El viernes 28 de noviembre los profesores y funcionarios del Instituto Nacional volvieron a escuchar un sonido que vienen oyendo hace al menos cinco años. Era un sonido familiar, el augurio de un bucle violento. Como si se tratara de un adiestramiento o una advertencia, los alumnos convirtieron los silbatos en la canción de apertura de la irrupción de los encapuchados. Este ruido, acompañado de la inusual entrega de trabajos antes de las 9.00, para los profesores vaticina otra jornada de bombas molotov, el hedor penetrante de la bencina, sirenas estruendosas que contrastan con el silencio de clases, la peste irritante del gas lacrimógeno y ver a los estudiantes que hace momentos estaban en clases cambiar el clásico uniforme por un overol blanco. Este silbido se ha repetido 23 veces en lo que va del año.

Al escuchar el silbato, la ansiedad con la que comienzan el día los docentes se convierte en una certeza: lo que temían está sucediendo. La rectora subrogante, Sandra Aravena, conoce bien esas señales. Su primera reacción fue dar aviso a su superior jerárquico, la Dirección de Educación Municipal (DEM), a cargo de Pilar Sazo.

Al otro lado de la línea, el predecible WhatsApp comunica que los encapuchados ya están al interior del colegio. La situación cambia en cuestión de minutos. El primer mensaje queda obsoleto: ya no son cinco capuchas a las 9.06 de la mañana, cuatro minutos más tarde se agolpa una veintena de sujetos por la entrada de la calle Arturo Prat. La velocidad de los mensajes no alcanzan a seguirles el paso a los movimientos de los overoles blancos. La rectora da aviso que autorizará el despacho de los estudiantes: es decir, mandarlos a casa. Cuando Sazo contestó, el grupo externo ya había ingresado a los pasillos del Instituto. Mientras Aravena corría a replicar el mensaje de salida a los alumnos y docentes que miraban desde los márgenes del patio, un grupo de encapuchados abrió el portón de San Diego.

Como si fuera una obra, el grupo de overoles blancos comenzó a replegarse una vez que los demás alumnos dejaron el liceo. Cerca a la sala 22 del Sector 1, tres profesoras gritaron las instrucciones de evacuación cuando un grupo de encapuchados las atacó en las afueras del baño que está colindante con la salida de San Diego. La primera agresión: rociaron con bencina a una de ellas. Todos los miedos se volvieron palpables. Con sus ojos empapados de líquido inflamable, relatan testigos, intentó dirigirse al baño cuando el segundo ataque a golpe de puño desencajó los lentes del rostro de la segunda profesora. La tercera víctima recibió un golpe entre sus piernas. Pero no fueron puños o patadas. Esa mañana, los overoles blancos utilizaron una cadena.

El ataque no inmutó a los alumnos que miraban la escena y rápidamente hicieron una maniobra para ayudar a escapar a los encapuchados sin que fueran identificados.

Una profesora que imparte clases ahí hace 20 años presenció el ataque: “Fueron guardados por los alumnos que miraban. Les pusieron encima un plástico negro, hicieron una especie de biombo y así pudieron salir por el otro lado, no por San Diego, sino que por Alonso Ovalle”.

La sensación que quedó en la DEM es que no era casualidad que este ataque estuviera dirigido en contra de funcionarias que han estado involucradas en procesos disciplinarios por casos de violencia. Sin embargo, no era algo nuevo. Lo ocurrido el viernes se añade a un preocupante listado de profesores agredidos mientras realizan clases.

Desde marzo, ocho académicos del Instituto han recibido amenazas, ataques con líquido acelerante o, incluso, han sido el objetivo de bombas molotov, como fue el caso del profesor que esquivó este artefacto en octubre de este año. Muchos de estos incidentes se vuelven tan cotidianos que no llegan a la prensa. Por lo mismo, los profesores del liceo emblemático no se atreven a hablar sobre esto públicamente. Una de ellas cuenta bajo reserva, por miedo a sus alumnos, que una de sus compañeras recibe constantes amenazas de muerte y que fue rociada con bencina unos meses atrás.

El anonimato es justamente el elemento que dificulta identificar a los encapuchados. Por lo mismo, después de cada incidente, siempre ronda la duda sobre si los más violentos son adolescentes externos, miembros de otros emblemáticos o, incluso, adultos. Esta vez no fue así: un alumno de 16 años del IN fue aprehendido como uno de los autores responsables por porte de artefacto incendiario y lesiones contra las docentes.

La detención dejaba una certeza para los docentes: debajo de las capuchas que temían estaban sus propios alumnos.

