Después de varios anuncios, este lunes el gobierno finalmente ingresó el proyecto que legaliza el aborto sin causales. Para varios, eso sí, el mensaje tiene un elemento a lo menos, curioso: aunque el documento tiene 22 páginas, el proyecto de ley como tal ocupa solo dos. El resto está dedicado a explicar por qué se presenta esta iniciativa: se repasa el aborto en el país, las barreras actuales para acceder al procedimiento y cifras -aproximadas- sobre cuántas mujeres siguen recurriendo a prácticas clandestinas.

El proyecto parte relatando la historia del aborto en Chile, desde los años en que se permitía solo por razones terapéuticas hasta llegar a la legislación actual, que autoriza la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

De ahí en adelante, el documento busca evidenciar por qué es necesario avanzar hacia una regulación más amplia.

Por ejemplo, argumenta cómo esas barreras legales terminan empujando a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos, con los riesgos que eso implica para su salud y su vida. “Cada año un número importante de abortos continúa siendo realizado en la clandestinidad. Investigaciones estiman que, al año, se realizan 40.000 abortos fuera del marco legal”, establece el proyecto. Acorde a esas cifras y considerando que en Chile nacen 189.313 personas al año, de ese total aproximado de embarazos viables un 21% terminaría en aborto.

El escrito luego da cuenta que varios de estos procedimientos terminan incluso con proceso penales. De acuerdo con un estudio de la Corporación Miles, la gran mayoría de las denuncias proviene de establecimientos de salud, generalmente en casos de mujeres que recurren a una atención médica por una complicación de un aborto clandestino.

El mismo estudio de Miles citado en el proyecto se evidenció que, entre el periodo 2020 a 2022, 444 personas fueron investigadas por el delito de aborto, y en 12 de estos procedimientos se aplicó la medida cautelar de prisión preventiva.

En ese contexto, el proyecto firmado por el Presidente Gabriel Boric, la ministra de Salud, Ximena Aguilera y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también recoge recomendaciones de organismos internacionales que han instado a Chile a permitir el aborto sin necesidad de justificar una causal.

Asimismo, enumeran argumentos a favor de la nueva legislación como “permitir el acceso a la interrupción del embarazo mediando la voluntad de la mujer, contribuye a la prevención de procedimientos peligrosos”.

En ese contexto, se argumenta que “la condición jurídica del aborto no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de que una mujer recurra a una interrupción voluntaria del embarazo, pero afecta drásticamente a su acceso seguro”.

Y respaldan afirmando que hay un estudio realizado a nivel mundial en 2022 que constató que entre 2015 y 2019, un 41% de las mujeres en edad gestante accedió a una interrupción voluntaria del embarazo en países en donde la prestación es legal; mientras que dicho porcentaje alcanzó un 39%.

“Estas cifras evidencian que la tipificación como delito no influye en la decisión de abortar, ni impide que las mujeres aborten o busquen información y sean derivadas a servicios en el extranjero donde puedan acceder al aborto. Por el contrario, la OMS explica que ‘la tipificación limita el acceso al aborto seguro y legal, y aumenta el recurso al aborto ilegal y peligroso´”, concluye ese pasaje del documento.

En el proyecto el Ejecutivo también se argumenta que permitir el acceso a la interrupción del embarazo por la voluntad de la mujer asegura el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Tras toda esa argumentación es que aparecen los seis artículos que componen la norma.

En términos concretos, el proyecto permite el aborto hasta la semana 14 de gestación, solo con la voluntad de la mujer, adolescente o niña embarazada y no se exige acreditar una causa específica.

Además, el proyecto respeta la objeción de conciencia del personal médico, permitiendo que se abstengan de participar si así lo desean, bajo las condiciones ya definidas por la ley.

Finalmente, el proyecto establece que el Estado deberá tomar medidas para asegurar el acceso rápido y seguro al aborto.