violento.

En cambio, a través del documento, en la DEM consideraron insólito que haya apoderados que tomen esa posición.

“Los intentos por dotar de sentido a la tragedia -reza-, buscando atribuirle una épica casi heroica o una radicalidad derivada del desamparo, resultan absolutamente inmorales ante la evidencia del daño que la acción emprendida provocó en estos 35 jóvenes”.