El infierno de Arturo Prat 33

El adolescente que, tras su control de detención, quedó con arresto nocturno domiciliario y bajo vigilancia del Servicio Mejor Niñez, era un estudiante de tercero medio. Su madre, de 37 años, casi la misma edad de las profesoras golpeadas, también era docente y tiene un domicilio registrado en Quilicura. Su padre, en tanto, fue condenado en 2017 a seis años de cárcel en Colina por tráfico de drogas en Recoleta.

En la querella presentada por la DEM, a la que tuvo acceso La Tercera, sostienen que “la intervención (del alumno) le cabe en los delitos de elaboración y porte de artefactos incendiarios, arrojamiento de bombas molotov, desórdenes públicos y las lesiones causadas a las funcionarias, es en calidad de autor, sin perjuicio de la responsabilidad que se determine respecto de los demás partícipes que conformaban el grupo agresor”.

Una funcionaria que ha sido agredida sostiene que hay un aspecto común entre los estudiantes que están involucrados en estos incidentes. “Lo que pasa es que los niños, cuando se meten en esta situación de capucha, no pueden salir. A veces lo hacen como por adrenalina, por querer saber cómo es. Pero después no pueden salir, porque ellos mismos los amenazan de que van a sapear. No pueden salir y se quedan inmersos en esto. Es como una mafia”, asegura.

Además, destaca que entre el estudiantado hay un sentir de “el que es capucha es bacán”. Otro factor que identifica es que “hay niños que son vulnerables y necesitan pertenecer a algo. No tienen sentido de pertenencia o un vínculo en su familia. Entonces hacen este sentido de pertenencia en estos grupos antisistema”. Sin embargo, también existen “los que tienen todo y un entorno cercano y se van expulsados con un 6,8 de promedio por ser encapuchados”.

Algunos de estos estudiantes, dice la funcionaria, probablemente son los mismos que están detrás de las amenazas que reciben constantemente por redes sociales. Tras el ataque, una de las publicaciones de Instagram de la cuenta Apoderados Movilizados IN, activa desde 2022, publicó un extenso mensaje que, entre otras cosas, decía: “Ninguna agresión sin respuesta. Quien actúe como paco será tratado como tal”. Al acoso cibernético que reciben diariamente las profesoras se suman los lienzos encontrados al interior del colegio con intimidaciones directas a ciertos docentes, uno de ellos lleva el nombre de dos profesores con la advertencia: “Vamos por ustedes, sapos”.

Hacer malabares entre las enseñanzas y la sobrevivencia a las amenazas de grupos de encapuchados ya es parte del currículum. Una funcionaria que fue agredida este año, que prefiere proteger su identidad debido a las múltiples amenazas que recibe, expone el temor que sienten. “Los profesores del colegio están súper afectados, porque al fin y al cabo les tienen miedo. Nosotros como profesores siempre sentimos miedo de los estudiantes que sabemos que participan como encapuchados”.

La situación del cuerpo docente no solo se agota en casos del Instituto Nacional. Desde enero, la ACHS ha recibido 81 procedimientos por funcionarios de establecimientos educacionales que acuden a la Unidad de Intervención de Crisis, que consiste en un programa de atención para trabajadores que están expuestos a situaciones traumáticas. La misma institución ha recibido 52 ingresos de funcionarios agredidos por desregularizaciones de alumnos, 41 casos por amenazas o insultos verbales por parte de alumnos y 36 atenciones relacionadas con salud mental, entre ellas, situaciones de estrés tras episodios de violencia.

El miedo de los profesores ha quedado estampado en querellas presentadas por la DEM de la Municipalidad de Santiago a favor de dos funcionarios del liceo que han sido amenazados de muerte, así como también una querella contra el estudiante detenido en el contexto del ataque a las tres profesoras el 28 de noviembre.

La directora de la DEM, Pilar Sazo, explica que las sanciones son aplicadas a nivel interno y penalmente. La municipalidad ha presentado 23 querellas por hechos de este tipo, 12 de ellas nominadas.

Para Sazo, las querellas han contribuido a una “efervescencia” estudiantil que comenzó a aumentar desde julio. En sus palabras, asegura que en estos 10 años por primera vez hay medidas cautelares contra los menores involucrados. “Lo que vemos es que el año pasado también se entablaron querellas, creo que fueron cinco, una de esas tiene que ver con los niños del INBA, pero nos dimos cuenta de que muchas de ellas estaban estancadas”.

Y agrega: “Nosotros entendemos que el trabajo de los fiscales es una tremenda carga, y si nosotros, que somos los interesados y los que estamos querellándonos no nos ponemos a disposición del fiscal, la verdad es que no avanzamos y eso es así. Entonces, nos dimos cuenta de esto y fortalecimos este trabajo colaborativo”.

