El 6 de enero de este año se llevó a cabo un acto conmemorativo del 67° aniversario de la revolución cubana y del natalicio de Fidel Castro en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, con la presencia, entre otros, del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. La actividad derivó en dos denuncias anónimas en Contraloría por el uso de las dependencias de la casa de estudios estatal, así como otra de los diputados UDI Sergio Bobadilla, Guillermo Ramírez y Ricardo Neumann. Hoy, luego de más de tres meses desde aquello, el ente fiscalizador le da la razón a los denunciantes a través de un dictamen al que tuvo acceso La Tercera.

En él se lee que la Contraloría pidió a la Casa de Bello información sobre la actividad en cuestión, y que en su respuesta formal expuso que la Facultad de Artes “se limitó únicamente a prestar el espacio institucional” tras una solicitud de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH), que justificó la petición para una actividad artísticocultural que se realizaría en conjunto con el Comité Solidaridad con Cuba, relacionada con el aniversario de la revolución cubana. Del mismo modo, la respuesta institucional de la universidad argumentó que la autorización “resulta concordante con los valores de pluralismo, respeto, convivencia democrática y pensamiento crítico” que la inspiran.

Sin embargo, para la entidad liderada por Dorothy Pérez esto no fue explicación suficiente. De hecho, argumenta que la autonomía administrativa “implica la facultad para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno”, lo que “no las exime de la aplicación de las normas legales que las rijan en la materia y de observar el principio de juridicidad”. Dicha autonomía, agrega el texto, exige el cumplimiento del principio de probidad administrativa, recordando artículos que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros, y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.

En ese contexto, el escrito recuerda un dictamen de 2023 que ya señaló que los bienes de los órganos del Estado “no pueden ser empleados por las autoridades o funcionarios para las actividades de carácter político, como colocar en ellos cualquier clase de distintivos o afiches, pintarlos con colores o símbolos que identifiquen a una determinada coalición o partido político, o llevar a efecto en los mismos cualquier actividad en apoyo a estas, directa o indirectamente, toda vez que ello no solo implica ocupar tales bienes en un fin totalmente distinto de su objetivo, sino que también importa el uso de recursos financieros o físicos en beneficio de una determinada postura”.

Con todo eso a la vista, Contraloría advierte que la autorización del uso de la Sala “Isidora Zegers” fue acogida sin que se acompañara una programación detallada de ella, y que de los registros analizados se extrae que se instalaron carteles alusivos a la revolución cubana, que se efectuó un homenaje vinculado a los ciudadanos cubanos fallecidos en Venezuela, y que concurrieron dirigentes de un partido político (el PC), además de representantes diplomáticos extranjeros. Del modo, el dictamen recuerda que la propia rectoría manifestó no haber tenido conocimiento previo y rechazó toda utilización político-partidista de instalaciones universitarias.

“La actividad desarrollada excedió la mera realización de un evento artístico-cultural o de una simple reflexión académica, revelando una manifiesta connotación política, sin que la autonomía universitaria y los principios que informan a la Universidad de Chile puedan ser entendidos como una habilitación suficiente para facilitar sus bienes institucionales en relación con una actividad que presenta dicho carácter, esto es, ajena, al menos en la forma en la que fue autorizada y ejecutada, a los fines propios del servicio”, dicen las conclusiones del dictamen.

Y añaden: “La autonomía de las universidades estatales no las exime del deber de observar los principios de juridicidad y de probidad administrativa, por lo que sus bienes solo pueden destinarse al cumplimiento de sus fines propios o, excepcionalmente, a otros fines de interés general debidamente justificados, lo que no se advierte suficientemente acreditado en el caso”. Además, se advierte que no es posible desestimar las denuncias vinculadas con el uso de recursos institucionales y las deficiencias de control interno, “por cuanto el solo señalamiento de que la organización asumiría los gastos operativos no basta para excluir, por sí, la utilización de dependencias, tiempo de personal, servicios básicos, equipamiento, seguridad u otros medios asociados al funcionamiento ordinario del recinto”.

Por todo lo anterior, Contraloría exige a la universidad adoptar las medidas necesarias para regularizar sus procedimientos de autorización de uso de recintos institucionales; establecer mecanismos objetivos y trazables de control previo; determinar si en la situación denunciada se comprometieron recursos públicos en fines ajenos a los institucionales, y ponderar hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas. Para todo ello da un plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación del pronunciamiento, que está fechado el 14 de abril.

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