Desde octubre de 2024 que la funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció al exsubsecretario Manuel Monsalve por delitos sexuales aún se encuentra con licencia médica.

Fue durante ese mismo mes que se destapó un caso que remeció a La Moneda: en la Fiscalía Centro Norte había ingresado una denuncia por violación contra el ex hombre fuerte de gobierno realizada por una subalterna suya. El remezón al interior del Ejecutivo terminó con varias renuncias de funcionarios de esa cartera, entre ellos la del propio Monsalve, quien tras ser formalizado permaneció seis meses en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Eso sí, los 14 meses de permiso médico de la denunciante no han estado exentos de dificultades para ella. En marzo de este año la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) dejó de pagar sus licencias, lo que abrió un nuevo frente judicial. En junio, luego de que La Segunda publicara esta situación, su abogada en la parte penal, María Elena Santibáñez, afirmó que la denunciante “estaba muy afectada ya que esa era su única fuente de ingresos” y que, en ese escenario, no podía subsistir.

Así las cosas, inició un litigio laboral que hace unas semanas concluyó con un tribunal laboral fallando a favor de la mujer. Con esa resolución a su favor, la denunciante ha seguido recibiendo sus ingresos, pese a los reparos de la Compin.

A prácticamente tres meses de que se acabe esta administración, la mujer continúa con permisos médicos, afirman fuentes de Interior. De hecho, fuentes que saben del caso comentan que mantendrá su vínculo con esa cartera hasta después de marzo, por lo que su permanencia en la Subsecretaría del Interior seguirá hasta que se instale el gobierno del presidente electo José Antonio Kast a partir del 11 de marzo del próximo año. Esto, porque los trámites en tribunales laborales se extenderían hasta esas fechas.

Consultada por La Tercera sobre la situación laboral de la denunciante, la Subsecretaría del Interior señaló que han dado “estricto cumplimiento con sus obligaciones legales y se ha puesto a disposición de los organismos fiscalizadores y tribunales de justicia”.

Asimismo, explicaron que “existe un juicio de tutela laboral interpuesto por la asesora en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En esta instancia, que es de carácter reservada, es el Consejo de Defensa del Estado (CDE) quien representa a la subsecretaría".

Desde la entidad además afirmaron que, acorde a la ley, la situación laboral de la denunciante no puede ser modificada hasta que el juicio concluya: “En cumplimiento de las leyes 18.834 y 21.675, en especial a lo dispuesto en el artículo 22 de este último cuerpo legal, la situación laboral de la asesora no puede sufrir modificaciones hasta que este juicio concluya”.

Abogados explican proceso laboral

Consultados por este diario, los abogados laborales de la denunciante Rodrigo Azócar y Romina Urzúa explicaron en qué está el proceso.

“Hubo varios meses en que la denunciante no recibió el pago de sus licencias médicas. Tras una medida cautelar presentada por esta parte al tribunal en la audiencia preparatoria, la cual fue acogida por el tribunal del trabajo, desde noviembre pasado las licencias han sido debidamente pagadas. Cabe destacar que dicha resolución tuvo por objeto evitar que la trabajadora sufriera perjuicios mientras se tramita el juicio”, señalaron por escrito.

Además, los abogados señalaron que “la causa está en una etapa avanzada” y encaminada a su término: “Los medios de prueba ofrecidos han sido rendidos e incorporados al proceso, restando únicamente la presentación de los alegatos de cierre u observaciones a la prueba. Se espera que el tribunal dicte sentencia dentro de los próximos meses".

Por último, señalaron que este caso podría marcar la jurisprudencia en materia laboral. “Este caso reviste especial relevancia, no solo por el contexto en que se produce el acoso, esto es, en el marco de una relación de subordinación y asimetría de poder, sino porque se perfila como uno de los primeros casos emblemáticos en la aplicación de la Ley Karin", añadieron Azócar y Urzúa.

"La sentencia que se dicte podría constituir un precedente relevante para futuras decisiones judiciales, con impacto tanto en el sector público como en el privado. También porque acá se pide la tutela judicial de un tribunal para que se pronuncie sobre estos hechos, la que debe considerar la perspectiva de género y el Convenio 190 de la OIT”, concluyeron.

El proceso penal

El viernes 12 de este mes la Defensoría Penal Pública fue notificada de que el Ministerio Público había cerrado la investigación del caso Monsalve, quien se mantiene como imputado por los delitos de violación y abuso sexual hace más de un año.

Desde su domicilio en Viña del Mar, donde se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total, Monsalve se quejó de que no fue notificado y tuvo que enterarse de este hito procesal “por la prensa”. “Considero de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes", señaló en un comunicado el viernes.

En ese mismo comunicado, junto con asegurar que probará su inocencia durante el juicio, el médico dejó entrever cuál sería su estrategia en el corto plazo. Allí señaló que evaluaría junto a su abogado, el defensor penal público, Víctor Providel, si la investigación estaba “realmente agotada”.

Conocedores del sistema procesal explican que desde que se cerró la investigación comienza a correr el plazo de 10 días tanto para que la Fiscalía presente la acusación contra Monsalve, pero también, en paralelo, para que la defensa pida reabrir la investigación. Justamente, esto último es parte de la que sería la próxima jugada de Monsalve: pedir un nuevo plazo.

La queja que han venido sosteniendo Monsalve y su abogado es que no se han realizado una serie de diligencias, principalmente en torno al restaurante Ají Seco Místico, lugar donde él y la denunciante fueron a comer y beber alcohol en la tarde del 22 de septiembre de 2024.

Eso sí, esta sería la última vez que Monsalve puede pedir más plazo ya que, según establece el artículo 257 del Código Procesal Penal, solo se puede pedir una reapertura y debe ser para diligencias que quedaron pendientes. El nuevo plazo, de ser esta su estrategia, debería ser discutido en una nueva audiencia.

Quien no está de acuerdo con esto es la abogada querellante María Elena Santibáñez, quien afirma que los constantes aumentos de plazo van en perjuicio del bienestar de su representada. Además otras fuentes de la causa comentan que una de las razones para solicitar más plazo apunta a que Monsalve lo que busca es ganar días en su casa ante una eventual condena de cárcel.