En enero, los colegios municipales pasarán a la administración de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), lo que deja en incertidumbre el futuro de las acciones judiciales impulsadas por la alcaldía. Autoridades del actual gobierno municipal de Santiago sinceran sus aprensiones sobre la puesta en marcha de los SLEP y su falta de coordinación para interiorizarse sobre los temas de seguridad que van enlazados con los liceos emblemáticos. Desde el Ministerio de Educación aseguran que están trabajando en un plan para “este tipo de materias y a la luz de nuestras competencias, que tienen que ver con la promoción pedagógica de la convivencia y el resguardo del bienestar de quienes son parte de las comunidades educativas”.

Uno de los profesores que aceptó entregar testimonio sin reserva de identidad es Alejandro Vargas, cuyo último día de clases fue el viernes 28 de noviembre. Se desempeñó como profesor en el IN durante 35 años y se encontraba en la ceremonia de su jubilación el día de las agresiones. Con su experiencia por los pasillos del histórico colegio ubicado en Arturo Prat 33, asegura que “lo que pasó el viernes no es nuevo, viene pasando hace años. El colegio está quebrado”.

Un ejemplo de eso, cuenta, fue cuando encapuchados incendiaron su oficina. Ahí aprendió algo que ahora también explica:

“Ser inspector o profesor en el Instituto Nacional hoy día es similar al infierno. Y tal vez me quede corto”.

Mentirle a la familia

Ser profesor en el Instituto Nacional no solo conlleva sortear las amenazas y bombas molotov, sino que también significa ocultar la realidad a sus familias. Una de las funcionarias dice que ha optado por no contarle a su esposo o hijos sobre las agresiones que sufre en el colegio. Pero hay ocasiones, como la del viernes 28, en que las agresiones llegan a la prensa. Ahí ya no es posible seguir omitiendo.

“Es tremendamente doloroso para nosotros cada situación de encapuchado. Las familias de uno a veces no entienden la situación, el compromiso que uno tiene con los estudiantes. Mi mamá, mi marido, mi familia siempre están cuestionándome por qué sigo en el Instituto, por qué siempre estoy ahí. A veces ellos no entienden que hay un compromiso con los niños, con la educación pública, un compromiso con el Instituto para que pueda haber clases normales”, confiesa una docente.

Las profesoras agredidas se encuentran con licencia, y aunque una de ellas volvió de reposo esta semana, el terror de que esto vuelva a ocurrir sigue ahí. No por nada, explica una integrante del cuerpo académico, muchos deben ingerir fármacos contra la ansiedad para estabilizarse del miedo que les produce ir a su lugar de trabajo.

Este temor después de una agresión han aprendido a manejarlo entre ellos. “Uno vuelve con miedo y con la conciencia de que va a volver a pasar. O sea, sabemos que esto va a volver a pasar. Entre nosotros nos damos ánimo, tenemos momentos de contención, de conversar, de llorar, de reflexionar. Te mandan un mensaje. Y vamos luchando entre todos para que el colegio funcione”, cuenta una funcionaria. Esta actitud también ha mimetizado las agresiones como la nueva normalidad. Al día siguiente se vuelve a las clases como si durante la jornada anterior no hubieran golpeado a tres profesoras.

Esa misma ansiedad se sentía el viernes pasado durante la mañana. Tanto en la DEM como en el colegio esperaban otra jornada violenta. Sobre todo porque el día anterior, el Liceo Manuel Barros Borgoño había tenido desórdenes. La tensión estaba en el primer recreo, donde suelen suceder los desmanes. Sin embargo, eso no ocurrió ni en el primer ni en el segundo recreo. En la DEM piensan que fue por el contingente de guardias municipales y carabineros que se ubicó afuera para desincentivar cualquier salida de encapuchados. Pero eso, dicen en el colegio, no termina ahí.

Ahora, el miedo está puesto en la licenciatura de los cuartos medios que se realizará el 12 de diciembre. Ahí temen que los estudiantes expulsados se organicen en un nuevo ataque. Por lo mismo, la idea de suspender la ceremonia fue tratada sin éxito en el consejo de este martes.

Aunque antes de eso está el regreso a clases de las dos profesoras agredidas que aún siguen con licencia. Es la próxima semana, y como dice una docente, el ánimo en Arturo Prat 33 no ha cambiado: “Mis colegas están con miedo. Los inspectores, los profesores del equipo están con miedo, porque no sabemos qué va a pasar”.