Como antecedentes de la máxima gravedad fueron catalogados los hallazgos de Contraloría respecto de posibles delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana al país, durante 2025.

Los antecedentes, que se plasmaron en un preinforme del organismo dirigido por Dorothy Pérez publicado por Radio BioBio, daban cuenta de que menores de edad provenientes de Haití viajaban a Chile sin la debida supervisión, sin toda la documentación requerida y bajo la supuesta responsabilidad de sujetos que tampoco contaban con la debida tramitación migratoria.

La mayoría de esos niños, niñas y adolescentes, como se ha informado, viajaban en el marco de procesos de reunificación familiar. Sin embargo, en medio de la revisión de antecedentes se informó que los procesos no se ajustaban a la norma y que podrían existir serias irregularidades, lo que justamente llevó al Ministerio Público a abrir una investigación de oficio que se derivó a la Fiscalía Regional Centro Norte.

Tras ello, el Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig), representado por su director, Frank Sauerbaum (RN), estampó una denuncia y aportó una serie de antecedentes para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con las primeras estimaciones, los niños que habrían viajado hasta territorio nacional en condiciones irregulares serían más de 200, aunque como explicó durante esta jornada el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, el número podría aumentar fácilmente.

Será en el marco de las pesquisas que se acotará un número preciso, y también, como manifestó Campos, se analizarán periodos anteriores y posteriores al inicialmente evaluado por la Contraloría, para así detectar la totalidad de vuelos involucrados.

Preliminarmente, eso sí, los antecedentes que aportó el Sernamig dan cuenta de que hay alertas encendidas respecto de la operación de tres empresas: la firma dominicana Arajet, la aerolínea arubeña Aruba Airlines y la española Galistair.

Según fuentes que han seguido el caso, esas son las aerolíneas que operaron los vuelos chárter en los que, entre enero y abril de 2025, se trasladaron alrededor de 2.500 ciudadanos haitianos, muchos de los cuales eran menores de edad.

Fue en el marco de esas operaciones, de hecho, que en julio de 2025 el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a fin de que no autorizara nuevos vuelos de dichas firmas, pues habían detectado que no estaban cumpliendo con la normativa exigida.

Como se indicó en ese documento, dichas aerolíneas transportaron “a personas extranjeras, en su mayoría a niños, niñas y adolescentes (NNA), alguno de ellos, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.325 para ingresar al territorio nacional". Por lo mismo, explicitó, se habían iniciado procesos para aplicar sanciones económicas.

Junto con ello, se advirtió que no había antecedentes respecto de “las condiciones en que dichos NNA son transportados desde Haití a República Dominicana, ni las condiciones de estadía en dicho país hasta su traslado a Chile. Lo anterior podría derivar en una eventual vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Ante estos antecedentes, la DGAC, en agosto de 2025, le respondió al Sernamig que evaluarían las acciones a seguir, aunque como informaron esta jornada por medio de un comunicado, la indagación que efectuaron al respecto recién está pronta a culminar.

De todas maneras, enfatizaron que “la DGAC controla las operaciones, las aeronaves y las tripulaciones, aspectos de índole técnico enmarcados dentro del ámbito de su competencia". Asimismo, precisaron que la institución, “previo a cada operación se requiere de una autorización, la cual si no cuenta con impedimentos normativos desde el punto de vista aeronáutico puede ser autorizada".

Como sea, en el marco de la investigación iniciada recientemente se deberá clarificar cómo operaban las líneas aéreas, y también el rol de las instituciones encargadas de los distintos procesos. Hasta ahora, de hecho, no se descarta que funcionarios públicos estén implicados en las irregularidades.

Una estructura organizada

Tras la apertura de la indagación, el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, confirmó que será él mismo quien dirija las pesquisas y detalló que se están analizando los antecedentes y disponiendo las primeras diligencias.

“La investigación se encuentra abierta. Respecto de quiénes pueden ser imputados, el abanico es bastante amplio, no se circunscribe a ninguna persona en particular. Dada la dinámica de los hechos, ocurridos al menos durante el año 2025, vamos a determinar e investigar si le cabe responsabilidad en ello a funcionarios públicos y a cualquier otra persona”, manifestó Jacir.

Por su parte, al abordar los primeros antecedentes en conversación con Radio Duna, Campos sostuvo que hay indicios de que se estaría ante un caso donde hay una estructura organizada operando.

“Pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales, ingresos de alto volumen de niños, niñas y adolescentes. Un patrón común respecto de los cuales hay una escasez de base de datos, muchos de ellos con una gran cantidad, una decena, respecto a los cuales dependían de un solo adulto responsable”, detalló.

A su turno, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que efectivamente había una denuncia previa por eventual tráfico de niños que ingresó en enero de 2023 el exdirector del Sernamig, aunque aclaró que esas diligencias tienen relación con situaciones distintas.

Pero dado que esa causa, que dirige la fiscal Carolina Suazo, está justamente radicada en la Fiscalía Centro Norte, se estimó que lo mejor era que la misma repartición evaluara los nuevos antecedentes.

“No son exactamente los mismos hechos, son similares, pero dado que había una investigación en curso, pareció más razonable que sea el mismo equipo el que siga investigando”, sostuvo el máximo persecutor, al tiempo que precisó que serán estas indagaciones las que deberán establecer el paradero certero de los menores de edad involucrados.

De acuerdo con antecedentes del proceso que lleva la fiscal Suazo, cabe hacer presente que se inició luego de que se alertara que la noche del 25 de enero de 2023 aterrizaría en suelo chileno un vuelo de la línea aérea Star Perú, proveniente del aeropuerto de Puerto Príncipe, en Haití, con 141 pasajeros, 98 de ellos, menores de edad, a cargo de sólo dos adultos y sin la documentación requerida.

Si bien ese vuelo no se concretó, fue la alerta para que se abriera la indagación.