Víctor Ramos, subsecretario del Interior desde el 1 de abril, está al frente de la vocería sobre la consulta indígena impulsada por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Además de que el proceso ahora recae en Interior, Ramos lideró la comisión desde sus inicios, conoce de primera mano el proceso, las demandas de las comunidades y sigue en contacto directo con ellas.

La consulta, que busca poner a disposición de las comunidades el sistema de tierras, comenzó el 13 de agosto, pero aún se encuentra en la fase de planificación, definiendo cómo se llevará a cabo. En estas semanas, las instancias han enfrentado el rechazo de comunidades mapuche en las cuatro regiones involucradas. Y también de algunas figuras que compiten por un cupo en el Congreso como la exconvencional Elisa Loncon y el presidente del PPD, Jaime Quintana, que ahora postula como diputado en el distrito 23 en La Araucanía.

En definitiva, la consulta terminó convirtiéndose en tema de campaña y aparece empañando un proceso por el que el gobierno del Presidente Gabriel Boric apostó para destrabar un conflicto histórico.

¿El rechazo a la consulta puede considerarse un fracaso del gobierno?

No, el gobierno ha cumplido con lo que se comprometió con el pueblo mapuche: abrir un diálogo de alto nivel político. El resultado de la consulta lo determina el pueblo mapuche, y ellos decidirán si dejan las cosas como están o avanzan en cambios que favorezcan a las comunidades sin respuesta. Lo importante es mantener la posibilidad de diálogo: impedir que un sector participe sería un obstáculo. Esta es una propuesta del Estado que el pueblo mapuche puede observar, criticar, mejorar, aprobar o rechazar, y ese es el compromiso que hemos cumplido.

Pero el respaldo político se ha ido desvaneciendo. Loncon e incluso el senador Quintana han salido abiertamente a rechazar la consulta indígena.

Estamos centrados en lo que plantean las comunidades en cada uno de los encuentros y de los diálogos. Y de hecho, creemos que hay críticas atendibles que tenemos que recoger, desconfianzas que están ahí sobre si efectivamente esto cambia la ley indígena, o no la cambia, si es posible dialogar hoy bajo estos términos. O que la propuesta puede ser muy de parte del mundo político y del Estado, que era precisamente lo que buscábamos, porque era la demanda que existía.

¿Cómo se entiende que el presidente de un partido oficialista como Quintana llame a terminar la consulta?

Lo que digan los actores que hoy día se van a presentar a elección en un par de meses más no nos debe alejar del objetivo que es responder con una propuesta viable de ser implementada a una deuda que existe sobre el pueblo mapuche. Cuando decimos que hay que suspender o no insistir con la consulta indígena, ¿qué escenario estamos ofreciendo a las comunidades? Estamos cumpliendo un compromiso: ofrecer una propuesta viable de ser implementada y no resignarnos a que las cosas sigan como están, acumulando deuda. La consulta es fundamental para entregar más certezas a las comunidades indígenas y a todos los actores de la Región de La Araucanía.

¿Esperaban más apoyo de los sectores oficialistas? ¿Harán un llamado a más respaldo?

No hemos tenido intermediarios para dialogar con las comunidades y no los vamos a tener tampoco en esta fase. (…) Cerrarle la puerta a la consulta es creer que la política de tierra no es fundamental. O querer, de alguna u otra forma, que todo siga igual.

Las críticas apuntan a que la comisión se transformó en un tema electoral. ¿Les cabe responsabilidad?

No acomodamos los tiempos del diálogo a los calendarios electorales. Los plazos que hemos definido responden a la responsabilidad de ofrecer una salida institucional a la deuda del Estado con el pueblo mapuche, no a cálculos electorales. La propuesta incluye un tribunal arbitral, una agencia de reparación y un fondo para financiar esa respuesta. Negarse previamente al diálogo creo que no es propio del pueblo mapuche.

¿A qué responde entonces el rechazo de las comunidades a la consulta indígena que aún no comienza de lleno?

Creo que en todos los pueblos existen personas que quieren que siga todo igual.

Pero esto ha ocurrido con más de 20 comunidades. ¿No le llama la atención?

Hasta el viernes 22 se han realizado casi 50 jornadas de diálogo de la primera etapa de la consulta, con más de 2.000 personas participando, 800 solo en Araucanía. Yo matizaría que hubiese una gran oposición. La hay, sin duda. Pero recuerdo que el primer diálogo que tuvimos con la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, en Temuco, a dos semanas incluso después del crimen de los tres carabineros, tuvimos manifestaciones dentro del diálogo. La oposición existe, pero una de las virtudes del pueblo mapuche es el diálogo político, y aquí estamos ofreciendo justamente eso.

