Hoy, tras una semana infructuosa en que el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, intentó aplacar las críticas en su contra, una posible destitución pasó de amenaza a un poco más allá: la bancada de consejeros regionales de la UDI confirmó este viernes su decisión de sumarse al proceso para apartarlo del cargo que impulsan los republicanos, configurando por primera vez un escenario articulado y con los respaldos necesarios para llevar el caso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El anuncio lo realizó el jefe de la bancada gremialista en el Consejo Regional, Álvaro Bellolio, desde la sede del partido. “Estamos disponibles y vamos a trabajar en el escrito para que sea otra instancia, en este caso el Tricel, el que evalúe esta falta de probidad y pueda ver las distintas sanciones que puedan haber al Gobierno Regional”, sostuvo.

La ofensiva política contra el gobernador ocurre en paralelo a un complejo escenario judicial. El Ministerio Público abrió una segunda causa penal en su contra, ahora liderada por la Fiscalía Oriente, luego de que la Contraloría detectara un presunto uso irregular de fondos públicos para favorecer su campaña de reelección.

De esta manera, el Partido Republicano logra hoy obtener 15 firmas: las cuatro de la UDI, que se sumarán al escrito aún sin fecha de ingreso definida, se unen a los 11 cores de la bancada del partido de José Antonio Kast. La decisión fue adoptada tras intensas conversaciones que se extendieron hasta altas horas de la noche del jueves.

Según confirman fuentes presentes en esas reuniones, los argumentos iniciales del Partido Republicano no terminaban de convencer a la UDI. Lo que gatilló el giro fue la recepción de dos nuevos antecedentes que apuntan a eventuales conflictos de interés y tratos directos irregulares, los cuales, según Bellolio, configuran “faltas graves a la probidad”. Y aunque Contraloría ya había revelado estas irregularidades, las pesquisas internas de la UDI le dieron una añadidura: según ellos, hay nexos cuestionables entre algunos de los contratos en la mira.

Uno de estos antecedentes, explicó Bellolio, involucra a una empresa de servicios web –AJEM Asesores y Consultores Limitada– que recibió dos contratos por trato directo por un total de $110 millones. Según el core, “nos hemos enterado de que un alto directivo del Gobierno Regional es socio del dueño de esa empresa”, lo que “evidencia un conflicto de interés y una posible negociación incompatible”.

El segundo caso a que apuntan los gremialistas es el de una organización contratada por el Gobierno Regional en 2022 y 2023. “Se contrató a una fundación asociada a la madre (Claudia Serrano) del ese entonces subsecretario (de Desarrollo Regional y Administrativo) Miguel Crispi, a cargo de ver las partidas presupuestarias y asociadas al presupuesto del Gobierno Regional. Fue en esta instancia donde se relajaron las condiciones, donde se generó el caso Convenio”, dijo Bellolio, quien sumó que esto generaba “dudas de la contratación de un pariente del ese entonces subsecretario”. Esa organización es RIMISP, de la cual Serrano fue directora ejecutiva.

Ambos antecedentes, afirman desde la UDI, fueron claves para destrabar la decisión de trabajar en conjunto con la bancada republicana. “Hemos estado trabajando con abogados del partido, revisando el fallo de Contraloría, el caso ProCultura y estos nuevos casos. Nos parece que se ha usado el trato directo para beneficiar a cercanos de autoridades y funcionarios del Gobierno Regional”, explicó el consejero gremialista.

Desde la interna del partido señalan que, aunque consideran la acusación aún prematura, la línea jurídica que seguirán estará centrada en la falta de probidad, a diferencia de la figura de notable abandono de deberes invocada en el caso de la exgobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo. Creen que la acusación será más similar a la que terminó con la destitución de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo.

En tanto, la UDI dejó el tema en manos del abogado Máximo Pavez. Él será una de las piezas claves en esta acusación cuando regrese este lunes desde Estados Unidos para asumir la conducción legal del proceso junto a Pablo Toloza.

Pese a ello, en el bloque existía una coordinación previa, en la que la condición era que se dieran los vistos buenos jurídicos para avanzar en el proceso.

En esa línea, desde la UDI afirman que se comenzará a realizar una coordinación para combinar los argumentos que hoy desarrollan los republicanos.

Mientras tanto, para preparar el escrito, los republicanos también han recurrido a la experiencia de Cristián Rondanelli, excore y uno de los impulsores de la acusación contra la exgobernadora Naranjo hace un año.

Una vez enterado de la oficialización de la idea de la UDI, el gobernador Orrego señaló que “es un burdo aprovechamiento político. En base a esta acción están pidiendo la muerte política de una autoridad electa democráticamente por más de 2,5 millones de personas, basados en un informe de Contraloría que tiene etapas pendientes de apelación, sin que haya ninguna acusación formal en mi contra, mucho menos una condena y sin darme espacio legítimo a mi defensa”.

Y agregó: “Esto se llama, en cualquier lugar del mundo, aprovechamiento político y abuso a la democracia. Respecto de la información entregada por la UDI en relación a una jefatura del gobierno de Santiago, he instruido una investigación inmediata para esclarecer los hechos por ellos mencionados”.

¿Y Renovación Nacional?

Hasta altas horas del jueves, desde RN –quienes han revisado por su cuenta la información entregada por el Gobierno Regional– desconocían la determinación de la UDI de sumarse a republicanos.

Tanto así, que se asumía que se tomaría una decisión conjunta entre ambas colectividades. Un ejemplo de esto era la fluida conversación entre ambas bancadas de cores, además de un grupo de WhatsApp que reúne tanto al jefe de bancada republicano, Ignacio Dulger, como a Bellolio y a la core María Valeria Ponti (RN).

Pero nada de eso ocurrió y desde la bancada de RN optaron por una postura más cautelosa.

A través de una declaración pública, los consejeros afirmaron que no se excluirán ante “posibles actos de uso indebido de recursos públicos y faltas a la probidad administrativa”, pero subrayaron que una eventual solicitud de destitución debe basarse en “argumentos jurídicamente sólidos” y no en presiones políticas.

“No podemos dejar un espacio a errores que terminen favoreciendo a quien hoy debe rendir cuentas”, advirtieron.

Asimismo, anunciaron que este lunes buscarán constituir formalmente la Comisión de Control Regional, instancia que fiscalizará los polémicos contratos con Vera y Asociados, y solicitarán una audiencia con la contralora general para evaluar los antecedentes con “criterio técnico y objetivo”. Una audiencia que desde la UDI ya fue solicitada a la encargada de la entidad fiscalizadora.