Durante la mañana de este miércoles, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, encabezó la presentación de la fuerza de tarea interinstitucional constituida para coordinar la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada.

“Esta fuerza de tarea implica obviamente hacer seguimiento a los distintos procesos, pero también convocar a todas las instituciones que forman parte de este proceso", explicó la subsecretaria.

En la cita estuvieron presentes representantes de Carabineros de Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar); la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); el Servicio de Impuestos Internos (SII); la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN); Banco Estado, la Asociación de Empresas de Valores (ASEVA); la Asociación Chilena de Empresas de Almacenamiento (ACHEA); Asociación Gremial HUBLS y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

Cabe señalar que la nueva norma se empezará a aplicar a partir del 28 de noviembre de este año y conlleva, entre otras cosas, la creación de un nuevo órgano el cual estará a cargo de la regulación y que estará alojado en la Subsecretaría de Prevención del Delito y que contará con la colaboración permanente de Carabineros.

Según detalló la subsecretaria Leitao, “se crea la División de Seguridad Privada en la Subsecretaría de Prevención del Delito y por otra parte también se genera una instancia de colaboración público-privada para su implementación”.

En la nueva legislación también se establecen criterios más claros para definir qué empresas o entidades están obligadas a tener seguridad privada.

“En primer lugar respecto de la determinación de lo que son las entidades obligadas, hoy día ya salió y ya está publicada una resolución sobre cómo se va a definir a través de una matriz de riesgo lo que son las entidades obligadas en materia de seguridad privada”, explicó la subsecretaria añadiendo que “obviamente se mantienen aquellas entidades obligadas que son entidades obligadas por ley”.

De acuerdo a lo que agregó, “hay una serie de instrumentos y de temas que se traspasan desde Carabineros de Chile, que se mantiene obviamente como entidad fiscalizadora, pero toda la parte administrativa, todas las autorizaciones, certificaciones pasan a ser de responsabilidad del Ministerio de Seguridad y en particular de la Subsecretaría de Prevención del Delito”.

“Cuando hay un mejor servicio en seguridad privada obviamente que se hace más eficaz el trabajo en seguridad y eso disminuye la carga sobre las policías que hoy día deben desarrollar una función y los hace focalizarse en aquellas tareas más relevantes en torno a la seguridad”, expresó Leitao.

La ley comenzará a regir para los eventos masivos el 28 de noviembre, mientras que para el resto de la industria será un proceso de transición.

Por su parte, el representante de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, Aldo Vidal, señaló que “estas instancias del trabajo público-privado son las que, finalmente, permiten tener un mejor desarrollo, una mejor implementación, que es un poco el propósito de esta fuerza de tarea, de llevar adelante este cambio regulatorio que es significativo, es muy importante, tiene muchos alcances”.

En la ocasión, la subsecretaria además detalló que esta ley “lo que hace es generar la necesidad de certificar y capacitar guardias vinculados a temáticas específicas”.

Según explicó, “van a haber capacitaciones y la idea es avanzar hacia guardias certificados en distintos, por ejemplo, guardias para eventos deportivos, guardias para eventos de conciertos, guardias para otro tipo de actividades o situaciones, y por lo tanto con una capacitación especial porque son actividades distintas y requieren preparación obviamente distinta”.