El próximo 4 de diciembre culmina el plazo de 30 días establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para ejecutar el desalojo de la megatoma de San Antonio. En consecuencia el municipio está buscando opciones para habilitar un albergue, medida requerida para resguardar a los ocupantes de la toma mientras se concreta el desalojo.

Actualmente, 10.251 personas -más de 4 mil familias- residen en el terreno de 215 hectáreas del Cerro Centinela. En consecuencia, esta se ha transformado en la toma más grande del país.

El medio impreso El Líder de San Antonio reveló que el municipio calcula que el costo para el albergue sobrepasaría los $1.000 millones. Sin embargo, la municipalidad no cuenta con esos recursos.

En diálogo con ese mismo medio, el jefe de gabinete de San Antonio, Esteban Hinojosa, reconoció que la situación “es compleja, porque la municipalidad no tiene los recursos suficientes para el albergue. No obstante, la Corte no solo hace responsable a la municipalidad, sino que también a algunos ministerios (Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social)”.

Según pudo conocer La Tercera, la municipalidad ya estaría barajando una opción de albergue, sin embargo, este alcanzaría para resguardar solo a 50 familias. Para resolver el nudo, se están gestionando reuniones con las entidades correspondientes.

Aún quedan tres semanas para concretar el desalojo, que contemplaría un amplio despliegue policial y municipal. Eso sí, Hinojosa recalcó que “la Municipalidad de San Antonio no está a cargo del desalojo, el responsable es el dueño de los terrenos con el Ministerio del Interior”.

“No somos responsables de trasladar. La Corte nos dijo que tenemos que habilitar el albergue”, sostuvo.