El inicio de la reforma notarial y registral está removiendo al Poder Judicial. Durante décadas la relación de los ministros de corte con los auxiliares de la justicia que pertenecen a la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial -notarios, conservadores y archiveros- había sido estrecha.

Tanto así que con el tiempo eso terminó en un círculo vicioso en que se ejercían influencias entre estos oficios y los magistrados para asegurarse los cupos en las ternas y así instalar amigos o familiares en buenos puestos para notarías o conservadores de distintas partes del país.

Pero todo eso se espera que quede atrás. Al menos ese es el espíritu de la reforma notarial y registral que, tras casi una década de tramitación, modificó aspectos relevantes de estos oficios centenarios.

Dicha reforma modificó el sistema para fiscalizar las notarías y conservadores. Si antes quedaban bajo la jurisdicción de los ministros visitadores, eso quedó en el pasado. Ahora todo queda en manos de los fiscales judiciales quienes ahora tienen un plan de fiscalización anual que incluso lo pueden ejecutar sumando la colaboración del Servicio Nacional del Consumidor.

Por lo mismo, en los meses previos a la entrada en vigencia de esta reforma, en el mundo de los notarios existía mucha incertidumbre por cómo iban a operar las nuevas normas. En medio de ese clima, en que hubo varias consultas por parte de los titulares de los oficios a las cortes, el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, envió por correo una instrucción y prohibió a los fiscales judiciales tener reuniones de coordinación previa con los notarios en las distintas jurisdicciones.

Eso incluso a pesar de que en algún momento estuvo sobre la mesa la opción de juntar ambos mundos para ir definiendo de qué maneja implementar los cambios que darán vuelta el sistema.

Las definiciones de Pizarro no solo se quedaron ahí. A todos los notarios que han querido reunirse con él para saber, semanas atrás, cómo venía la mano con el nuevo sistema de fiscalización, Pizarro les dijo que ya nos los recibirá nunca más en audiencias ordinarias como se hacía antes, sino que ahora todo debía solicitarse a través de la ley de lobby.

El asunto molestó a los notarios quienes le hicieron ver que la decisión era exagerada y no se condecía con la forma en como tradicionalmente se venía dando el diálogo entre el Poder Judicial y los oficios notariales y registrales. Más aún cuando, al menos públicamente, el discurso del gremio notarial ha sido colaborar para que el sistema mejore, se modernice y la reforma se implemente correctamente. Además hay quienes están molestos con que se les trate como gestores de interés cuando en realidad son auxiliares de la justicia.

Sin embargo Pizarro se mantuvo en su posición y, fuentes judiciales, dicen que los encuentros que ha tenido con los representantes del mundo notarial han sido por lobby.

Incluso hace unos días, en una ceremonia realizada en el salón de honor del máximo tribunal, Pizarro se topó con el presidente de la Asociación de Notarios, Carlos Swett, a quien volvió a reiterarle su decisión.

Quienes supieron de ese encuentro cuentan que Pizarro fue enfático en que no modificará su instrucción y espera que el resto de las jurisdicciones hagan lo mismo. Quienes han sabido de esto comentan que el magistrado está interesado en marcar una diferencia entre cómo operaba antes el sistema y cómo deberá operar ahora que entraron en vigencia nuevas normas que pretenden corregir todas las malas prácticas que se instalaron en el Poder Judicial.