Cuando el lunes recién pasado la Corte de Apelaciones de Coyhaique comunicó que se acogió la solicitud de desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto (ind. Demócratas) -indagado por el Ministerio Público por fraude al Fisco-, el parlamentario dijo estar tranquilo y confiado en los antecedentes reunidos por su defensa.

Por lo mismo, no solo comunicó que apelaría ante la Corte Suprema, sino que también deslizó cuál sería su carta clave para enfrentar la contienda ante el máximo tribunal. Se trata, indicó, de análisis efectuados por el Comité de Auditoría Parlamentaria, entidad que justamente, según insistió el congresista, validó las labores de la asesora que aparece como coimputada en la indagatoria.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, Calisto se habría puesto de acuerdo con dos amigos cercanos para desviar fondos públicos para beneficio personal. El primero de ellos es Roland Cárcamo, funcionario del Servicio de Salud de Aysén y quien había sido su jefe de campaña en la elección de 2017, y la segunda, Carla Graff, profesora diferencial y pareja de Cárcamo.

A esta última el parlamentario la contrató como su asesora, en el periodo 2018-2022, recibiendo más de $100 millones. Sin embargo, para el Ministerio Público eso solo fue una pantalla. La Fiscalía indicó que la mujer nunca desarrolló labores ligadas con el trabajo legislativo y territorial del exdecé, y que ese dinero habría sido utilizado para saldar deudas e incluso apoyar la campaña de otro cercano a Calisto, el excandidato Felipe Klein (exdecé).

Sin embargo, para el diputado y su defensa se está ante un caso sin asidero y que, probablemente, tendría motivaciones políticas detrás. Como han planteado, tienen respaldo del trabajo realizado por Graff, por lo que recalcan que no existe fraude al Fisco.

En ese sentido, la defensa de Calisto detalla que, por medio de una solicitud realizada al secretario de la Cámara, Miguel Landeros, les confirmó que no había reproches ni observaciones a los informes presentados por Graff.

“El órgano específicamente creado para controlar el uso de los recursos asignados a los diputados refuta categóricamente el fundamento del desafuero solicitado por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Ahí se indica claramente que se cumplió la normativa vigente respecto de la prestación de los servicios, por lo que esperamos que, considerando este y otros antecedentes, la Corte Suprema revierta la decisión del desafuero del diputado Calisto”, afirma su abogado, César Ramos.

El check de la Cámara

Tal como indicaba el parlamentario, el pasado 23 de julio Landeros les hizo llegar un documento de dos páginas -al que accedió La Tercera- donde se abordaba la labor de la hoy cuestionada asesora.

Ahí se indica que “en nuestros registros de los informes anuales que el Comité de Auditoría Parlamentaria nos remite no tenemos constancia de observaciones efectuadas a sus contrataciones".

Asimismo, hace presente que “en lo que respecta a la evaluación de los informes, comprobantes de pago efectuados a doña Carla Graff Toledo, como se indica en el punto anterior, y del punto de vista formal, la administración no efectuó reparos porque ellos cumplieron con la norma vigente a la fecha de la prestación de los servicios”.

En atención a ello es que Ramos recalca que no es cierto que el mencionado comité detectara irregularidades, como habría planteado el Ministerio Público. “Las auditorías realizadas dispusieron expresamente su cierre ‘sin objeciones que señalar’”, afirma el defensor.

Ese mismo argumento fue abordado por la defensa en su alegato ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique y, al menos en esa instancia, su exposición no fue suficiente para convencer a los ministros de rechazar la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía.

“Las asesorías y múltiples labores antes referidas, según se desprende del propio tenor de las declaraciones de la señora Graf no fueron satisfechas, ya que se aduce a la realización o recepción de indicaciones básicas efectuadas por WhatsApp o teléfono, a lo que se suma la inexistencia de reportes detallados o de constancias de desempeño, que acrediten la realización de las tareas comunicadas, habiéndose prevalido para justificarlas de frases de estilo de orden genérico o de expresiones tipo, a la hora de dar cuenta de ellas en los informes emitidos ante el comité pertinente de auditoría del Congreso Nacional”, se lee en la sentencia.

Contrapuntos

Respecto a los dineros pagados a la asesora que habrían sido utilizados para pagar una deuda del diputado por la compra de una parcela, la defensa asegura que esto se debe a que el terreno en cuestión era de ambos.

“Esta investigación, que nace de un hackeo ilegal efectuado al diputado hace cuatro años en un año electoral, al igual que esta solicitud de desafuero, parte con una denuncia de un supuesto desvío de fondos que hace la asesora para el pago de un préstamo con el objeto de adquirir un inmueble para el diputado. El problema, para la tesis de la Fiscalía, es que la adquisición de ese inmueble es en común entre el diputado y la asesora, pues se trata de un inmueble que queda ubicado justo entre medio de sus domicilios. Ellos son vecinos y esa adquisición conjunta está demostrada en la investigación”, manifestó el penalista.

De igual forma, detalló que las transferencias que realizó Graff a Klein, quien fue candidato a gobernador regional y core por la DC, dicen relación con construcciones realizadas en la mencionada parcela.

“Este es otro caso en que se atribuyen características de ilícito a egresos absolutamente justificados y explicados. Son transferencias de la asesora, por cierto, jamás del diputado. Consta en la investigación que el señor Klein realizó diversas construcciones en la propiedad de la asesora, entre ellas, una piscina, un cierre perimetral y un portón. Incluso hay un informe policial que se refiere a la construcción de la piscina y constató publicaciones en redes sociales sobre ese hecho", detalló Ramos.