De acuerdo con la Convención dé Belém do Pará, la violencia contra las mujeres en política se define como “cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

Con esa definición como telón de fondo, si bien tanto a nivel nacional como regional ha aumentado la identificación, reproche y sanción contra este tipo de conductas, a medida que la participación de mujeres en política ha ido en ascenso, la violencia hacia ellas también se ha incrementado.

Así lo indican la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, y la presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), Mónica Soto. Ambas coinciden en que se requiere analizar con mayor detalle esta problemática, para así identificar situaciones y obtener antecedentes concretos.

La proliferación de medios digitales es uno de los factores que han incidido en el aumento de este tipo de violencia en contra de las mujeres, y desde 2020 que el Servel se ha mantenido monitoreando situaciones en redes sociales.

Dado este escenario y el hecho de que no había información sistematizada de la problemática, cuando en 2025 Figueroa llegó a presidir el Servel, comenzó a diseñar el Observatorio de Violencia Digital contra la Mujer en Política, una plataforma inédita que se lanzó esta semana.

Los primeros informes del observatorio muestran que este tipo de violencia no sólo afecta a un determinado grupo de mujeres en política, sino que es más bien transversal e independiente del sector. Afecta tanto a aquellas de derecha como de izquierda, a quienes son candidatas y también a las que son designadas como autoridades.

En la primera vuelta de la elección presidencial de 2025, por ejemplo, sólo dos de los ocho candidatos fueron mujeres: Jeannette Jara (PC) y Evelyn Matthei (UDI). Aunque los hombres eran el centro de más del doble de las conversaciones en redes sociales -25 mil menciones en torno a hombres y sólo 10 mil respecto de las mujeres-, fueron ellas el principal blanco de dichos tóxicos, que es el término que utiliza el Servel para referirse al lenguaje violento.

Mientras que en el 19% de los comentarios respecto de los candidatos hombres se hallaron apreciaciones tóxicas, la cifra llega a 22% cuando se trataba de mujeres.

Jara, de acuerdo con el análisis del Servel, concentró los mensajes violentos, con 3.334 publicaciones en su contra que se consideraron tóxicas. Luego aparece en el listado José Antonio Kast, con 3.054 publicaciones tóxicas, y en tercer lugar Evelyn Matthei, con 1.578.

Adicionalmente, al revisar las conversaciones que se dan respecto del gabinete del Presidente José Antonio Kast, también se constató que aunque las ministras son menos, se llevan igualmente la mayoría de las menciones violentas.

Se miraron las 60 mil menciones entre marzo y junio que hacían referencia a las ministras mujeres, y se identificó que el 33% tenía un lenguaje tóxico. “Vergüenza”, “tonta”, “culiá”, “weona”, fueron parte de los epítetos más frecuentes. En el caso de los hombres, en el mismo periodo, fueron 14 mil menciones, 15% de ellas con lenguaje tóxico: “Culiao”, “ctm”, “weones”, “corruptos”, “ladrones”.

La nueva herramienta

El objetivo del observatorio, como cuenta Figueroa a La Tercera, es justamente visibilizar este tipo de hechos, para luego conocer el efecto real que tiene esta forma de violencia. Esto, porque como detallan las expertas, el objetivo de la violencia que se ejerce contra mujeres en política es excluirlas, que salgan de cargos de poder o que se marginen de incursionar en carreras políticas.

Como indica la magistrada Soto, la intención de quienes violentan a estas mujeres es que vuelvan a lo que se considera son sus labores tradicionales, como las de cuidado, en la casa y que no ocupen puestos que erróneamente consideran que son sólo para hombres.

Por ello, esta nueva herramienta del Servel es una apuesta para lograr sistematizar información y así avanzar en prevención y medidas efectivas para frenar el aumento de la problemática. Los insumos se pondrán a disposición de las distintas entidades y se pretende que sea especialmente utilizada en capacitaciones a los partidos políticos.

“Lo que queremos hacer es que las percepciones que existen las podamos ir transformando en datos. Estamos aplicando metodologías rigurosas para identificar los patrones que existen. Porque esto no es un problema individual de las mujeres que quieren participar de la política, es un problema de la convivencia social, de la convivencia política y de la democracia. Nosotros, como órganos electorales, tenemos que promover la democracia, tenemos que habilitar que cuando se da el proceso electoral, las personas hayan podido participar en igualdad de condiciones”, dice la presidenta del consejo del Servel.

La normativa en la que encuentra sustento este observatorio, además de la Convención dé Belém do Pará, es la ley Integral de Violencia de Género, que establece “medidas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, reconociendo expresamente la violencia simbólica y política”.

Un impulso para la región

Soto, como presidenta de AMEA, forma parte del Consejo Asesor Internacional que apoyará el trabajo del observatorio. Desde su rol dice que es una herramienta que ojalá pueda ser replicada en otros países de la región, para así enfrentar esto como bloque.

La magistrada cuenta que a raíz del trabajo de observación con perspectiva de género que realiza la entidad que encabeza, insiste en que no hay países que estén en una mejor o peor situación, sino que sólo hay zonas donde el problema está más registrado, como en México.

“Las áreas de oportunidad de un observatorio como el que acaba de instalar el Servel, que tenemos la fortuna de poder acompañar, nos va a permitir identificar con mucha más precisión el estado de la situación para tomar acciones contundentes, focalizadas en Chile inicialmente, pero que también nos servirán para poder advertir esto en otros lugares. Esto nos permitirá identificar lo que es la machósfera, que son estos espacios en la red digital de odiadores de las mujeres con poder, donde muchas veces se organizan”, comenta la magistrada.

Considerando la experiencia que tienen en México, Soto también hace presente la necesidad de colaborar con las mujeres que se ven afectadas por la violencia política. En dicho país cuentan con una defensoría especializada, por lo que recalca la importancia de que esto se pueda expandir en la región. Primero, porque muchas veces las mujeres que enfrentan estas situaciones temen denunciar y porque también hay una sensación de que los casos no llegan a sanciones efectivas.

“Las instituciones públicas tenemos que trabajar con una responsabilidad pública para favorecer las democracias”, subraya.

De acuerdo con ambas profesionales, además, se requiere abordar con mayor eficacia las sanciones para quienes ejercen este tipo de violencia. En ese tema el modelo mexicano sirve como ejemplo, ya que establecieron un registro de violentadores que es de acceso público, y que implica que la persona que ahí aparezca también queda con la restricción de ser candidato a algún cargo.

Esa opción, dice Figueroa, convendría analizarla para que eventualmente el Poder Legislativo la pueda estudiar para replicarla en suelo chileno.