Reacciones divididas generó en el Congreso el informe del Plan Nacional de Búsqueda que apunta a la posible existencia de restos de al menos 30 detenidos desaparecidos en un ex vertedero de la comuna de Macul, en la Región Metropolitana.

El documento, de 33 páginas y revelado por CIPER, fue entregado a la ministra en visita Paola Plaza, quien lidera la investigación judicial. En él se recogen testimonios que describen el presunto traslado y entierro ilegal de cuerpos durante los meses posteriores al golpe de Estado de 1973, en un terreno ubicado en la intersección de Departamental con Macul.

Reacciones desde el Congreso

Desde la oposición, el diputado del PPD Carlos Cuadrado, valoró el informe y destacó su relevancia como parte de una política pública orientada a esclarecer violaciones a los derechos humanos. “Este informe demuestra que ningún poder está por sobre la verdad, y ninguna herida se cierra en la negación”, afirmó.

En esa línea, el parlamentario llamó a que la justicia actúe con rapidez. “Los tribunales deben actuar con la celeridad que exige la conciencia pública, y la ministra Paola Plaza debe ordenar las excavaciones sin dilaciones”, sostuvo, enfatizando la necesidad de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para las familias de las víctimas.

Así también, la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, expresó: “Hace mucho tiempo la gente relata que durante los dos primeros años de la dictadura civil militar se tiraban cuerpos asesinados en departamental. Luego se señaló que era donde estaba la antigua rotonda departamental. A mí, lo que me parece importante de esto es que aquí hay una presentación judicial, y yo espero de verdad, que de una vez por todas se investigue ese espacio, porque genera mucha expectativa”.

En ese sentido, precisó que además el Estado “tiene la obligación de buscar a las víctimas de desaparición forzada. Y, por lo tanto, espero que próximamente se decreten diligencias, hay testimonios que señalan el lugar donde se hicieron estas inhumaciones ilegales. Por lo tanto, yo espero que pronto podamos ver avances en este sentido”.

Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naveillán manifestó dudas respecto de los antecedentes conocidos. “Me imagino que con lo antigua de esta denuncia se habrá investigado… me parecería raro que en tantos años no se hubiera hecho”, señaló, apuntando a la falta de claridad sobre por qué estos hechos no habrían sido abordados con anterioridad.

El informe del Plan Nacional de Búsqueda identifica una zona prioritaria de excavación de 0,75 hectáreas y establece que en el lugar podrían encontrarse víctimas detenidas entre septiembre de 1973 y comienzos de 1974, incluyendo militantes políticos, ciudadanos extranjeros e incluso un menor de edad.