Las críticas de las comunidades apuntan a falta de representatividad durante la comisión y su informe no logra dar una solución.

El conflicto tiene una desconfianza histórica que se arrastra por siglos y que en las últimas décadas se ha visto agravada por la violencia. Por eso, las dificultades que han venido apareciendo en algunos de los encuentros son dificultades propias de un proceso de diálogo político en una zona que ningún observador externo podría decir que es fácil llevar a cabo una propuesta de cambio y de mejora para reparar al pueblo mapuche.

¿Cómo se prepararon para llegar con la consulta en esas zonas que, como dice, no son fáciles?

La consulta es la punta del iceberg de un trabajo que venimos desarrollando desde que iniciamos el gobierno. En 2022 la violencia impedía que se escucharan las propuestas y se decidió acelerar inversión en territorios indígenas para recuperar confianza. Ese clima permitió avanzar con la Comisión de la Paz y, recién después de todo eso y todos esos diálogos estamos entrando a una fase de consulta indígena. El proceso está en etapa de planificación, donde estamos ofreciéndoles a las comunidades acordar la manera en que vamos a llevar a cabo el diálogo.

Eso no ha quitado el descontento y ya ocurrió en el gobierno del expresidente Piñera cuando trató de desarrollar una consulta. ¿No lo previeron o pensaron que sería distinto con esta administración?

No nos comparamos con el gobierno anterior. Lo importante es compararnos con nuestra propia gestión. En 2022 se aceleró la inversión en zonas mapuche y en 2023 se impulsó un acuerdo político con los 19 partidos con representación parlamentaria. Y esa era la principal demanda de las comunidades: establecer una ruta de Estado que no cambiara con cada alternancia política. La pregunta que nos estábamos haciendo era cómo podemos entregarle una respuesta al pueblo mapuche que pueda ser resguardada por cualquier gobierno en el futuro, independiente del color político que tenga. Eso es lo que nos pidieron las comunidades, y estamos cumpliendo con la palabra empeñada.

¿El gobierno puede dar garantía de que la consulta se va hacer en un plazo establecido?

No podemos comprometer un tiempo exacto, porque la fase de consulta requiere espacios de diálogo y adecuación de los tiempos según las percepciones de las comunidades. Esto es normal en casi todas las consultas; a veces se readecuan o se suspenden y se retoman después. No podemos ajustarlo al ideal político que uno quiera.

Pero teniendo el ejemplo de otras comisiones, ¿cuánto tomará?

Hay consultas que pueden durar mucho tiempo, y el tema de tierra mapuche es el más complicado que hay. Esta comisión toma las propuestas de la Comisión de Verdad y No Trato y las traduce en propuestas políticas viables. Esperar que todo transcurra sobre ruedas y de forma expedita no ha sido nunca nuestra expectativa.

Entonces es posible que el proceso lo tome el próximo gobierno.

Sí, es posible. Me hubiese gustado que terminara bajo nuestro gobierno, pero cada paso que damos nos acerca más a entregar certeza y una paz duradera en la zona.

¿Y el tema del financiamiento de esta consulta? ¿Está asignado y asegurado?

El financiamiento estaba previsto en la Ley de Presupuestos para consultas, no solo indígenas, y está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que coordina y ejecuta el proceso. Si se flexibilizan las fechas o se alargan los plazos, el presupuesto acompaña esa flexibilización.

¿El resultado de la consulta es vinculante con las propuestas de la Comisión para la Paz?

La consulta de hoy es sobre la política de tierras, una parte específica de las recomendaciones de la comisión. No todas las propuestas se someten a consulta, algunas se implementan directamente por el Ejecutivo o por ley. Una consulta basada en buena fe busca recoger la opinión de las comunidades para reflejarla en futuros proyectos de ley.

Pero si la consulta no llega a un acuerdo, ¿el sistema de tierras se transforma en un informe más?

Las consultas se cierran en su fase de acuerdo y en su fase de disenso. El Ejecutivo puede avanzar en las medidas donde hubo acuerdo y desechar las que no lo tuvieron, siempre bajo el principio de buena fe. Ninguna consulta indígena obliga al Ejecutivo a implementar todos los resultados.

En este caso, lo que tenga disenso, ¿se podría tomar igual y transformarse en proyectos?

Legalmente, sí. Políticamente, de nuestra parte, no hay ánimo de hacer eso. Estamos diseñando un proceso bajo el principio de buena fe.