Proceso constituyente: presidente de la Suprema raya la cancha y dice que “imparcialidad, independencia y inamovilidad” son pilares en Estado de derecho

Con la interpretación del Himno Nacional a cargo de la soprano Constanza Wilson Ossandón, de 15 años, este miércoles, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, dio inicio al año judicial 2023. Junto a ello, el ministro entregó la cuenta pública de lo que fue la gestión del Poder Judicial.

A la ceremonia, celebrada en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales, asistieron el Presidente Gabriel Boric y otras autoridades: el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; el de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el defensor nacional (s), Osvaldo Pizarro; el presidente del Tribunal Constitucional (s), Cristian Letelier, el contralor Jorge Bermúdez; el ministro de Justicia, Luis Cordero; el comandante en jefe del Ejército, Gabriel Iturriaga; el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez; el general director (s) Carabineros, Marcelo Araya; el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, entre otros.

El presidente del máximo tribunal del país entregó varias cifras respecto a la gestión de los tribunales. Para el final de su discurso, Fuentes tuvo palabras para lo que será el nuevo proceso constituyente que se inicia el lunes 6 de marzo, cuando se instale la Comisión Experta, compuesta por 24 personas elegidas por el Congreso.

“En el proceso constitucional anterior el Poder Judicial colaboró brindando su experiencia y conocimientos al órgano a cargo de elaborar la propuesta que fue plebiscitada en septiembre pasado, con el más pleno respeto de sus competencias”, comenzó diciendo Fuentes sobre este punto.

Luego explicó que para este periodo “el tribunal pleno acordó que la comisión de ministros a cargo de la coordinación legislativa también sostendrá la vinculación con los órganos que elaborarán las propuestas que serán plebiscitadas”. En esa línea planteó que, “como siempre, esta colaboración se afianza en el convencimiento de que cualquier cambio en la ley fundamental de nuestra República debe resguardar el respeto de los principios esenciales de la jurisdicción”.

Ahí el presidente de la Corte Suprema enumeró una serie de principios que, a su juicio, deben estar presentes en la Carta Magna. “Creo pertinente recordar que los principios de imparcialidad, autonomía, independencia, inamovilidad, legalidad, igualdad ante la ley, exclusividad, inexcusabilidad y cosa juzgada, constituyen pilares fundamentales de todo Estado de derecho y democrático”, sostuvo.

“La afectación de estos principios implica, necesariamente, un serio riesgo para las personas y en particular para el debido proceso”, agregó.

Fuentes también abordó uno de los cambios que se incluían en la propuesta constitucional anterior -que fue rechazada-, donde se sustituía el nombre de Poder Judicial por el de Sistemas de Justicia. En ese sentido comentó que, a su juicio, el actual nombre debería mantenerse.

“La denominación de la institución llamada a ejercer la jurisdicción como “Poder Judicial” tiene un trasfondo que excede su significación semántica. Que los jueces y juezas formen parte de un poder es, a mi juicio, esencial para posicionar adecuadamente al juzgador en el marco del necesario equilibrio de los poderes públicos, fortaleciendo con ello su autonomía para ejercer cabalmente su rol frente a cualquier individuo, institución o grupo, siempre en función de garantizar los derechos de las personas”, remarcó.

Respecto a la gestión de los diversos tribunales, el presidente de la Corte Suprema señaló que durante 2022 ingresaron a los tribunales de primera instancia poco más de 2 millones 460 mil causas, sin incluir exhortos. La cifra representa un aumento de un 14% respecto del año anterior.

“Desglosando las cifras, se aprecia que el mayor incremento de estos ingresos se produjo en las causas civiles, con una variación del 33 por ciento (33,01%); seguido de las causas de familia y laborales, con un 29 (28,84%) y 16 por ciento (15,63%), respectivamente”, señaló.

Así las cosas, Fuentes indicó que “los ingresos de las causas de competencia penal experimentaron una disminución de un 16%, mientras que las de cobranza laboral y previsional se redujeron en poco más de 2%”. En cuanto al término de causas, la cifra rozó el millón 960 mil, número prácticamente igual al de 2021.

Por otro lado, en los tribunales de segunda instancia, vale decir las Cortes de Apelaciones y la Suprema, los ingresos durante el año pasado muestran “un comportamiento distinto” al de 2021. Por ejemplo, en el último año se contabilizaron 840.405 causas en las 17 Cortes de Apelaciones del país, lo que representa un incremento que supera el 186% respecto al 2021. Esto, dijo, “se explica por el significativo aumento de recursos de protección interpuestos contra isapres, que en 2022 superó las 668 mil causas”.

También los recursos de amparo mostraron un comportamiento diverso, pues mientras en 2021 tales acciones se incrementaron al doble en sus ingresos, en 2022 disminuyeron en casi un 19%.

Por su parte, las causas pendientes en las Cortes de Apelaciones ascendieron a 338.171, de las cuales 284.623 corresponden a recursos de protección contra isapres.

En la misma línea, el ingreso de causas en la Corte Suprema llegó a 171.875, lo que representa un aumento de un 77%, “cifra notablemente influenciada por las apelaciones de recursos de protección contra isapres”.

Por otra parte, el 2022 la Corte Suprema puso fin a 147.088 causas, correspondiente a un 39% más que en 2021.

En su alocución, Fuentes abordó también el respeto a los derechos humanos en el marco de las causas judiciales, “un aspecto de especial preocupación para el Poder Judicial”.

Al iniciar este punto, Fuentes destacó la labor del ministro Mario Carroza en “la Coordinación Nacional de las causas de graves violaciones a los derechos humanos en el período 1973 a 1990″.

“En lo que respecta a las causas sobre violaciones a los derechos humanos conocidas por ministros en visita, al 31 de diciembre de 2022 se encontraban en tramitación un total de 1.462 investigaciones. Por su parte, ante las Cortes de Apelaciones existían 42 recursos pendientes y, en la Corte Suprema, un total de 146″, detalló.

El ministro dijo que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó, durante el 2022, 56 fallos en materia penal y civil relativas a este tipo de causas.