Como todos los años, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó un diagnóstico del nivel de transparencia que cumplen las 345 municipalidades a nivel nacional.

La Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública -o Ley de Transparencia- mandata a los organismos públicos a publicar información de forma proactiva en la página web institucional de cada municipio. El CPLT buscó detectar el nivel de cumplimiento de esto.

En la entidad dirigida por la abogada Natalia González, se detectó un nivel de cumplimiento del 81,76% durante el año 2025, lo que, según el organismo, “representa el nivel de desempeño más alto desde que se mide”, es decir desde 2012, cuando el cumplimiento global fue de un 30,3%. Al mismo tiempo representa un aumento del 78,1% registrado durante 2024.

Las brechas relevantes detectadas por el estudio dan cuenta de falencias en áreas como la publicación de información sobre “actos y resoluciones con efectos sobre terceros” -donde se publican convenios o decisiones municipales que impactan a personas o empresas- donde hubo un grado de cumplimiento del 64,2%, lo que implica información incompleta, desactualizada o inaccesible.

González afirma que si bien “es valorable el aumento en los índices de cumplimiento de las municipalidades”, lo cierto es que “la obligación y el objetivo de cada municipalidad debe ser el 100% de cumplimiento. Vemos que todavía persisten bajos niveles de publicidad en materias que son fundamentales para la ciudadanía. Cuando hay falencias en la publicación de información sobre presupuestos, compras o decisiones que afectan a terceros, se vulnera el derecho a saber y se debilita el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos”.

Por ejemplo, la información presupuestaria llega a un 67,6% de cumplimiento, siendo las deudas municipales y las corporaciones los que menos cumplen. Después, las compras y adquisiciones registran un 67,8% de cumplimiento y temas como contrataciones de bienes muebles y servicios llegan a solo un 42,5% de cumplimiento. El área de información sobre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) alcanzó un 61,2%.

Las pocas municipalidades que tuvieron un cumplimiento perfecto son Curacaví, San Fabián y Punta Arenas, mientras que se reveló que un 12% de los 345 municipios tiene un nivel de cumplimiento bajo el 65%, mientras que municipios como San Ignacio, Malloa, Peñaflor, Antuco, Hualañé, Vichuquén y Victoria no superan el 50% de cumplimiento. La peor municipalidad fue la de Victoria, con un 43,2% de cumplimiento.

A nivel regional, Arica y Parinacota fue la región con peor nivel de cumplimiento -con un 71,7%-, mientras que la Región Metropolitana tuvo el mejor nivel: 85,8%.

Tras estos estudios, el Consejo para la Transparencia, dentro de sus facultades, impulsa procesos fiscalizadores para que los municipios mejoren sus niveles de cumplimiento. La idea es instruir procesos sancionatorios a entidades que presentan niveles de cumplimiento más bajos. Además, el estudio del CPLT se envía a la Contraloría General de la República para reportar aquellos casos más graves. En eso, la entidad dirigida por González ha sido clara en manifestar que publicar la información en las páginas web institucionales es obligatorio, por mandato legal.

Con todo, el CPLT además detectó que gracias a su estudio y la fiscalización de grado de cumplimiento, algunos municipios han aumentado la información que publican en la web. Por ejemplo, la comuna de María Elena el 2024 registró un 2,8% de grado de cumplimiento, el que aumentó a un 84,3% el 2025, mientras que la Municipalidad de Vicuña subió de un 45,2% el 2024 al 81,3% el 2025.

González, en todo caso, valora que el aumento en transparencia “es fruto de un doble esfuerzo: de los alcaldes y sus equipos de transparencia, por una parte, y, por la otra, de la incansable labor de este Consejo, tanto en la arista de la promoción, ofreciendo capacitaciones y orientación a lo largo de todo el país, como en su rol de fiscalización y sanción, que ha dado resultados concretos”.