Dos años y nueves meses han pasado desde que la noche del 22 de agosto, tras ser detenido en un complejo operativo, ingresó hasta la cárcel El Manzano en la Región del Biobío Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

El vocero de la organización también ha permanecido en el mismo recinto penal tras ser condenado, en mayo del año pasado, a 23 años de cárcel por los delitos relacionados a la Ley de Seguridad Interior del Estado, usurpación violenta y atentado contra la autoridad, entre otros.

A 1.015 días de su llegada al recinto penal del Biobío, el líder de la CAM recurrió a la Corte Suprema, a través de un recurso de amparo, para pedir ser trasladado al módulo de comuneros de la cárcel de Temuco, pidiendo que se respete que es parte del pueblo mapuche.

Si bien esta no es primera vez que Llaitul pide el cambio de penal, se trata de la primera ocasión que la defensa del condenado recurre para aquello al máximo tribunal. El único paso del vocero de la CAM por la Suprema fue cuando dicha instancia rechazó la nulidad de su juicio y confirmó la sentencia que lo mantendrá hasta las rejas hasta el 2045.

La apelación de Llaitul

A mediados de mayo las abogadas Verónica Bórquez y Josefa Ainardi, que representan al comunero, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco para solicitar el traslado de cárcel de su representado.

En esa ocasión el tribunal de alzada rechazó el requerimiento de las abogadas, afirmando que -como planteaban- Gendarmería no ha vulnerado los derechos fundamentales del condenado al no cambiarlo de penal.

Ante esa negativa, Bórquez y Ainardi recurrieron recientemente ante la Suprema para apelar al amparo, indicando que el líder de la CAM ha sido vulnerado en sus garantías fundamentales sobre su “su arraigo familiar y el respeto a sus derechos culturales y ancestrales como autoridad del pueblo nación mapuche”.

¿Falta de condiciones?

En el escrito ingresado ante el máximo tribunal se cita el requerimiento ante la Corte. En este la defensa de Llaitul planteaba que el penal ubicado en Concepción “no cuenta con la infraestructura necesaria para mantener a presos mapuches y, además, lo mantiene alejado de su familia y cultura, transgrediendo sus derechos culturales-ancestrales, el derecho a la protección de la familia y amenaza su integridad física y psíquica, tornando su privación de libertad en un acto ilegal y arbitrario”.

Ante el tribunal de segunda instancia también las abogadas de Llaitul afirmaron que el condenado “pertenece a la etnia mapuche y en tal calidad presenta ciertas necesidades especiales que no son cubiertas en el módulo en que se encuentra, que es el que corresponde a personas que profesan la fe evangélica, y que está ‘obligado’ a presenciar dichos ritos que a él no le corresponden”.

Sin embargo, y ante esos postulados, Gendarmería expuso que el líder de la CAM se encuentra autorizado para ingresar “alimentación propia de su cultura, el uso de vestimentas conforme a sus costumbres, no se le exige el rasurado facial como al resto de la población penal; también se ha autorizado el ingreso de una machi con medicina tradicional mapuche; de igual manera, se ha autorizado la realización de ceremonias representativas de su etnia”.

El argumento de la institución penitenciar para negarse al traslado de Llaitul, y como lo ha hecho ante las otras instancias en las que se ha solicitado, es que la cárcel de Temuco está catalogada como de “mediana seguridad”, a diferencia que la del Biobío es de “alta seguridad”, condiciones en las que debe estar recluido el líder de la CAM.

En esa ocasión el tribunal de alzada de Temuco rechazó el requerimiento porque consideró que “no se divisa la ilegalidad o arbitrariedad que las recurrentes atribuyen a Gendarmería de Chile de forma genérica”.

El líder de la CAM ante la Suprema

A raíz de la resolución de la Suprema, y en su apelación ante el máximo tribunal, la defensa de Héctor Llaitul argumenta -principalmente- que la Corte de Temuco no se hizo cargo de todos los argumentos que plantearon y que esta “adolece de falta de fundamentación al señalar por qué los argumentos de las recurrentes son desechados”.

Entre los argumentos que no se consideraron, según la defensa, están una carta de la mamá del comunero, un escrito enviado por presos de la cárcel de Temuco -entre los que se encuentra su hijo, Pelantaro- y un informe antropológico.

Pero además de eso afirman que el líder de la CAM “mantiene una conducta intachable” en Biobío y que en todas las ocasiones que ha estado preso “nunca ha intentado darse a la fuga, ni tampoco se ha intentado su rescate desde el exterior”.

Sobre la misma resolución del tribunal de alza, la defensa insiste que “no se hace cargo de ninguno de los fundamentos de pertinencia cultural referidos a garantías fundamentales contenidas en la legislación legal, reglamentaria y constitucional nacional, así como en tratados internacionales”.

“La resolución impugnada causa agravio al amparado toda vez que torna su privación de libertad arbitraria e ilegal al vulnerase los derechos y garantías descritas a través de los hechos expuestos”, concluye.