La tarde de este lunes los ministros de Seguridad y Justicia, Luis Cordero y Jaime Gajardo (PC), respectivamente, ingresaron la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y que establece explícitamente la supresión de las asociaciones de funcionarios.

Como se indica en el mensaje del Presidente Gabriel Boric, el proyecto en cuestión modifica los artículos 57, 101, 102 y 105 de la Constitución.

La modificación más importante, según se precisa, corresponde a la que se realizaría -de aprobarse en el Congreso- al artículo 101, para integrar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las que dependen del Ministerio de Seguridad Pública.

Asimismo, considerando que las labores de reinserción que hasta ahora desarrolla Gendarmería pasarán a manos de un nuevo servicio que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia, la reforma también incorpora dos disposiciones transitorias.

La primera, como pudo constatar este medio, establece un plazo de doce meses contados desde la publicación de la reforma, para que el Presidente de la República envíe al Congreso un proyecto de ley para crear el servicio especializado en la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Asimismo, indica que, mientras no se dicte la ley que cree dicho servicio, y únicamente durante el período transitorio, Gendarmería continuará desarrollando la citada función.

Por lo mismo, en ese intertanto, el Ministerio de Justicia mantendrá la prerrogativa relativa a la formulación de políticas, planes y programas en materia de reinserción social que deberá seguir Gendarmería. Estos, como se especifica, “deberán ajustarse y ejecutarse de conformidad con la Política Nacional de Seguridad Pública y, en su caso, con la política nacional de reinserción social que se dicte”.

“Lo anterior regirá mientras no se cree el Servicio Nacional de Reinserción Social y se efectúen las adecuaciones legales que, en virtud de la presente reforma constitucional, deban realizarse a la normativa legal vigente”, se complementa.

Ante las modificaciones, el ministro Cordero manifestó que esta era una iniciativa esperada por mucho tiempo y que resulta “indispensable para fortalecer la seguridad pública y enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario”.

En tanto, Gajardo agregó que “esta es una reforma urgente y necesaria para el país, que va en la dirección de fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de seguridad pública, de combate al crimen organizado y anticorrupción, que reconoce y posiciona a Gendarmería como un organismo clave para ese objetivo”.

El fin de las asociaciones

El mensaje hace referencia explícita al fin de las asociaciones de funcionarios. Se estipula que, considerando que el personal de las fuerzas de orden y seguridad se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 19.296 -que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, y que le está vedada la pertenencia a organizaciones sindicales-, los funcionarios de Gendarmería también estarán sujetos a ese estatuto.

La segunda disposición transitoria señala que, desde la publicación de la reforma, “las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas de pleno derecho, debiendo su liquidación efectuarse conforme a lo dispuesto en la ley bajo la cual se hubieren constituido”.

“A contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas, y su liquidación se efectuará conforme a la ley bajo la cual se hubieren constituido”, se lee en el mensaje.

Este punto ha generado controversia entre los funcionarios, ya que la mayoría de los gremios se resisten a la disolución. De hecho, hace algunos días el Frente de Trabajadores Penitenciarios, que congrega a cinco de los ocho gremios, envió una carta al Presidente Boric rechazando la reforma.

“El desafío legislativo no radica en dividir funciones, ni tampoco proscribir asociaciones, sino en perfeccionar su articulación, asegurando un sistema penitenciario eficaz, coherente y compatible con los compromisos internacionales”, manifestaron en la misiva.

Fundamentos de la reforma

En medio del mensaje, se hace presente como fundamento para sostener la necesidad de la reforma, que “durante la última década, el legislador ha impulsado diversas iniciativas que fortalecen el rol de Gendarmería, otorgándole facultades y estatutos de protección similares a los de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Estas reformas han tenido por objetivo integrar a Gendarmería en el sistema de justicia penal y reconocer su función como actor clave en la seguridad pública”.

A modo de ejemplo, se indica que el 10 de abril de 2023 entró en vigencia la Ley N° 21.555, que refuerza las competencias de Gendarmería y crea un delito general de extorsión. “Dicha ley modifica el artículo 79 del Código Procesal Penal para entregarle a Gendarmería el carácter de auxiliar del Ministerio Público”, se precisa en el texto.

Asimismo, modifica el Código Orgánico de Tribunales para integrar a Gendarmería en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.

De igual forma, menciona que la Ley N° 21.730, que crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública como instancia de coordinación y colaboración del Sistema de Seguridad Pública, incorpora expresamente al director nacional de Gendarmería de Chile entre sus integrantes.

Así, se indica que “esta modificación no solo redefine la dependencia institucional de Gendarmería trasladándola desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública, sino que también genera efectos inmediatos en el régimen jurídico aplicable a su personal. En particular, con su incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de Gendarmería”.