El Ministerio de Educación (Mineduc) oficializó este jueves la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad La República (ULARE). La medida, formalizada mediante el Decreto Exento N° 109 el 23 de febrero de 2026, marca el inicio del proceso de cierre definitivo de la institución tras una crisis financiera y administrativa.

El Mineduc enviará los antecedentes para designar un administrador de cierre, quien asumirá la conducción académica de la institución en el proceso de cierre definitivo. El objetivo será asegurar la continuidad de estudios de los alumnos que se encuentren en condiciones de finalizar su carrera.

En ese sentido, se deberán gestionar las condiciones necesarias para que los 528 estudiantes que aún cursaban en la institución puedan retomar sus procesos académicos en la misma universidad o bien concluir su formación en otras instituciones, mediante convenios de reubicación.

De acuerdo al cronograma establecido por el Mineduc, el cierre definitivo será el 31 de diciembre de 2029. Por lo tanto, a partir de la tramitación del decreto, la universidad tendrá prohibido admitir o matricular nuevos alumnos en cualquier carrera o programa. Asimismo, se estableció que los alumnos que continúen sus estudios mantendrán sus becas y créditos estatales.

La Subsecretaría de Educación Superior destacó que el proceso seguirá desarrollándose con la coordinación de los organismos encargados de fiscalizar a las instituciones de educación superior y actuales autoridades de aquella universidad.

La crisis de la Universidad La República

La crisis administrativa y económica de la Universidad La República, fundada en 1988 y ligada a la masonería, se remonta muchos años atrás.

Fue en 2019 cuando la Superintendencia de Educación detectó morosidad comercial, protestos impagos e incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, además de la baja en la matrícula de la institución.

La casa de estudios ha sido objeto de numerosas demandas laborales, de cobranza y juicios civiles en los últimos años, con deudas que ascienden los $650 millones.

Fue en agosto de 2025 que el 19º Juzgado Civil de Santiago declaró finalmente su quiebra por deudas laborales impagas y, posteriormente, el cierre definitivo fue notificado por el Mineduc.