LA CAMARA de Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley sobre violencia escolar patrocinado por el Ministerio de Educación. La iniciativa nos parece un importante avance, por cuanto ofrece un marco regulatorio de la convivencia al interior de los establecimientos educacionales para evitar la ocurrencia de bullying u hostigamiento entre los miembros de su comunidad.

Destacamos la conformación de una institucionalidad antibullying representada por la existencia de un reglamento interno que regulará las relaciones entre el colegio y los distintos actores vinculados a él, entre otras cosas positivas.

Estos énfasis, sin embargo, aparecen desdibujados frente a la existencia de multas de hasta 50 unidades tributarias mensuales, que se aplicarán a los establecimientos que no tomen medidas frente a la ocurrencia de violencia escolar al interior de sus aulas.

Esto se atribuye al hecho de que "los colegios no denunciarían estos casos como una forma de proteger el prestigio". Nos parece que tales percepciones carecen de fundamento, toda vez que para enfrentar estos hechos hay un enorme trabajo que están realizando los colegios, directores y profesores para aislar el problema y que la principal debilidad para lograrlo ha sido la falta de involucramiento del resto de la comunidad.

Todos ven este problema como si fuera de terceros, pero no en sí mismos. Los colegios tienen la difícil misión de recomponer y proteger no sólo a la víctima, sino también al agresor y, ahora, adicionalmente, a los espectadores (toda la sociedad) que ven la violencia y no se mueven.

La respuesta de la ley, en parte, es castigo para el colegio, porque desconfiamos de éste, pero no apoyo para instalar más y mejores capacidades para resolver el problema. Hay que entender que los alumnos son sujetos de errores; que detrás de cada alumno hay historias, alegrías y dificultades, que requieren un trato especial y afectivo por la gravedad de los problemas que deben enfrentar todos los días.

Hoy, esto es visto como una negligencia, cuando  nuestro rol es acoger y lograr que nuestros alumnos comprendan y enmienden el error. Es la sociedad en su conjunto la que debe hacerse cargo del problema, y las familias deben incorporarse a una política de prevención de actos de violencia y participar en el fomento de un clima de armonía social que parte en el seno familiar.

No se trata sólo de castigar a los culpables, hay que generar una plataforma profesional de apoyo y asesoría para el combate del bullying. Las escuelas tienen un rol central, pero necesitan el apoyo de todo el sistema y los recursos del Estado para promover una política integral antibullying que considere las penas, pero que se enfoque proactiva y positivamente en la generación de una buena convivencia.

De esta manera se estará dotando a la comunidad escolar de todas las herramientas necesarias para erradicar un problema instalado no sólo en la escuela, sino en la sociedad.